Dos años de contracción del PBI. Pérdida de reservas. Caída de depósitos en dólares. Inflación récord. Rigidez del gasto público. Ajuste de tarifas atrasado. Riesgo país creciente y, ahora, por arriba de 2500 puntos. Vencimientos de deuda que superarán los US$33.000 millones en 2020 y mercados financieros cerrados. El escenario de crisis económica que atraviesa la Argentina hace más de un año, factor clave en el resultado electoral de las PASO, configura un contexto de incertidumbre para el próximo gobierno, más allá de cuál sea su signo político. Con dificultades para generar divisas que permitan superar las restricciones externas, el futuro presidente enfrentará limitaciones para su margen de acción. ¿Hay margen de acción para políticas expansivas? ¿Se puede avanzar hacia la heterodoxia fiscal y, al mismo tiempo, atraer inversores y refinanciar la deuda? ¿Se puede crecer sin salir del ajuste? ¿Hay margen para alejarse de la ortodoxia?

El principal dilema tiene que ver con el punto de partida que habrá en factores claves, como el patrimonio del Banco Central o la inflación. Dada la dinámica económica actual, todo es una incógnita. "No está definido con qué se va a encontrar el próximo presidente y, algo peor aún, no sé si tienen claro qué quieren encontrar", plantea Guido Lorenzo, economista jefe de la consultora LCG, en referencia a los vaivenes entre el tono acuerdista y el tono de ruptura que caracterizan, a partir de las PASO, al escenario político, tanto por expresiones de referentes del Gobierno como del Frente de Todos. "El riesgo de Alberto Fernández es que cuanto más lío tenga hoy la economía, él se imagina un escenario más parecido a 2003, pero esa mentalidad es peligrosísima porque se puede generar una dinámica difícil de atajar", plantea el economista, en referencia a una mayor pérdida de reservas del BCRA (desde las PASO cayeron US$12.211 millones) o a una mayor suba del dólar que impacte negativamente en la inflación y el nivel de actividad.

El escenario macroeconómico actual muestra algunas variables con mejores perspectivas en comparación con diciembre de 2015, que el próximo presidente podrá capitalizar para diagramar su programa económico. "Hay algunas cuestiones saneadas que permiten pensar en el crecimiento", sostiene la economista María Castiglioni, socia de CyT Asesores. Un factor positivo tiene que ver con el frente externo y su impacto en la actividad económica. Luego del salto del dólar, el tipo de cambio real multilateral que difunde el Banco Central quedó en su nivel más alto desde enero de 2010 y aporta a la competitividad externa del país.

La ecuación se revirtió y ahora el país genera dólares por el comercio exterior. Con una combinación de exportaciones en alza e importaciones en fuerte caída por la recesión, la balanza arrojó un superávit comercial de US$6540 millones en los siete primeros meses de este año y, según estimaciones de Ecolatina, la brecha podría alcanzar los US$12.500 millones en todo el año.

"Otra cuestión importante es que se hicieron inversiones y hoy se produce energía para crecer. Desde 2011 el déficit energético generaba un techo a las inversiones y a la capacidad productiva", afirma la economista, quien también destaca la evolución de los números fiscales. Si bien aún no es claro cómo terminará 2019, el fuerte ajuste aplicado en los últimos años prevé una reducción del déficit primario, que en 2015 fue de 1,8% o 3,8% del PBI (la cifra varía según se use la vieja o la nueva metodología del Ministerio de Hacienda). "El de 2019 será el mejor número fiscal después de 20 años. No es el mejor de los mundos, porque aún hay déficit financiero por el pago de intereses", afirma.

Otro factor en el que hay diferencia está en las subas de tarifas de transporte y servicios públicos que impulsó el Gobierno. Incluso con el congelamiento de los últimos meses y el atraso tras las últimas devaluaciones, se corrigió parte del desfasaje que esos precios mostraban a fines de 2015. El proceso implicó una gradual reducción de subsidios estatales.

La búsqueda del equilibrio fiscal aparece en la agenda como un tema central. Incluso referentes económicos del Frente de Todos, como Guillermo Nielsen, plantearon que debería ser un eje de un eventual gobierno de Alberto Fernández. "El nivel de deuda al que está sometida la Argentina exige que el país tenga superávit fiscal primario. Esas necesidades van a crear tensiones en el presupuesto. Tendrá que ser una gestión ajustada en el gasto", explicó el exsecretario de Finanzas (2002-2005) en diálogo con la revista brasileña Valor Económico. Su planteo, leído estas semanas como el borrador de un programa económico del Frente de Todos con múltiples guiños a los mercados, grafica las limitaciones que enfrentará el próximo gobierno para implementar medidas expansivas o 'heterodoxas'. Solo en 2020, por caso, el país enfrentará vencimientos de deuda por encima de los US$33.000 millones, entre vencimientos de capital e intereses.

