Se reabre el año judicial, y por Tribunales transitará nuevamente la causa presentada por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez para evitar que Ricardo Echegaray esté al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), por ser un personaje “poco idóneo” para el puesto al tener un importante prontuario penal y por no cumplir con la Constitución por tener procesos judiciales pendientes.

 La indefensión de la sociedad se agiganta a medida que un personaje como Echegaray quede al mando de un organismo de contralor. Su ligazón política con Cristina Kirchner es evidente: le garantizó impunidad mientras estuvo al frente de la AFIP y ahora buscaría seguir protegiéndola desde la AGN. ¿De qué forma? Evitando que se audite, desde el mencionado organismo recaudador, los últimos años de gestión de la ex mandataria y de sus principales funcionarios.

 Carrió, que en diciembre pasado había presentado una impugnación en el Congreso para evitar que el garante de la impunidad K asumiera en la AGN, recorrerá los pasillos judiciales junto a Sánchez para intentar que un personaje tan cuestionado por su accionar, ejerza autoridad en el órgano de control.

 Según los denunciantes, Echegaray “no es idóneo por haber violado el secreto fiscal y haber promovido la vulneración de las garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió. Además, no cumple con los requisitos establecidos en el art. 85 por la Constitución Nacional, en tanto el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes”.

Falta de idoneidad

La causa contra el extitular de la AFIP se había iniciado a principios de enero ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. “No hace falta presentar la denuncia de nuevo, una vez que termina la feria judicial, corresponde que el juez interviniente y el fiscal de turno decidan si arman la causa contra Echegaray o no”, señaló a Hoy el diputado Fernando Sánchez.

 Para una de las manos derechas de la líder de la CC-ARI, “el funcionario kirchnerista no cumple con el mínimo requisito de idoneidad para el cargo. Sobre él pesa el llamado a indagatoria en la causa Ciccone, tiene una causa por enriquecimiento ilícito, entre otros hechos que hacen inviable que ocupe el máximo puesto en un organismo de control como la AGN”.

 “Un personaje como él como principal responsable del control del Estado, de lo que ya pasó y de lo que viene, y si miramos lo que hizo cuando estuvo al frente de la AFIP, lo único que puede verse es que seguirá dándole impunidad a todos los funcionarios cuestionados del anterior gobierno kirchnerista”, destacó el legislador.

Disyuntiva oficial

Con esta estrategia de impulsar diferentes causas judiciales contra los emblemas de la corrupción kirchnerista, Elisa Carrió le plantea un grave problema moral al presidente Mauricio Macri, ya que lo pone en la disyuntiva de hacer o no hacer “pactos” con el Frente para la Victoria que, a cambio de una supuesta gobernabilidad, implique garantizar impunidad a quienes saquearon el país durante una década y le abrieron el país al narcotráfico. Tal es el caso del propio Echegaray, que durante el período en que estuvo al frente de la Aduana, se produjo la mayor cantidad de importación de efedrina que era triangulada a México, lo que dio lugar a la conformación de una organización mafiosa sin precedentes. Luego, cuando fue titular de la AFIP, puso a su mano derecha en la Aduana: Guillermo Michel, con claras conexiones con abogados, empresas y empresarios que participaron en una red de lavado de narcotraficantes que fueron condenados en la causa Carbón Blanco. Michel también desembarcó en la AGN junto a Echegaray (ver aparte) 

Carrió le impone un límite a Macri, tensando las relaciones al interior de la alianza gobernante, y que pone a la investigación sobre los hechos de corrupción acaecidos durante la mal llamada década ganada en el centro del debate político, siendo Echegaray una de las principales caras visibles de la putrefacción kirchnerista.

Fuertes cuestionamientos

Desde el mismo momento en que se supo que el PJ nominaba a Ricardo Echegaray como titular de la AGN, fueron muy fuertes los argumentos en su contra.

Todo el arco político no K expresó que con su designación se viola la Constitución (artículos 16, 37,68 y 85), y el artículo 126 de la ley 24.156, que dice que “no podrán ser designados auditores generales, personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal”.

Pesan sobre él diversas procesos judiciales, como su participación en la causa Ciccone, donde para el juez Ariel Lijo “existen serias evidencias” del papel que jugó que para que Amado Boudou se quedara con la empresa a través de testaferros.

Además, el juez Sergio Torres tramita una causa por enriquecimiento ilícito, así como también es investigado por su intervención en la causa de las facturas truchas como supuesto “encubridor” del testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez.

Cerco de militantes K

Desde su llegada a la AGN, Echegaray se rodeó de incondicionales de su confianza, como son los casos de Guillermo Michel, un funcionario denunciado por sus vínculos con el narcotráfico y la exSIDE; Silvana Quintero, involucrada en los subsidios truchos en la exOncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario); y Roberto Propato, una persona que lo acompaña desde su llegada a puestos jerárquicos en Buenos Aires en el 2003.

Además, Echegaray instrumentó un régimen para que una gran cantidad de militantes rentados de La Cámpora se hicieran con diversos puestos en el organismo de contralor, despertando las críticas de los sectores más profesionales del órgano público.

Con ellos, la AGN dejó de lado el perfil técnico y profesional que la caracterizó bajo la presidencia del radical Leandro Despouy, y se pasó a una etapa de militancia rentada que subsiste en su accionar político gracias a los sueldos que le paga el Estado nacional en diversas cuevas políticas.