Editorial: Basta de destrucción y caos

Más allá de sus razones, funcionarios municipales y dirigentes gremiales deben sacar del callejón sin salida en el que se halla un conflicto que ayer vivió otra bochornosa jornada de intolerancia y violencia.
El desorden y la violencia en que se desenvuelve la vida municipal de la ciudad de Córdoba desde hace 40 días ya es insostenible. Ayer se vivió un nuevo episodio que, por desgracia, ha puesto a la capital de la provincia otra vez en los titulares de los medios de comunicación del país y del mundo.

Decimos por desgracia porque no ha sido para comunicar ningún avance en la ímproba pero elemental tarea de disminuir la acumulación de basura por todas partes o alguna mejora sustancial en el transporte público de pasajeros o para anunciar obras de envergadura que resuelvan de manera definitiva el grave déficit cloacal de la ciudad. Todo lo contrario, las noticias que recorren el país dan cuenta de una violenta batalla entre la policía y un grupo de empleados en el marco del prolongado conflicto por un reajuste en gastos de personal que incluye la disminución de las horas extras, que el gremio rechaza de plano y el intendente insiste en llevar adelante como vía para destinar recursos a obras y servicios públicos.

Más allá de la reconocida necesidad de achicar el gasto de personal de la Municipalidad hasta acercarlo al anunciado propósito de que ese rubro no supere el 50 por ciento del presupuesto municipal global, y del derecho que asiste al gremio a defender las conquistas de sus afiliados, no hay razón alguna que justifique los vandálicos actos que destruyeron vidrios, mampostería y muebles en el Palacio 6 de Julio, acciones que la rápida intervención policial no logró impedir. Sí dejó, en cambio, un saldo de 23 detenidos en la Cárcel de Encausados, a disposición del fiscal, a quienes seguramente se juzgará por el daño ocasionado no sólo en la sede municipal, sino también en comercios aledaños.

La ley debe ser aplicada con la firmeza que aconsejan las circunstancias. También al intendente municipal y a sus colaboradores asiste el derecho a discernir las sanciones administrativas que correspondan. De hecho, han anunciado que no renovarán los contratos al personal en esa condición que haya participado en los desmanes.

Sin embargo, resulta imprescindible que la cordura vuelva a ocupar un lugar primordial en este gigantesco desmadre, que no justifica ningún ajuste, por más necesario y legítimo que sea, ni ninguna protesta, por más motivos que quienes la lleven adelante tengan para hacerla.

Hay una desproporción extraordinaria entre los supuestos beneficios futuros que traerá este ajuste y los costos que está sufriendo la población de la ciudad que, dicho sea de paso, es la que contribuye con sus impuestos al mantenimiento de la estructura organizativa municipal, de sus empleados, de sus dependencias y de los propios funcionarios.

No es posible que, como devolución de esos aportes, los ciudadanos vean cómo su ciudad es convertida en un campo de batalla por inadaptados y violentos que parecen solazarse con la destrucción por la destrucción misma, bajo la mirada impotente de unos funcionarios que no le encuentran la vuelta a la solución del conflicto y parecen empeñados en echar más leña al fuego.

Se equivocan quienes especulan con que la ciudadanía sancionará a unos y absolverá a otros. En realidad, está harta ya de ambos, de esta muestra de intolerancia mutua y de violencia. Harta también de que, con la primera excusa, dejen de cumplirse los servicios mínimos indispensables a que la sociedad tiene derecho. Los cordobeses no piden más que eso, porque hace rato que desconocen lo que es un plan de mejoramiento de la ciudad, de sus edificios públicos, paseos y centros culturales, de sus espacios verdes y de sus calles. Hace rato, en suma, que soportan en silencio la degradación de su calidad de vida. Pero su paciencia ya no soporta que, por un conflicto salarial, se destruya lo poco que hay.

Esto es lo que alguien tiene que terminar de una buena vez. La responsabilidad cabe, en primer lugar, a quienes conducen a las partes que han entrado en este callejón sin salida de un conflicto interminable.

Si los dirigentes gremiales y los funcionarios no logran entender este imperativo crucial, la ciudad seguirá sumida en el caos. Y la ciudadanía nunca se los perdonará.

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