Echazú sostuvo la postura que los beneficiarios PEL no sigan prestando servicio al Estado

El ministro de Trabajo, Marcelo Echazú, salió al cruce del planteo de los beneficiarios PEL en la Legislatura, y ratificó la postura del Ejecutivo provincial que “el empleo público se hace en base a las necesidades del Estado” y que “quienes trabajen en la Administración Pública lo hagan en forma legal, previo ingreso en condiciones de igualdad con todos los ciudadanos que quieran hacerlo”.
El titular de Trabajo sostuvo que la postura apunta a “dignificar el trabajo, y al trabajador mismo; porque esta gente cobra bastante menos que un empleado común y esto es lo que hay que evitar”. “La forma es el concurso, o una forma objetiva de selección para ingresar”, amplió el funcionario, y señaló que actualmente “hay alrededor de 850 PEL vigentes”, debido a que “ya se han dado de baja a muchos, ya sea porque consiguieron trabajo, o porque en los controles que realizamos se detectó que estaban cometiendo un ilícito al estar trabajando y tener simultáneamente aportes como empleado privado”.

Indicó que de la cifra ya depurada hasta el momento, “unas 550 personas prestan servicios en alguna dependencia del Estado provincial, ya sea en Ushuaia como en Río Grande”, y destacó que “de esta gente, hay un grupo de entre 100 y 150 beneficiarios que va a continuar prestando servicios al Gobierno porque está contemplado en las leyes del denominado Megapase”.

“Pero la decisión del Gobierno es que el resto no preste más servicios en el Estado a partir del 31 de diciembre próximo”, subrayó, para aclarar que “esto no quiere decir que nos vamos a desentender de ellos, sino que se les va a seguir ayudando con la suma que corresponda o la que se les pueda dar hasta que se reubiquen en un puesto de trabajo genuino”.

En ese sentido dijo que “nosotros estamos trabajando para saber quiénes son los que realmente necesitan esta ayuda, porque seguimos detectando situaciones muy especiales. Por ejemplo, hace tres días recibo una denuncia anónima acerca de una beneficiaria que trabaja en un lugar determinado, tiene dos casas en alquiler y además es dueña de un pequeño comercio”.

Aseguró que “de estos casos hay cantidades, gente que tiene otras ocupaciones, que son chóferes de remises, taxis, o dueños de comercios. Hay muchísima gente que conseguía trabajo en otros lugares, y mantenían el plan porque pensaban entrar en Gobierno de esta forma espuria”.

“Es realmente increíble”, expresó, para denunciar que “lo que se hizo fue de una forma indiscriminada y con un simple criterio de campaña política”.

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