Los tres efectivos policiales que impulsaron la formación de un sindicato dentro de la fuerza de seguridad en Neuquén fueron echados de la Policía. Así lo resolvió un Tribunal Disciplinario Policial que los juzgó, entre otras cosas, por instigar y promover la huelga y no respetar la cadena de mando.

Un tribunal interno presidido por el comisario Daniel Villar decidió convalidar el pedido hecho por el comisario Miguel Riu, quien ejerció la fiscalía durante el plenario administrativo realizado el viernes 12 de septiembre.

Los argumentos que culminaron con la exoneración de los principales impulsores de Sinpope Neuquén, Sergio Arregui, secretario general; Maximiliano Serrano, secretario adjunto; y Cristian Segura, secretario de Derechos Humanos, están relacionados con faltas a reglamentos internos de la fuerza derivados de la creación del gremio policial, que no es reconocido por el Gobierno, pero cuenta con el apoyo de la CGT.

“Participar, instigar y promover a la huelga; realizar actividades incompatibles con la función policial; peticionar en forma colectiva; no respetar la cadena de mando y dirigirse con una carta al gobernador sin advertir previamente a su superior”, fueron algunos de los hechos ventilados en la audiencia y que fundamentaron la expulsión de los tres imputados.

A partir de la notificación de la sanción, Arregui, Segura y Serrano tienen 10 días para apelar ante el mismo tribunal policial. “Supongo que apelaremos, pero en lo personal para mí es lo mismo que si presentase un papel en blanco porque no van a darle cabida a mi recurso”, dijo Sergio Arregui en contacto con LM Neuquén.

“Lo que necesitaba era tener la notificación para poder recurrir a la Justicia ordinaria”, añadió Arregui. Una vez culminado el acto administrativo interno, el gobernador Jorge Sapag, firmará el decreto de baja de los agentes.

 

Los detalles de la resolución

Desde el sitio oficial de la Jefatura de Policía de Neuquén comunicaron la Resolución N° 1227, cuyos tres primeros artículos solicitan al Poder Ejecutivo Provincial la destitución por exoneración de los tres policías, para luego ordenar el cese del cumplimiento de prestación laboral efectiva, disponiendo además el reintegro del armamento, uniformes y credencial policial. El juicio fue realizado dos días después de que al subjefe de la Policía, Raúl Liria, le balearan la casa. El atentado fue adjudicado a los policías cuestionados aunque la investigación del hecho está en curso.