Un duro golpe al acuerdo con los chinos

Tanto el Tribual de Cuentas como la Fiscalía de Estado objetaron los términos del memorando de entendimiento para el establecimiento en la provincia de una planta productora de metanol. Objetan los términos "desventajosos" para la Provincia del posible acuerdo, el accionar de funcionarios en el proceso, los cambios en las cláusulas del contrato, la falta de recursos de la empresa, los montos acordados para la venta de gas y el destino que le daría a este recurso, entre otros puntos.
La gran apuesta del Gobierno provincial para hacerse de recursos frescos que le permitan enfrentar sin tantos sobresaltos la fuerte crisis económica es la concreción definitiva del acuerdo firmado con la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego y Química SA, para la instalación de una planta de metanol en Río Grande. Es que la firma del convenio le reportaría a la Provincia el ingreso de alrededor de 100 millones de pesos, que el grupo inversor pagaría por adelantado en concepto de compra de gas para llevar adelante su producción.

Sin embargo, tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado elaboraron sendos dictámenes lapidarios para con el acuerdo, desaconsejando que se siga adelante con la operación y cargando responsabilidad sobre los funcionarios que llevaron adelante el mismo.

La gobernadora Fabiana Ríos, por su parte, en declaraciones a la prensa dijo que el Ejecutivo aún no recibió los dictámenes, por lo que evitó hacer comentarios.

Según cita el portal de noticias SUR54.com, el Tribunal de Cuentas remitió copia de la decisión a la Legislatura informando que "del análisis de los antecedentes remitidos a este Tribunal de Cuentas, y de las cláusulas insertas en el proyecto de "Oferta de Suministro de Gas" se observan cláusulas que exorbitan los parámetros establecidos en la Ley Provincial Nº 774", que fuera aprobada por el Parlamento, ratificando el acuerdo entre la empresa y el Gobierno provincial.

Entre los puntos que se objetan se señala que "no se encuentra acreditado [...] la apertura de la Cuenta Corriente Especial en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego y si se remitió a la Cámara Legislativa el Plan de Proyecto de Obras a realizar en el marco de las previsiones de la ley 774".

La ley 774 aprobó el "Memorandum de Entendimiento" y "Puntos Centrales del Acuerdo de Gas con la Provincia de Tierra del Fuego", celebrado el 10 de octubre de 2008, entre la Provincia de Tierra del Fuego y la firma Tierra del Fuego Energía y Química S.A.

El Tribunal advierte que de mantenerse en el acuerdo la posibilidad de que la empresa "podrá ceder libremente, total o parcialmente, intereses, derechos y obligaciones e inclusive la participación en la Oferta de Gas a cualquiera de sus compañías afiliadas, vinculadas y controladas así como a otras personas", esto requerirá de autorización legislativa.

En tanto, se cuestionó la participación del secretario Legal y Técnico, Eduardo Olivero, al señalar que "expresa a mano alzada" en tan solo dos líneas que "toda vez ha intervenido el área legal con versación específica en la materia, en cuanto a la redacción del contrato y el análisis de legalidad y compatibilidad con los términos de la ley 774, con los resultados expuestos a fs 25, corresponde continuar con el trámite de las actuaciones".

El informe al que hace mención Olivero refiere a la participación del Omar Amílcar Espósito, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hidrocarburos, "quien eleva el texto elaborado del proyecto para la oferta de venta de gas a la empresa TFEQ".

Ante esto, el Tribunal objetó que "la intervención del citado letrado no cumpliría con las previsiones de la ley Provincial 607, en tanto se requiere para ejercer la profesión de abogado en la Provincia de Tierra del Fuego y en consecuencia desempeñarse como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Hidrocarburos, la inscripción en la matrícula del Colegio Público de Abogados, circunstancia esta que no se encuentra acreditada en las actuaciones en lo que respecta al Dr. Omar Amilcar ESPOSITO".

Por ello, los integrantes del Tribunal advierten que dicha opinión "carece de toda connotación jurídica", no resultando válida en consecuencia la opinión de Olivero, al verse sustentada en la actuación de Espósito "toda vez que el Informe al que se remite no se ajusta a las previsiones legales, careciendo en consecuencia de toda connotación jurídica, o de asesoramiento que se le pueda pretender adjudicar, pues del mismo no surge un mínimo análisis de legalidad y compatibilidad del contrato propuesto con la Ley 774".

"En virtud de ello, el Señor Secretario Legal y Técnico Dr. Eduardo R. OLIVERO, debió reunir todos los antecedentes del tema bajo análisis, y una vez colectados emitir dictamen legal realizando un análisis jurídico específico dentro del expediente administrativo para que pueda formar parte de este, toda vez que una simple nota - en la que opina que corresponde continuar el tramite- no suple la exigencia expresada y requerida por el ordenamiento jurídico vigente", apuntó el Tribunal.

También se hace referencia al Estudio de Impacto Ambiental "el cual no se encuentra firmado, careciendo en consecuencia de toda validez jurídica que se le pretenda atribuir al mismo".

