Un duro golpe al intento de cobrar Ingresos Brutos

Ratificaron la vigencia de una exención fiscal.
El 19 de febrero, la Corte Suprema de Justicia asestó un duro golpe al decreto 1.961/3 (2002), que había dejado sin efecto, respecto del Impuesto a los Ingresos Brutos, la alícuota cero establecida a favor de las actividades primarias.

El tribunal entendió que aquel reglamento del Poder Ejecutivo contravenía las disposiciones del Pacto Fiscal, suscripto en 1993 por la Nación y los gobernadores, en virtud del cual estos asumieron el compromiso de eximir de dicho tributo a la producción primaria.

La acción judicial había sido promovida por la Compañía Azucarera Los Balcanes S.A. (ingenio La Florida), aunque el 6 de marzo la Corte se pronunció en el mismo sentido en la causa impulsada por la firma Di Bacco y Cía. El Gobierno intentó que la primera sentencia fuera revisada por la Corte de la Nación, pero el 11 de diciembre el alto tribunal provincial le denegó el recurso extraordinario. A la Provincia, por ende, sólo le queda acudir en queja ante la Corte federal.

"Deviene inconstitucional el decreto ya que, en tanto deja sin efecto la alícuota del 0% del Impuesto a los Ingresos Brutos, excede los límites de la delegación acordada (posibilitó el decreto), pues se aparta de la política tenida en cuenta por el legislador al delegar, que no es otra que la consecución de los propósitos del Pacto Fiscal, vinculados a la exención progresiva del impuesto", dijeron Antonio Gandur, René Goane y Alberto Brito.

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