En junio de 2013 el padre de sus chicos los puso en la calle. Ya pasaron por tres piezas prestadas en casas de familiares.
María Isabel le muestra a El Tribuno fotocopias de estos registros y una nota firmada por treinta vecinos que avalaron su reclamo en la comisaría de San Lorenzo. Ella asegura que la dueña del lote “hace cuatro meses trajo una casilla, pero no lo habitaba desde hacía varios años. Ahora vienen todos los días cerca de las 11 y se van a las 22”. Agrega que el jueves 22 “vino el cuñado de la dueña del terreno y me ofreció $5.000 más bloques para que me fuera. La hija de este hombre vive ahora aquí con su familia y la dueña me dijo: "Yo no peleo por mí, se lo voy a vender a mi cuñado'”.
Un historial de desprotección
A esta madre sola y sus tres hijos los entrevistó El Tribuno el 10 de septiembre de 2013. El 26 de junio de ese año fue expulsada por su pareja y padre de sus tres hijos de la vivienda que compartían en Palmeritas. “Nosotros estábamos viviendo en la casa de su mamá y él me decía que yo no tenía derecho a nada, que me tenía que ir y que si no me iba, prendería fuego todas mis cosas”, relata.
El temor de que este hombre llevara a actos sus palabras impulsó a María Isabel a refugiarse en el hogar paterno, en Villa Los Sauces. Allí permaneció diez días. “Mi papá estuvo en la guerra y es muy inestable. Le molestaban los gritos de los chicos”, cuenta. En esa casa convivían sus padres, su abuela y uno de sus hermanos. Ella y sus tres hijos compartían una de las dos habitaciones con la abuela.
El próximo destino de los cuatro fue la avenida Costanera y Carlos Gardel, también de villa Los Sauces. En esta casa los acogió una hermana de María Isabel y allí estuvieron cinco meses, conviviendo con nueve personas más y compartiendo cuarto con uno de los hijos de la dueña de casa, de 18 años.
Cuando la coexistencia de estos dos grupos familiares se tornó imposible, los Flores volvieron a la calle.
Los vecinos los ayudaron a llevar unas chapas y bloques hasta la avenida Costanera y el pasaje Itiyuro, de Villa Los Sauces. Fue entonces cuando, desesperada, llamó a El Tribuno. “Cuando salió la nota en el diario, me vino a ver una señorita de Derechos Humanos. Me dijo que fuera a la casa de algún familiar, porque si seguíamos así me quitarían a los chicos, y que en tres meses me iban a ubicar; pero nunca me llamó”, explica. De esta manera, María Isabel firmó un documento en el que declaraba irse en conformidad de ese sitio.
Terminó en Atocha I, en la casa de otra hermana donde le asignaron una precaria habitación, ubicada al lado de un pozo ciego. Los niños se enfermaban porque no tenía ventanas y las ráfagas de aire se colaban por esa aberturas y la desvencijada puerta. Además, la humedad del lavatorio ingresaba en la pieza.
Esta parienta de María Isabel también le pidió que se fuera porque precisa el espacio para colocar otro pozo ciego.
La solución que no llega
El 31 de marzo pasado se sortearon 500 lotes en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Participaron 3.099 personas que habían presentado o renovado sus carpetas de enero a marzo de este año. Los terrenos tienen 9x16 y están localizados en Parque La Vega y Nueva Esperanza. La próxima convocatoria para preadjudicar igual cantidad de lotes se hará en octubre próximo.
María Isabel no participó de este sorteo confiando en la promesa de adjudicación directa por parte de Derechos Humanos. Ella no trabaja y vive de una pensión por discapacidad que percibe su hija ($1.800) y de la asignación universal por hijo que recibe por sus otros dos hijos ($460 cada uno, a partir de junio).
“Estoy cansada de estar así, de que nos corran de todos lados. Los dueños del lote nos insultan. De noche no puedo dormir. Ni siquiera puedo llevar a mi hija al médico por temor de que al volver mis chicos ya no estén. Es horrible vivir así”, llora Isabel. Esta persona detrás del expediente 64706/10 clama “porque alguien me escuche, que me den un terreno para pagar en cuotas accesibles. Me harté de que nos estén corriendo de un lado a otro”.
Comentá la nota