En tanto, respecto de la conformación de la empresa TFEQ, se cuestiona que "no cuenta con un Capital Financiero suficiente para llevar adelante la inversión a la que se comprometiera por medio de la Oferta de Suministro de Gas presentada".

Esto es debido a que, según el Estatuto Social de la empresa "cuenta con un Capital Social de Pesos quinientos mil ($500.000,00), el cual se encuentra integrado únicamente en un 25%, esto es en la suma de Pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000)".

Asimismo, considerando que la empresa se comprometió a pagar por el gas natural a la Provincia durante los primeros tres años poco más de 90.277.008,92 millones de dólares, debiendo pagar un adelanto de 29 millones de dólares, con fecha límite el 30 de abril, el Tribunal de Cuenta expone que "resulta evidente que no cuenta con un Capital Social suficiente para afrontar la inversión que se comprometió realizar, requisito ineludible en toda operación de contratación con el Estado".

"El Estado, al momento de celebrar un contrato -o en este caso una "Oferta de Suministro de Gas"-, debe incluir todas aquéllas cláusulas que prevean mecanismos y previsiones tendientes a verificar fehacientemente la aptitud económica financiera del oferente y, de este modo, proteger los intereses públicos comprometidos, preservando así al erario público de un posible perjuicio", observa el análisis del organismo de contralor. Y agrega que "la acreditación de la aptitud económica por parte de la Empresa contratante resulta un requisito ineludible en el marco de toda contratación estatal, ya que de lo contrario se estaría dando lugar a la perpetración de una operación de las denominadas ‘sospechosas', asimilables a las operaciones de lavado de activos".

Además, se señala que el contrato firmado el pasado mes de julio de 2008, entre la empresa y la Provincia fue remitido al Tribunal sin su correspondiente traducción oficial, es decir, fue enviado en chino.

"Bajo estos antecedentes, y los escasos elementos enviados en el expediente Nº 4215/09 Letra: S.H. del registro del Gobierno Provincial, caratulado "S/CONVENIO CON EMPRESA TFEQ POR VENTA DE G PROVENIENDO DE REGALIAS Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE METANOL Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS" el que fuera ingresado a este Organismo con fecha del 24 de abril de 2009, -casi al vencimiento del plazo estipulado en la Ley 774- este Tribunal de Cuentas, en su carácter de Organismo de Contralor, hace saber a la Sra. Gobernadora que, de los escasos antecedentes adunados en las actuaciones que puso a disposición del TCP, emerge que la responsabilidad de la Provincia y sus intereses no encuentran adecuado cobijo", advierten los integrante del Tribunal.

Por ello, "se considera propicio notificar al Poder Ejecutivo, y asimismo a la Legislatura Provincial a fin de que tome la debida intervención previa, ya que las condiciones dispuestas en la Oferta Pública presentada no se ajustan a las previsiones de la Ley Nº 774 dictada a sus efectos".

La opinión de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, resolvió que el convenio suscripto entre el Gobierno provincial y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química S.A. "no se ajusta a la legislación vigente" ya que "resulta improcedente suscribir un contrato en la forma en que fue presentado" debido a las "graves falencias" en el accionar de "quienes han tenido intervención en el expediente".

En línea con el informe recibido del Tribunal de Cuentas,

Martínez de Sucre observa que "se vuelve a incurrir en una conducta incomprensible remitiendo un borrador sin firma ni iniciales, sin un expediente en el que conste la totalidad de las actuaciones y antecedentes vinculados al tema ni ninguna opinión técnica ni jurídica". Cabe recordar que Martínez de Sucre había solicitado el envío de dicha información en noviembre de 2008.

Además, considera "inadmisible" que la iniciación del expediente "con un asunto de envergadura" como el acuerdo con TFEQ "se haya producido recién el día 21 de abril del corriente año".

"Deben comprender los funcionarios del Ejecutivo Provincial que no se encuentran a cargo de una empresa privada, sino de uno de los poderes públicos del Estado Provincial, comprometiendo recursos públicos, y por lo tanto, más aún en un acuerdo de magnitud como el presente, en el pertinente expediente administrativo, que debería haberse iniciado no ahora, sino hace ya mas de nueve meses", argumentó el funcionario citado por SUR 54.com.

También cuestiona a Olivero, de quien dice que "una de sus apreciaciones que "me genera perplejidad" es la "omisión de emitir un dictamen jurídico" sobre el convenio.

Incluso reprocha que la ausencia de un dictamen por parte de Olivero conlleve "el peligro de exponer a la Gobernadora a suscribir un contrato y/o decreto ratificatorio sin que aquél haya contado con el pertinente análisis no ya sólo de legalidad, sino de factibilidad material".

El fiscal de Estado también cuestiona la ausencia de rúbrica en el Estudio de Impacto Ambiental, la certificación de documentación y el faltante de al menos 40 fojas dentro del expediente.

Agrega que "mediante el proyecto se está asumiendo nada más y nada menos que una obligación por parte de la Provincia durante los próximos 25 años. Esa obligación consiste en la provisión de una determinada cantidad de gas. Y no puede creerse que no obre en el expediente ningún informe fidedigno, suscripto por profesionales idóneos y con elementos contundentes que nos aseguren que tales reservas existen, y que por ende podremos cumplir con nuestras obligaciones".

