Edificios nuevos del centro no tienen Certificado de Aptitud Ambiental

La Municipalidad de Salta no otorgó certificados de Aptitud Ambiental Municipal, previsto en la ordenanza 12745, que establece los Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, para 15 edificios construidos y algunos en construcción en la zona de calle Deán Funes al 500, Deán Funes y pasaje Mollinedo, Rivadavia al 200 y al 400 y Leguizamón al 300.
Así se desprende un informe que el antropólogo y arqueólogo Héctor Sparrica remite al secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Mario Cuello, con motivo de un pedido que hizo el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Cabral Duba, a raíz de un recurso de amparo presentado por los vecinos de la zona centro.

La Municipalidad se tomó casi 20 días para responder el oficio judicial del 19 de noviembre que disponía un plazo de 72 . El juez insistió el 2 de diciembre y recién el 10 de diciembre se produjo la respuesta oficial.

Concretamente el juez pidió al intendente municipal que informe si la Municipalidad en los términos de la ordenanza 12745 le otorgó o no el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal a los propietarios de los edificios (de los que acompaña un detalles) previo a construir los mismos, de acuerdo al procedimiento que establece esa ordenanza.

El pase interno del expediente judicial en la Municipalidad, llevó su tiempo con la intervención del Procurador municipal, la dirección de Catastros y Topografía, hasta que el 28 de noviembre hasta el antropólogo y arqueólogo Sparrica informa que "que en la Dependencia no se encuentra registro de inicio de ningún expediente relacionado con los titulares, domicilios y catastros indicados".

Ante la demora municipal en responder, el juez no impuso la sanción pecuniaria diaria al municipio y desestimó el amparo fundamentándose en que la mayoría de los edificios están construidos o habitados antes de agosto de 2007, fecha desde la que data una normativa municipal que exige puntualmente la prefactibilidad.

La decisión del juez generó una apelación de los vecinos del Área Centro ante la Corte de Justicia de la provincia. Al objetar el fallo del juez, los vecinos señalaron que la resolución del magistrado es arbitraria e ilegitima por no ser una derivación razonada de las constancias expuestas y del derecho vigente, siendo inválido como acto judicial y ocasionar además una lesión constitucional al atentar contra el derecho a la salud, vida, proyecto de vida de las personas y propiedad".

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