El juez Thomas Griesa ordenó que Argentina y los fondos de cobertura que buscan ser compensados por la cesación de pagos del 2002 se reúnan "continuamente hasta que un acuerdo sea alcanzado" con el mediador Daniel Pollack.

Griesa rechazó de este modo el establecimiento de una medida cautelar que posibilite el cobro a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración, por cuanto quedó latente el riesgo de default el próximo 30 de julio.

José Luis Espert, director de Espert Consultoría Macroeconómica, indicó que "acá, Argentina va a tener una crisis si entramos en default por no destinar el 1% de la recaudación de impuestos, que la clase política la usa para cualquier pavada, para evitar que la gente de a pie sufra más recesión, más inflación y un dólar loco".

"La Argentina, afortunadamente, presentó un pedido de no innovar ayer como debe presentarse técnicamente. Pero el problema es de fondo: las cautelares de Griesa buscaban la protección de los que terminaron ganando este juicio frente a los incumplimientos de la Argentina. No le va a dar el 'no innovar' a la Argentina para que les pague a los que aceptaron los canjes, pancho por su casa, y no pagarles a los que ganaron los juicios y no aceptaron los canjes", apuntó el economista.

"La figura que puede tomar el default no la tengo clara, pero la Argentina ha dicho que nunca les va a pagar a los holdouts y que éstos eran los que no querían negociar. Ahora Griesa le dice: 'Tomá, vos decís que no quieren negociar, ahora vení y de acá al 30 de julio negociá'. Argentina ha sido bastante equívoca con los mensajes que ha dado", acotó Espert.

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificó el pedido de una cautelar (stay) al juez Griesa, para que no se aplique la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o derechos sobre futuras ofertas) "en términos de acreedor más favorecido", ya que si ocurriere la responsabilidad podría alcanzar "desde la Presidente de la Nación hasta cada uno de sus ministros".

Además, reiteró que, si se gatillara la cláusula, la Argentina tendría que pagar entre 120 mil y 500 mil millones de dólares para mejorar lo que se les paga a los bonistas que entraron en el canje, si hubiere una oferta mejor a otros tenedores.