Edelar. Entidad de consumidores reclama la estatización

La Asociación Riojana de Consumidores -ARCO- solicitó al gobierno local "la rescisión del contrato de concesión para la distribución de energía eléctrica de La Rioja, suscripto entre el Estado Provincial y la Empresa Edelar, como consecuencia de los graves y reiterados incumplimientos a las obligaciones contractuales sustanciales incurridos por la empresa.
Por la Asociación Riojana de Consumidores, ARCO. Escribe su presidente Emanuel Jordan Akiki

No solo vemos por los medios gráficos, radiales y televisivos la triste realidad del sistema energético a lo largo y a lo ancho del territorio de la provincia, sino que padecemos diariamente como usuarios –hasta el hartazgo e indignación- las deficiencias del servicio.

Ya son públicos y notorios los grandes inconvenientes que vienen produciendo los problemas eléctricos a todos los sectores de la sociedad. No solo al sector productivo y comercial -con la consecuente disminución de producción y los crecientes casos de despidos de trabajadores en las fabricas, empresas y comercios- sino también al resto de los usuarios, que ven diariamente disminuida su calidad de vida, por la quema de sus artefactos eléctricos o por sobrefacturación en el servicio. Es tan preocupante el problema que estamos viviendo, que en más de una ocasión se ha puesto en riesgo la vida de nuestros habitantes, debido a la precariedad del tendido eléctrico.

Toda esta realidad descripta -ocasionada como consecuencia directa de los graves y reiterados incumplimientos operados por la empresa distribuidora- torna imposible toda aspiración colectiva de contar con un ámbito propicio para el crecimiento económico.

Mucho menos podemos pensar en pregonar una política seria de desarrollo sustentable, sin una resolución definitiva a los graves problemas del servicio enérgico que tiene la provincia. Miremos un poco a nuestra vecina provincia de Catamarca, por causas menores a las que afrontamos los riojanos en la habitual prestación del servicio, el gobierno decidió rescindir el contrato de concesión del servicio público de energía eléctrica con la empresa EDECAT. Seria importante seguir el ejemplo en pro de toda nuestra comunidad.

El fundamento principal de la rescisión del contrato de concesión radica en los “graves y reiterados incumplimientos a las obligaciones contractuales sustanciales incurridos por la empresa distribuidora”. “Estamos convencidos de que se le otorgó muchos beneficios y no hay ninguna mejoría, sino todo lo contrario, y el servicio sigue siendo pobre.

Por lo tanto solicitaremos al ejecutivo provincial:

· La rescisión del contrato de concesión para la distribución de energía eléctrica de la Provincia de La Rioja , suscripto entre el Estado Provincial y la Empresa EDELAR S.A., como consecuencia de los graves y reiterados incumplimientos a las obligaciones contractuales sustanciales incurridos por la empresa.

· Preservar la continuidad del servicio, las fuentes laborales y los bienes involucrados en la prestación hasta la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad continuadora del servicio.

El tema de servicios públicos tiene que ser una política de Estado, en el cual se puede invertir y hacer un mayor y mejor seguimiento. Por ello emulando a Juan Bautista Alberdi, podremos decir “La mejor política, la más fácil, la más eficaz, es la política de la honradez y de la buena fe, la política clara y simple de los hombres de bien, y no la política doble y hábil de los truhanes de categoría. La sinceridad de los actos no es todo lo que se puede apetecer en política, se requiere además la justicia en que reside la verdadera probidad.”

Ente Regulador lejos de la gente, Usuarios Desprotegidos.

Los entes reguladores son, o deberían ser, la garantía de transparencia y seguridad para todos los ciudadanos en el plano de los servicios públicos, más cuando éstos se hallan concesionados o privatizados. Lamentablemente el desempeño del ente regulador no mejoró. Sin organismos de control fuertes, las empresas siguen con carta libre para vulnerar derechos de los usuarios, cuyo desempeño de los funcionarios frente a los usuarios es tan exageradamente descuidado que, en realidad, parece dirigido a beneficiar a las licenciatarias, “se verifica una extraña pasividad en el obrar” del ente, “aun en los casos donde las anormalidades se presentan como evidentes”. Ni controlan, ni regulan, ni multan.

Del análisis surge que los entes reguladores "no ejercen acabadamente con una de las funciones primordiales para lo que fueron creados: la de defender los derechos de los usuarios frente al incumplimiento de las concesionarias". Las quejas contra el ente regulador se oyen cada vez con más fuerza, dado a que funcionan como meros apéndices de las privatizadas.

El cuestionamiento hacia la labor del ente son que se han convertido en simples "multadores" y no en organismos capaces de evitar falencias; que las sanciones que imparten nunca son lo suficientemente severas como para lograr que las empresas cesen con sus faltas y, lo que es peor, que en muy pocos casos atienden al usuario como es debido."Los órganos de control no adoptaron aún el rol de protectores del usuario", las falencias de los entes "se divisan a todo nivel, desde la estructura burocrática que impide el acercamiento directo con el usuario hasta la falta de independencia en sus decisiones respecto del poder político y de los intereses económicos". A pesar de tener una enorme responsabilidad, la labor de los organismos de control es toda una incógnita para la mayoría de la gente, que sin embargo desconfía de ellos.

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