Editorial: Cambios para no cambiar

Los cambios en el PAMI se manejan desde las esferas de poder que se benefician, justamente, si nada cambia. Por eso es utópico pensar que un nuevo interventor –así tenga las mejoras intenciones- y la división de las oficinas de atención en tres inmuebles diferentes, con centro operativo en uno, puede generar algún beneficio para los jubilados y pensionados.
Por el contrario, al menos desde el punto de vista de la mudanza, lo que se avizora es un incremento en la tediosa y denigrante peregrinación de los jubilados y sus familiares por oficinas en las que, ahora, ni siquiera se sabe específicamente qué trámite se debe realizar. En el hipotético caso que toda la atención al público se maneje desde Lavalle 522, nada garantiza que mejorará la atención.

Por eso y por otras tantas carencias es que un puñado de jubilados que eligieron llamarse "Grupo de Jubilados Independientes de Luján" machaca hace años con la necesidad de cambiar el manejo de la obra social de raíz. Es decir, poner las decisiones y el control de los recursos en manos de los auténticos "dueños" del PAMI: los jubilados y los trabajadores. Sólo ellos conocen las necesidades del día a día.

Además, gerentes o interventores designados a dedo sólo responderán y harán los que les ordene ese dedo que los colocó en el sillón de mando. Caso contrario, el decreto ordenando su despido o reemplazo sólo tardará minutos en llegar a su escritorio.

Los jubilados piden poder de decisión sobre las prestaciones que requieren y eso se traduce en solicitudes muy concretas: terminar con las peregrinaciones para conseguir un medicamento; dejar de esperar meses para conseguir un turno, una intervención, una próstata. En Luján, tener a disposición camas de internaciones en los establecimientos de salud locales o un centro de salud exclusivo para PAMI, contar con ambulancias, tener muchos y buenos profesionales dispuestos a atenderlos. ¿Tan difícil de entender? ¿Tan difícil de cumplir?

El problema está en quienes deben responder o reaccionar ante estos planteos. Son los mismos que determinan que una jubilación mínima arañe los 800 pesos, en un país en el que ellos mismos admiten que el salario más chico tiene que ser de 1.500 pesos. Y que con los aportes de los beneficiarios en lugar de mejorar los ingresos y las prestaciones que reciben o deben recibir los "pasivos", se financia la política de baja estofa; la política de campaña.

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