Editorial: Ausente para unos, presente para otros

Errores, falencias e improvisación municipal al margen, Luján tiene demostrado a través de ejemplos de notable gravedad que con el gobierno provincial no se puede contar.
En su momento, la intendenta Graciela Rosso le pidió al gobernador Daniel Scioli que instrumentara los mecanismos necesarios para cerrar la sala de bingo local. El argumento de la jefa comunal se basaba en la salud de la comunidad que la eligió para gobernar. Scioli escuchó el pedido y meses después regresó a Luján. En ese momento, este medio le preguntó al mandatario qué había hecho ante esa solicitud y respondió con la evasiva "nos estamos ocupando del tema". La sala en cuestión sigue abierta.

Desde los tiempos en que Miguel Prince estaba al mando de la comuna, se manifestaba el latente problema de la mantención del Hospital Municipal con el presupuesto local y sin que la coparticipación provincial repare en ese servicio. Afirmaban los funcionarios de entonces, y lo repiten los funcionarios actuales, que se cansan de pedir en Provincia que se contemple un incremento en la coparticipación de modo de no penar todos los meses para cubrir los gastos del establecimiento de salud. No hay respuestas.

Tampoco resultaría beneficioso esperar del gobierno de Scioli una asunción de la responsabilidad que le cabe en materia de seguridad pública. Por eso en Luján, como en muchos de los 134 municipios bonaerenses, se intentan aplicar recetas vernáculas. Con la Provincia no se puede contar.

En esta materia, ante los reclamos Scioli sale a decir frases tan trascendentales como la siguiente: "Los delincuentes saben que estamos muy atentos y como lo he dicho en más de una oportunidad vamos a aplicar todo el rigor, la firmeza de la ley y todo lo que es el ejercicio de la autoridad. La delincuencia es nuestra enemiga común y por eso yo le he pedido a la Policía de la provincia de Buenos Aires que despliegue todos los elementos logísticos y humanos necesarios (14 de enero en Pinamar)".

En coincidencia con el cierre de esta edición, estaba programado un corte de ruta bajo el lema "Basta de contaminación". Como otros temas mencionados, también en éste el gobierno provincial debería tener la última palabra. Es responsabilidad de Scioli y sus colaboradores ponerle un freno a los usos y abusos que realiza la curtiembre Curtarsa del ambiente que la rodea.

Scioli tiene bajo su mando una estructura burocrática llamada Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), que debe habilitar o bloquear el funcionamiento legal de esta industria.

Hasta ahora, desde el OPDS prefieren acordar con Curtarsa antes de sentarse a escuchar los reclamos de los vecinos, revisar sus argumentos o, en todo caso, reparar mínimamente en las últimas acciones de la gestión municipal. Desde Provincia, ni siquiera les informan a la Municipalidad sobre sus acciones.

Por lo expresado, entonces, mejoremos aquella frase inicial en la que afirmábamos que con el gobierno provincial no se puede contar. El gobierno provincial está ausente para responder positivamente a los intereses colectivos, a los reclamos genuinos, a las necesidades comunitarias. Pero está muy presente para responder a las peticiones de aquellos que lucran poniendo en juego la vida de los demás.

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