Ecuador amaga con no pagar el 30% de la deuda "por ilegítima"

Lo dijo ayer el presidente, al recibir una auditoría sobre la deuda pública, de unos 13.000 millones de dólares. Podrían buscar ahora una renegociación con los bonistas y llamar a que se forme un tribunal de arbitraje, por ejemplo en la ONU.

Por: Néstor Restivo

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió ayer una auditoría internacional sobre la deuda pública del país y afirmó que buscará "no sólo sancionar a los culpables sino también no pagar la deuda ilegítima, ilegal y corrupta". El informe es "contundente" y le permitirá tomar decisiones "en el futuro", señaló.

Clarín adelantó ayer que la auditoría, de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), detectó varias irregularidades. Hace una semana, valiéndose de un período de gracia hasta el 15 de diciembre, Correa postergó el pago de intereses de un bono hasta tener datos sobre su legalidad.

Crear la CAIC fue una de las primeras medidas que al asumir en 2007 tomó Correa, quien tres meses después dijo que no pagaría lo que no correspondiera. Igual que en toda Latinoamérica, la deuda supuso una constante sangría de divisas y trabas al desarrollo.

Según el economista Alberto Acosta, de FLACSO y ex ministro de Correa, en 1982-2000, cuando en medio de una gran crisis el país decidió dolarizarse, Ecuador pagó de capital e intereses US$ 76 mil millones y recibió desembolsos por 66.000 millones, lo que le dio un saldo negativo de US$ 10.000 millones. Hoy debe US$ 13.000 millones entre bonos, deuda bilateral, interna y a organismos.

Ecuador, historió a su vez el argentino Federico Sturzenegger, ya cayó en default 6 veces. Pero hoy no hay default sino una impasse hasta ver la auditoría, aclaró la ministra de Economía, María Viteri.

La CAIC estima que US$ 3.860 millones, correspondientes a los Bonos Global 2012, 2015 y 2030, están mal computados. Son títulos que vencen en esos años y que reemplazaron a los Bonos Brady.

Aunque Correa juntó reservas en divisas que equivalen a más del 50% de la deuda y bajó ésta al 25% del PBI (llegó a 100% en los años 90), la carga sigue siendo fuerte, más en un contexto de baja de precios petroleros y de remesas de emigrados, dos fuentes clave del país para sostener la dolarización.

Cuatro argentinos formaron parte de la CAIC: Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada, Alejandro Olmos, cuyo padre homónimo investigó la ilegalidad de la deuda externa argentina, demostrada pero prescripta, y Alfredo Carella.

Espeche Gil dijo a Clarín: "Hubo dobles asientos, pago de deudas vencidas (decían que debían pagarse igual para no perturbar negociaciones), estatización de deudas privadas como en Argentina en 1982 y renuncia explícita a defender intereses nacionales: hay contratos que no serían válidos en ningún país, menos en EE.UU."

En el proceso estudiado, desde la dictadura de 1972 hasta 2006, hubo picos de alza en la deuda en las presidencias de Febres Cordero, Sixto Durán y Jamil Mahuad. En la Comisión, que contó con apoyo de juristas europeos y latinoamericanos, estuvo Eric Toussaint, del Comité de Anulación de Deudas del Tercer Mundo. Señaló a Clarín: "No sólo la de bonos: la deuda con organismos como el Banco Mundial es ilegal. Correa podría declarar en acto soberano la nulidad de la deuda o judicializarlo y llamar a que una corte investigue. Hay más de 50 ex funcionarios responsables." Ayer Correa apuntó a ex funcionarios, pero también habló de responsabilidades de los bancos Salomom Smith Barney y J.P. Morgan (que elabora el índice EMBI de "riesgo país"). Y dijo que pediría a Naciones Unidas formar un tribunal de arbitraje.

El jefe de la CAIC, Ricardo Patiño, indicó que podría buscarse una renegociación con los bonistas. Y dijo a la agencia Reuters que una quita del 60% -como había dicho en 2007- ahora es "insuficiente".

Los mercados volvieron a castigar a los bonos ecuatorianos. El Global 2012 bajó ayer a 24 centavos de 95 que valía en setiembre, y su tasa subió a 70% por el riesgo. Ya la semana pasada, las calificadoras S&P y Moody's bajaron la nota de Ecuador para sus clientes.

"Pagar o no es una decisión más política que económica", dijo en Quito el broker Jorge Cherrez, de IB Corp. En abril próximo hay elecciones por la nueva Constitución, Correa se presentará de nuevo y "busca dar señales en un momento de crisis, pero al final pagará", opinó para Clarín Pablo Dávalos, ex viceministro de Economía ligado al movimiento indigenista, crítico de Correa.

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