Ediles del interior admiten que su tarea de control es limitada

Las causas de la renuncia del titular del Concejo de Concepción desatan una polémica. Algunos representantes aseveran que sí supervisan a las intendencias. Otros, en cambio, confiesan que no son tenidos en cuenta.
Su denuncia no tuvo crédito rotundo ni contundente rechazo. Los ediles del interior optaron, mayormente, por ubicarse en un punto medio. El ex edil y ex titular del Concejo Deliberante (HCD) de Concepción, Carlos Villaluenga, había dicho, tras renunciar, que "si se sale en contra del gobernador, José Alperovich, se le cierra el grifo".

Alberto Leal (PJ), edil de Burruyacu, avaló esos dichos. "Básicamente, es cierto lo que dice. Aunque se reformó la Constitución, hay cosas que no podemos hacer. No se le da la suficiente autonomía a los ediles", admitió. Empero, criticó la decisión del concepcionense ya que, según dijo, la solución pasa por debatir. "Irse y decir 'está todo mal' no sirve; se podría haber citado una y otra vez al intendente. En Burruyacu tratamos de ser dialoguistas", aseveró Leal. Más allá de su crítica, interpretó la dimisión como una alerta: "que renuncie un presidente, que tiene una experiencia probada, dice que algo anda mal".

El titular del Concejo de Alderetes, Carlos Martínez (PJ), admitió que la relación que tiene el HCD con la intendencia convierte a esa ciudad en una isla. "Aquí controlamos al intendente, y él se deja controlar. Consensuamos y conversamos. No somos escribanía, cuando tenemos que pedir informes lo hacemos", puntualizó.

Martínez dio crédito parcial a la queja de Villaluenga: "estoy de acuerdo con lo que plantea sobre la autonomía, pero eso está regido por la Constitución: la Cámara debe aprobar una ley". Luego, sugirió que la renuncia de su ex colega podría esconder otros motivos: "hay que luchar desde adentro; yéndote no podés cambiar nada. Debe haber, quizá, otro inconveniente; siempre hay algo que no se dice. Pero lo respeto, hay que ser valiente para tomar esa decisión".

Opción por el diálogo

El titular del Concejo de Yerba Buena, Ricardo Salomón (PJ) dijo que comprende que se quiera más libertad pero, al menos en su caso, está convencido de su pertenencia a un grupo. "Desde hace seis años integro un proyecto político: el de José Alperovich. Durante la gestión anterior, y durante esta, apoyamos al intendente. Discutimos, como cualquier matrimonio; pero sanamente", expresó. Y aunque admitió sus deseos de más autonomía, no reniega de su decisión. "Obviamente, uno siempre quisiera tener más de libertad, pero yo me propuse estar a par del gobernador y, luego, del intendente", afirmó.

El diálogo es la palabra clave para Claudia Jaldo (PJ), concejala de Trancas. "Lo positivo es siempre trabajar en conjunto; nosotros sí controlamos, no estamos subordinados al intendente. Si hay cosas en la que no estamos de acuerdo, lo charlamos", manifestó la hermana del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.

"Nos ignoran"

Christian Silva (PJ) se declara alineado con el gobernador pero distante del intendente de Bella Vista, Luis Espeche (PJ). Junto a sus pares Nora Gianfrancisco (PJ) y Oscar Belmonte (PJ) conforman un bloque que, según dijo, propuso interpelar a funcionarios. "No perdemos el rol de contralor. Pero cada vez que hacemos un pedido de informe al intendente, chocamos con la falta de respuesta. Al ser tres sobre 10 ediles, poca importancia nos dan; nos ignoran", se quejó.

Desde Famaillá, el edil Jesús Salim (PJ) tomó en todos sus términos la declaración de Villaluenga y propuso potenciarla.

"Esa renuncia desnuda un secreto a voces acerca de las atribuciones de los cuerpos legisferantes, ya que la Ley 5.529 (Régimen Orgánico de Municipalidades) no otorga facultades a los concejos para realizar un verdadero control de la gestión", criticó. Y añadió: "sería interesante que con su predisposición, se aproveche este hecho para que presionemos acerca de la importancia de que la Legislatura debata y reconozca esta situación indigna. Estoy dispuesto a defender con vehemencia la reforma de esa ley".

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