El polémico empresario Juan Ignacio Suris, novio de la voluptuosa vedette Mónica Farro, que se encuentra preso desde el año pasado por un escándalo relacionado con narcotráfico y lavado de dinero, ayer se presentó a declarar y admitió haber vendido facturas falsificadas. Lo hizo en el juicio que se le sigue en la Justicia Federal de Bahía Blanca.

Asesorado por un defensor oficial, el empresario solicitó a los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Raúl Fernández Orozco y Beatriz Elena Torterola poder declarar a solas y sin la presencia de familiares ni de la prensa, lo que el tribunal, de forma muy llamativa, le concedió. Fuentes judiciales informaron luego que si bien el acusado negó liderar una banda dedicada a la comercialización de drogas, admitió que cometió delitos como la venta de “facturas apócrifas y lavado dinero".

"Suris dio detalles de los negociados con las facturas apócrifas y también de la compra de cereales de dudosa procedencia que luego los vendía más barato que el mercado", agregaron los informantes.

El hermestismo con la declaración de Suris tendría que ver con el hecho de que la existencia de la usina de facturas truchas en Bahía Blanca involucra, directamente, a Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones y presunto testaferro de la familia presidencial. El escándalo también le impacta de lleno al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que es acusado por la diputada Margarita Stolbizer de proteger al supuesto testaferro K. Así lo denunció en enero de este año en el Juzgado Federal porteño a cargo de Sebastián Casanello, un magistrado sindicado de tener estrechas relaciones con el kirchnerismo.

“La causa está planchada. Evidentemente, Casanello tiene miedo de avanzar en la investigación o hay un claro interés político. Por eso, me voy a presentar para ser querellante y voy a pedir pericias”, anticipó Stolbizer ante una consulta de Hoy.

Stolbizer reclamó que se investigue a Echegaray “porque no ha promovido la investigación de quienes usan las facturas, sino solamente sobre los emisores, como parte de una maniobra para deslindar la responsabilidad del empresario Baéz, socio de la presidenta Fernández de Kirchner”.

“Y en la última etapa, también el uso de las facturas y el lavado tendrá que estar relacionado con los negocios de los Kirchner. Cada vez se hace más evidente que la intención original fue crear una lavadora propia, para no pagar comisiones, y entonces armaron una maraña de sociedades y canales con depósitos en el país y en el extranjero que permitieron esconder la plata habida por los sobreprecios en las obras públicas”, señaló Stolbizer cuando hizo su denuncia.

En su exposición, realizada ante el Tribunal Oral Federal (TOF), que además juzga a otras diez personas, Suris intentó desligarse de las operaciones de narcotráfico que lo involucran. Según los voceros, el acusado aportó nombres de empresarios de la ciudad de Bahía Blanca, con los que aseguró que "mantenía una relación comercial".

Suris fue apresado el 13 de enero del 2014 en el barrio porteño de Recoleta y, tras su detención, la policía allanó el departamento de su novia Farro, situado en avenida Cabildo al 2500, del barrio porteño de Belgrano, donde el acusado vivía. Si bien el imputado -que se hizo conocido públicamente por su relación con el financista platense Leonardo Fariña- negó vender drogas, el juez federal Santiago Ulpiano Martínez le dictó la prisión preventiva por el delito de "comercialización de estupefacientes agravada por la concurrencia organizada de tres o más personas". 

La pesquisa se inició el año 2012 y a partir de escuchas telefónicas -más de 2.000 horas- se intervinieron ocho teléfonos celulares, lo que permitió descubrir el accionar de la banda narco. 

Una de las principales hipótesis que manejaron los investigadores es que la organización traficaba cocaína en forma líquida a través de botellas que simulaban contener agua y, una vez que la droga llegaba a Bahía Blanca, se la volvía a solidificar.  

Polémica protección

Cuando en la delegación de la AFIP de Bahía Blanca comenzaron a investigar a Lázaro Báez y su relación con las facturas truchas, irrumpió el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, quien el 9 de agosto del año 2012 emitió la disposición 299/12 y bajó esa delegación al nivel de "agencia". Cuatro días después removió autoridades y desarticuló el área local de Fiscalización, que investigaba el caso.

La ofensiva sobre las oficinas de la AFIP en Bahía Blanca mostró una notable correlación con el desembarco, en tres viajes, de funcionarios nacionales que llegaron desde Buenos Aires. El primer viaje relámpago lo encabezó el propio Echegaray. Según cuentan en Bahía Blanca, se habría reunido con uno de los abogados de Suris en las oficinas de la AFIP en esa ciudad. Poco después, todas las empresas vinculadas a Suris o que recibieron sus facturas quedaron bajo la órbita de otro equipo de sabuesos de la AFIP, bajo órdenes de un jefe ubicado en la Delegación de Mar del Plata, Sebastián Durruty, amigo de Echegaray, según consta en ese expediente administrativo. Durruty actualmente es el responsable de la regional de la AFIP en Tucumán

Acaso por una coincidencia temporal, poco después de que el segundo equipo redujera el "ajuste", desde Buenos Aires se informó que la agencia de la AFIP volvería a conformarse como una Dirección Regional. Un verdadero escándalo.