La norma regula contenidos periodísticos, impone sanciones administrativas y económicas, y establece la obligatoriedad de título universitario para los periodistas, entre otras disposiciones "que reducen a su mínima expresión el ejercicio libre del periodismo", dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

"Es la culminación de un plan del gobierno que se viene preparando y ejecutando desde que asumió Rafael Correa, que determina la instauración de la censura previa, legaliza la acumulación de medios en manos del Estado y viola toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión", añadió Paolillo.

El gobierno norteamericano, en tanto, está "preocupado" por la ley porque podría "restringir la libertad de prensa" y "limitar" a los medios independientes, señaló ayer un vocero del Departamento de Estado, Jen Psaki.

La llamada "ley mordaza" fue aprobada por mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, en la que el gobierno cuenta con 100 de los 137 legisladores tras haber arrasado en las elecciones de febrero. La norma establece una nueva repartición de frecuencias que reduce sustancialmente el espacio del sector privado.

Además, crea dos organismos: la Superintendencia de Información y Comunicación, y el Consejo de Regulación de Medios, a través de los cuales el Estado puede supervisar y sancionar a los medios. También crea el delito del "linchamiento mediático", destinado a penar a un medio si se considera que publica reiteradamente informaciones para desprestigiar o reducir la credibilidad de personas físicas o jurídicas.

Por su parte, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) criticó el nuevo Consejo de Regulación y sostuvo que puede "ser utilizado por el gobierno de Correa para seguir atacando a la prensa".

"El nivel de control que le otorga la ley es inaceptable. La historia reciente demuestra que los funcionarios ecuatorianos no se cohíben a la hora de utilizar cualquier tipo de medio otorgado bajo la ley para ahogar a la crítica. El nuevo consejo regulador sólo lo hará mas fácil", sostuvo el subdirector del IPI, Anthony Mills. "Le urgimos a Correa que no sólo se abstenga de cambiar el proyecto de ley de un modo que siga restringiendo a la prensa, sino que también reconsidere la propuesta en su totalidad.".