"El próximo gobierno va a enfrentar restricciones muy fuertes, tanto para un proceso de crecimiento como para pensar políticas públicas", sostiene Martín Kalos, economista jefe de la consultora Elypsis, en referencia a las dificultades crónicas que exhibe la economía para generar dólares, y cuya necesidad aumenta a medida que crece la actividad, por la mayor demanda de importaciones. El ajuste fiscal impulsado estos años por el Gobierno encuentra su límite en cuestiones como el gasto social (jubilaciones y programas sociales que se ajustan por ley a la inflación pasada) o el pago de intereses de la deuda.

"Son compromisos crecientes que te comen la cantidad de dinero que te queda disponible, para conseguir nuevos recursos el gobierno debería apelar al endeudamiento. Podría emitir pesos para financiar el déficit, pero en este contexto inflacionario y como señal a los mercados, no debería ser factible financiar gasto con emisión en una cantidad significativa. Idealmente, al menos por un tiempo, debería mantenerse una política más ortodoxa sin financiamiento del BCRA al Tesoro. La posibilidad de pensar una nueva política pública pasa por hacer un uso más eficiente de los recursos o por repriorizar gastos, pero no por un gran aumento con respecto al nivel actual", añade el economista respecto de las restricciones presupuestarias que, a priori, marcarán la dinámica.

El vínculo con el FMI aparece como otro factor de peso para el próximo gobierno. Si se concreta el desembolso de US$5400 millones, programado en principio para septiembre, habrá llegado al país alrededor del 90% del préstamo stand by por US$57.000 millones. Su devolución, según lo establecido, sería en la próxima presidencia: comienza en 2020 aunque el grueso de los pagos se concentra en 2022 y 2023 (unos US$45.000 millones). El horizonte de renegociación, que ya forma parte de las medidas anunciadas esta semana por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, podría incluir la transformación del acuerdo hacia un programa de facilidades extendidas ( Extended Fund Facilities), que el organismo multilateral asigna a países con dificultades de mediano plazo en la balanza de pagos. Ese fue el camino que el FMI tomó con Ucrania hace cuatro años, al renegociar su deuda. Este tipo de préstamo, cuyos plazos de devolución puede ser de hasta una década, implica como condicionamiento hacer "reformas estructurales", vinculadas con esquemas tributarios, fiscales y previsionales, que encontrarán resistencia desde la política.

"Hoy la Argentina tiene un problema de liquidez, más que de solvencia. En este momento no tiene, y posiblemente en 2020 no tenga financiamiento más allá del FMI, y cambiar ese contexto depende de las políticas que se anuncien. Si planteás medidas anti mercado no vas a tener financiamiento, y si son pro mercado, puede que lo tengas recién cuando el mercado vea que efectivamente cumplís", sostiene Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL. Su planteo, apuntalado en la ortodoxia económica, pone el foco en la cuestión fiscal. "Si tenés faltante de dólares, podés resolver eso mejorando tu posición fiscal, porque así te empiezan a sobrar recursos para pagar vencimientos. Eso en el fondo es lo que hicieron Uruguay o Ucrania", añade el economista, sobre los casos de renegociación en los que algunos economistas encontraron modelos para el escenario argentino.

Según Bour, la política fiscal "muy dura" será un factor ineludible para el próximo presidente, aunque diferencia sus características según los candidatos: "La gran pregunta es si lo hacen por el lado de los ingresos o bajando el gasto. La coalición que encabeza Alberto Fernández y que incluye a Cristina Kirchner, Sergio Massa y varios gobernadores, podría definirse como pro-gasto. Por lo tanto, es poco probable que una eventual mejora fiscal tenga un componente de baja de impuestos. Es probable que para mejorar las cuentas públicas tengamos algún aumento impositivo".

En esa línea coincide Gabriel Caamaño, socio de la consultora Ledesma, quien remarca que el escenario "no ofrece mucho espacio para hacer política heterodoxa o expansiva". Por eso, prevé un esquema de moderación en un eventual gobierno de Fernández, con "populismo en el margen" para intentar dinamizar el consumo, como un sendero de menor suba de tarifas de servicios públicos o el transporte, tema sobre el que quien fue superintendente de Seguros de la Nación en el gobierno de Carlos Menem habló en campaña. "No sería congelar tarifas como en el kirchnerismo, sino que, en vez de ajustarse por costos -lo cual tiene un componente dolarizado- suban por aumentos de salarios", plantea.

