Editorial: ¿Y ahora qué pasa?

Interrogantes, decenas de interrogantes y prácticamente ninguna certeza. Así se presenta el panorama mediático días después de la última gran batalla legislativa del Congreso de la Nación.
La Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación -o "Ley de Medios K" para los que desde su génesis la miraron con recelo- sorteó las votaciones de la Cámara de Diputados y de Senadores y se promulga en estos días para comenzar a hacer rodar la presunta cruzada contra los monopolios. El texto de la ley abre esa saludable posibilidad, para que la torta de medios de comunicación deje de repartirse entre tres o cuatro grandes porciones.

Sin embargo, el modo de avanzar del matrimonio presidencial genera más interrogantes que certezas. Después de la derrota electoral de octubre, como aquel luchador que sabe que su destino es la lona y por eso tira sus últimos golpes desesperados para intentar el milagro antes de caer, el gobierno K lanzó las estocadas del estertor.

El enemigo del momento y sólo del momento -porque se lo buscó como aliado durante toda la presidencia de Néstor Kirchner y la parte inicial de la gestión de Cristina Fernández- resultó ser el Grupo Clarín. Ese monstruo grande que pisa fuerte gracias a los acuerdos que supo construir con la benevolencia y el intercambio de favores con los gobiernos de turno, incluido el actual, perdió la primera batalla cuando le arrebataron el millonario negocio del fútbol.

Hoy, a un par de meses de la jugada que dejó al Grupo sin la caja de ese deporte, la gestión Kirchner no sabe cómo seguir. Deposita millones en la AFA para sostener el acuerdo pero no sabe cómo atraer a la torta publicitaria y, por lo bajo, Gabriel Mariotto, titular del COMFER, le avisa a los dirigentes de los equipos más grandes del fútbol –los que hacen rentable el negocio de la televisación- que no se descarta la vuelta al cable para algunos de los encuentros.

Si ante esta medida, insignificante en oposición con los alcances de la Ley de Medios, el gobierno no sabe qué hacer, resulta sencillo imaginar el universo de dudas que nace bajo la sombra de la flamante legislación. Los Kirchner no pueden ni siquiera resolver los entuertos de la programación de Canal 7 ante el aluvión de horas de fútbol "gratis para todos" y pretenden, con la nueva ley, reordenar el mapa de los medios de comunicación del país.

Por eso es interesante en este momento de efervescencia mediática por la sanción de una ley que reemplaza a la acuñada durante la última dictadura, prestar atención a los interrogantes de cara al futuro.

Los tiempos no son inmediatos, como puede suponerse. La ley recién estaría reglamentada para principios del año próximo y la autoridad de aplicación estaría conformada para abril o mayo de 2010. Recién a mediados de 2011 el gobierno estaría en condiciones de cursar las órdenes de desinversión, cambio empresarial que sería efectivo recién en 2012.

Jorge Fontevecchia, propietario de medios gráficos, director y redactor de Perfil, escribió el domingo una columna en la que expone una veintena de preguntas con insondables respuestas. Calidad de la televisión de aire; modos de financiación para el nuevo mapa de medios; quiénes invertirán en los medios que salgan a remate; costos de la televisión por cable; distribución de la publicidad oficial; el futuro de los actuales medios estatales, aparecen entre signos de pregunta.

Agreguemos, desde este modesto espacio de opinión, algunas preguntas más: ¿Cuántas licencias llegarán al partido de Luján? ¿Qué pasará con las decenas de FM que hoy emiten sus ondas sin papeles que las respalden? ¿Cuál será el rol del gobierno local –o de todos los gobiernos locales- en este nuevo escenario?

Los medios del Grupo Clarín, ¿recibirán las directivas para volver o comenzar a hacer periodismo? Cuando el Grupo Clarín compraba, fusionaba, vendía, cambiaba y negociaba no hizo partícipe de sus acciones a los lectores, oyentes y televidentes. ¿Por qué ahora nos piden a todos que cambiemos la ley de medios?

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