Ediles profundizan debate

Miembros del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy recibieron a representantes de la empresa encargada de la recolección de residuos, Limsa, quienes solicitan el tratamiento de la readecuación tarifaria del servicio, que oscilaría en un 44 por ciento, como así también la prórroga del contrato de concesión y el incremento del subsidio con el cual se beneficia a la prestadora.
La reunión se llevó a cabo en la sala de reuniones de la sede legislativa de Los Huaicos, con la participación de los ediles Ekel Meyer, Patricia Armella, Rodolfo Nieto, Carmen Peña, Mario Lucardi y Juan Carlos Abud.

Fue el primer acercamiento entre las partes, teniendo en cuenta que las conversaciones continuarán con la intervención de funcionarios del Ejecutivo municipal.

En su pedido, la empresa argumenta una difícil situación económico-financiera, por la disminución de las recaudaciones como consecuencia del acrecentamiento de la morosidad y el incremento salarial del personal afectado a la recolección de residuos domiciliarios.

Respecto del vínculo contractual, Abud explicó que "el contrato venció, pero por pliego licitatorio prevé la una posibilidad de una prórroga".

"Queríamos saber cuáles son los fundamentos del pedido de readecuación tarifaria y ver la estructura de las tarifas la composición de cada uno de los sectores de los que factura la empresa;cómo se está prestando el servicio, sobretodo en el tratamiento de los residuos patológicos, porque recibimos algunas inquietudes al respecto", precisó.

Los ediles a su vez solicitaron por escrito información técnica que permita analizar si el planteo de la empresa es viable. "Necesitamos conocer con precisión algunos aspectos técnicos, analizar los costos exactos con gente experimentada en la materia y comparar con la estructura de costos que tiene la empresa", comentó Abud finalmente.

Descuento por huelga

es objeto de rechazo

Tras garantizar que el bloque radical rechaza toda posibilidad de descuento de días de paro, el diputado Jorge Rizzotti pidió al gobierno asuma la responsabilidad por el conflicto con los profesionales médicos de la administración pública y agentes de la sanidad.

Para el Vicepresidente 2º de la Legislatura, el reclamo de Apuap "se inscribe en el derecho que tienen a ser promovidos de categoría conforme a la ley que reglamenta la carrera dentro del ámbito de la administración pública". De los agremiados en Atsa, dijo que "procuran un mejoramiento salarial producto de la pérdida del poder adquisitivo del ingreso".

No dejó de reconocer que la situación financiera de la provincia es compleja, pero también consideró que las gestiones del gobierno ante la Presidenta de la Nación no fueron lo suficientemente firmes para

conseguir financiamiento adicional.

"Las autoridades no envían a la Legislatura la información de la cuenta de inversión, en consecuencia los diputados no contamos con información seria que nos permitan evaluar los reclamos y ofrecer alternativas de solución", explicó.

Insistió que el bloque de diputados de la UCR se opondrá a un eventual descuento de los días de paro de los trabajadores en conflicto, al tiempo que calificó como "amenazas innecesarias" los dichos de parlamentarios del PJ en ese sentido.

"El derecho a huelga -manifestó- no se puede distorsionar con acciones estatales disciplinadoras, en todo caso, se debe abrir las negociaciones hasta encontrar puntos de acuerdo para restablecer el servicio de salud y dar respuestas a las demandas sindicales".

Recordó que el régimen del escalafón profesional establece el procedimiento de recategorización periódica y que el Ejecutivo al formular el presupuesto debería contemplar las partidas necesarias para afrontarla. "Hay quienes pretenden presentar este tema como un reclamo salarial, cuando en realidad el eje es un derecho reconocido en una ley preexistente", finalizó Rizzotti.

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