"Eso está pensado para darle cierto margen al consumo: si Fernández sale con una versión moderada, la inflación empieza a bajar -aunque sea un poco desde los niveles de este año- y las jubilaciones y salarios empiezan a recuperar, se inicia un efecto rebote y aparecen decisiones de consumo de bienes durables o inversión que venían golpeadas o pospuestas", añade Caamaño.

La gestión del flujo de capitales aparece como un factor de discontinuidad, si las elecciones de octubre replican los resultados de las PASO y se confirma un cambio de gobierno. La desregulación implementada por Cambiemos podría dar lugar, según la visión de los economistas, a regulaciones menos laxas, como el restablecimiento de los plazos para la liquidación de exportaciones y de un mínimo de permanencia para las inversiones financieras, o la reintroducción de topes mensuales a la compra de dólares en el mercado.

Entre especulaciones y promesas, entre la moderación y la radicalización, el tiempo terminará de cristalizar las medidas futuras de un eventual nuevo gobierno peronista. Mientras tanto, los principales referentes de la oposición se debaten entre la moderación, como los recurrentes rechazos de Fernández, en sus expresiones, a la vuelta del cepo cambiario, y el intervencionismo que defendió Felipe Solá con su idea de restablecer la Junta Nacional de Granos. "Cuanto más racional sea un planteo, más dispuesto estará el mercado a aceptarlo", afirma Caamaño.

"El peso del Estado con el que se encontró Néstor Kirchner en 2003 era muy inferior al actual. No existe margen para seguir tomando empleados no productivos o que el sector público se transforme en un asegurador de empleo", plantea Lorenzo.

El dilema aplica a temas que vuelven recurrentemente a la agenda económica, como el debate por una reforma del sistema previsional, que representa más del 60% del gasto público, o los posibles cambios a la regulación laboral, asociados a la búsqueda de mayor competitividad. Sin consenso ni voluntad política de concretar una reforma al estilo de la de Brasil -eso abriría un conflicto con dirigentes gremiales que hoy, en una gran mayoría, acompañan al Frente de Todos- se insistió desde esa fuerza política en convalidar, al igual que Macri durante su gestión, los acuerdos negociados entre sindicatos y empresas.

Tras dos años de caída del PBI y de desplome del consumo interno, la economía real no ofrece grandes espacios para el rebote. "Por el lado de la inversión extranjera, en un país con una crisis económica aguda y un horizonte de salida productiva que no se ve, es difícil que haya un ingreso masivo de capitales más allá de sectores puntuales", advierte Kalos.

Con un tipo de cambio real más alto como punto de partida, el sector agroexportador y la minería se ubican entre los mejor posicionados en el corto plazo, incluso con el impacto del incremento de costos. La lupa está puesta en la evolución de las retenciones, tema sobre el que dialogaron Fernández y los referentes de la Mesa de Enlace días atrás. Más allá de ese acercamiento, el impuesto podrá variar, pero continuará. "Con el problema fiscal que deja el gobierno de Macri está muy claro que no podemos poner fin a las retenciones por algún tiempo. Esto realmente no es factible", manifestó Nielsen esta semana. Cambios de alícuotas o aplicación sobre determinados cultivos asoman como posibles modificaciones a aplicar sobre un régimen que, al día de hoy, expira en 2020.

En ese contexto, prima la cautela. "En las intenciones de siembra para la próxima campaña cae el maíz y sube la soja, porque requiere menos inversión por hectárea. Así, el campo seguirá traccionando pero por debajo de su potencial", dice Caamaño.

El potencial de Vaca Muerta aparece como otro factor clave. Su desarrollo, sin embargo, demandará la ejecución de inversiones que exigirán definiciones al nuevo gobierno. Y en el mercado, como informó esta semana Florencia Donovan en LA NACION, se entusiasman con un giro pro-mercado de Fernández.

"Es una industria de un valor agregado relativo, pero en el corto plazo puede darte margen para generar un ingreso fresco de divisas que permita financiar las necesidades del sector privado para desarrollarse y sortear restricciones al crecimiento", afirma Kalos. La clave será lograr que se invierta en la necesaria infraestructura, tanto en gasoductos para el transporte como en instalaciones para el licuado de gas, que haga posible su exportación. Los planteos de Nielsen sobre la "revolución" del shale y su propuesta de un nuevo marco normativo, que garantice a las empresas la rápida amortización de sus inversiones y una baja de impuestos para el sector bosquejan un rumbo hacia la ortodoxia. Las tensiones políticas, los vaivenes económicos y el veredicto de las urnas terminarán de definir el camino.