Ediles aprobaron la ampliación presupuestaria para el DEM

POSADAS. En la sesión ordinaria de ayer los concejales posadeños dieron su aprobación a la ampliación presupuestaria municipal tanto para el período actual como para el 2010.
Fueron diez los votos favorables para el proyecto enviado desde el Ejecutivo, dos los negativos y con dos ausencias de los conejales posadeños para una sesión que finalizó pasadas las 14.

El presupuesto de gastos para la capital misionera se incrementó en un 18 por ciento para el período próximo en relación con el actual, ya que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) contará con 141.420.000 pesos.

Mientras que la Convencional Constituyente dispondrá de 824.000 pesos para afrontar sus respectivos gastos operativos y administrativos.

Además en la sesión de la semana pasada se incrementó el propio presupuesto del Deliberativo para el presente ejercicio financiero, de 15.566.580 pesos se pasó a 17.243.560 pesos, es decir se adicionaron 1.390.000 pesos para el 2009.

Además los representantes legislativos locales fijaron en 17.6480.000 pesos los recursos correspondientes para el propio Deliberativo para el 2010.

Denuncia penal

Por otro lado, en el marco de la sesión ordinaria, el edil Ricardo Skanata dio a conocer que denunció penalmente esta semana a un asesor legal de la municipalidad por supuestos delitos de incumplimiento de deberes públicos, malversación de caudales públicos y perjuicios al Estado Municipal.

"El intendente de Posadas, el 22 de diciembre del año pasado, sancionó el Decreto Nº 1613, que crea un plan de facilidades de pago para deudas que tuvieren los contribuyentes", explicó el edil de extracción justicialista.

Pero de acuerdo a una supuesta operatoria se concretan "descuentos de los intereses, como lo permite la normativa, pero también del capital firma y exigible. Esta quita del capital es ilegal y no le ha sido permitida al intendente, y menos a sus representantes legales. Se incluyen en la condonación de intereses, casos que no están alcanzados por la legislación vigente", manifestó.

El modus operandi consistiría "en perfeccionar con los deudores fiscales de la municipalidad, convenios de pago de deudas con sentencia judicial firme, tomando como base del acuerdo, el monto que deriva de la Boleta de Deuda que originó la demanda, y no el monto acogido en la sentencia, firme y consentida, y por obvia consecuencia liquido y exigible. Así el Municipio percibe una suma inferior a la que por orden de juez competente, le corresponde", explicó el edil".

A la vez que ejemplificó el denunciante con un caso de un empleado municipal "que sus certificaciones de deudas, del que fuera demandado por el municipio en el 2002, por adeudar al 16 de mayo del 2001, 1.782, 68 pesos por la tasa general de inmuebles, sumado a 1.879,40 pesos en concepto de intereses, totalizando la suma de 3.662,08 pesos, deuda por la cual se hace lugar en la sentencia".

Pero luego el municipio recibe del contribuyente sólo "1.782,68 pesos y da por cancelada la deuda de 3.662,08 pesos por un convenio de pagos".

Contra la trata

Además en el marco de la asamblea plenaria del Foro Interparlamentario Municipal Permanente (Fimper), los ediles posadeños y encarnacenos estudiarán hoy en la vecina localidad paraguaya qué acciones conjuntas efectuarán contra la trata de personas, flagelo que azota a toda la región fronteriza.

Otras cuestiones a tratar se centrarán en la posibilidad de implementar la tan ansiada tarjeta vecinal para agilizar el tránsito fronterizo, y las posibilidades de concretar "urgentes refacciones" al puente Roque González de Santa Cruz.

Radares con fines recaudatorios

Desde julio del año pasado el bloque opositor de Concejo Deliberativo de Garupá pretende conocer los pormenores de la actividad y puesta en marcha de los radares apostados en la Ruta Nacional 12 y la Provincial 105, dentro de su ejido urbano.

De acuerdo a la Ordenanza 127 del presente año aprobada por los ediles de Garupá, se permitió incrementar en 384.000 pesos el ejercicio financiero del Departamento Ejecutivo Municipal para el 2009. De esa cifra, 277.700 pesos del total provienen de las "multas y recargos" que cobra el municipio.

La concejal Susana Cabrera Bogado, perteneciente al Frente para la Victoria, explicó que "estamos preocupados por la ilegalidad de los radares, porque los carteles colocados en las rutas no respetan las condiciones mínimas, y todo ello podría provocar una avalancha de juicios contra la comuna, con su consiguiente perjuicio sobre las arcas públicas".

Además se conoció que personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) está en la citada localidad misionera para efectuar controles técnicos de los equipos, cámaras e instalaciones, todos emplazados por la comuna a través de una empresa privada proveniente de Buenos Aires para efectuar controles vehiculares.

Comentá la nota