"Tampoco existe ningún estudio que indique los precios, valores y volúmenes actuales, ni que hablar de proyecciones a futuro. De allí hacia abajo, qué puede esperarse", plantea.

Analizó luego que "las sorpresas no tienen límites" ya que "20 días después se agrega un proyecto que difiere con el que me había remitido el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu".

Entre las modificaciones cita el precio de la venta de gas natural, siendo en el primer convenio -enviado el 1 de abril- de 34 millones de dólares; en tanto el segundo proyecto refiere 29 millones de dólares, sobre lo cual "no hay una sola mención o explicación técnica ni jurídica que justifique dicha ‘mutación'".

Martínez de Sucre también objeta la ausencia de cláusulas rescisorias ante incumplimientos de la empresa, o la determinación que las sumas abonadas por la compra anticipada quedarán como de exclusiva propiedad de la Provincia sin derecho a reembolso alguno.

Según el análisis del fiscal "la inversión recién sería efectuada una vez efectivizado el suministro de gas, por lo que pareciera inferirse que la provisión de gas pasaría a ser previa no solo a la puesta en marcha de la planta a la cual se destinaría dicho gas, sino incluso previa al inicio de la construcción misma".

En este contexto, el fiscal de Estado pregunta "¿qué pasaría en tal caso?, ¿deberíamos proveer de gas a la empresa y como la misma ‘no tiene donde emplearlo' pues ‘la planta aún no existe' ni tampoco donde almacenar tamañas cantidades que crecerían exponencialmente durante tres años, podría concluir que ‘se vería obligada a venderlo'? ¿A qué precios? ¿Se cumpliría el objetivo tenido en mira? ¿Se respetaría el espíritu en base al cual fue acordada la excepción por parte de la Legislatura provincial?".

Para Martínez de Sucre, "bajo ningún aspecto puede comenzar a entregarse el gas hasta tanto sea finalizada y puesta en funcionamiento la planta a cuya construcción se obliga la empresa, y siempre que dicho gas sea utilizado en el proceso a llevarse a cabo en la misma".

En lo que respecta a la provisión de gas y el valor que el metro cúbico de este tendrá, el funcionario realiza "cálculos provisorios ante la precariedad de información". Según la información suministrada por el Gobierno "la provincia se obliga a suministrar a TFEQ 1,5 millón de metros cúbicos diarios de gas como mínimo "porque dicho volumen podría incrementarse progresivamente. Esto representa en los primeros 3 años -como mínimo- 1.620 millones de metros cúbicos".

"Según el escrito, el millón de BTU equivale a 29,7 metros cúbicos de gas", observa el análisis, y apunta que "no se entiende por qué en los primeros tres años el precio total a pagar por la cantidad de 1.359 millones de metros cúbicos de gas natural".

"Esto representaría una diferencia -en menos y al menos- de 261 millones de metros cúbicos con el consecuente menor valor a cobrar por la provincia, durante los primeros tres años de suministro de gas natural a TFEQ", observa.

Además, menciona que 1.620 millones de metros cúbicos representan 54.545.454,54 BTU, monto que surge de dividir los metros cúbicos de gas por los 29,7 metros cúbicos que representa el millón de BTU.

A razón de 1,80 dólares el millón de BTU, esto representarían ingresos por 98.181.818,19 dólares, ante lo cual "no se entiende por qué en los primeros tres años el precio total a pagar por la cantidad de 1.359 millones de metros cúbicos de gas natural será de 90.277.008,92 dólares". Lo que "representaría una diferencia de 7 millones de dólares".

El fiscal de Estado, no obstante, enfatizó que "la precariedad de los cálculos" que realizó surge de "la orfandad documental y técnica, la falta de dictámenes contables y legales, y la falta de los más elementales cuidados y recaudos que debieron tomarse para resguardar los intereses provinciales".

Otra objeción es que las fechas y formas de pago consignadas en el acuerdo son "notablemente desfavorables para la Provincia" toda vez que se cancelarán las acreencias a mes vencido y se agregan plazos adicionales, siendo entonces que "pueden transcurrir mas de 15 días para que se efectivice el pago por TFEQ, con el agravante, de que el pago sería a mes vencido".

"Es evidente que si el Poder Ejecutivo, a través de este proyecto, viola la normativa vigente, dará por tierra con el sustento básico que era la industrialización del gas en Tierra del Fuego, permitiendo su desarrollo para, en lugar de ello, consentir una comercialización a una empresa sin haber cumplido con ninguno de los requisitos legales que se habrían exigido en condiciones normales, y de allí que operara la excepcionalísima autorización que la Legislatura brindara (única durante toda la historia institucional de Tierra del Fuego), más allá de la más que dudosa validez de una contratación efectuada bajo esta ya más que cuestionable manera", apunta el fiscal.

Indica además el dictamen que hay falta de claridad respecto del arbitraje en caso de discrepancias o diferencias entre las partes, ya que establece que establezca que el arbitraje se efectúe en Uruguay aunque se determina el uso del idioma inglés; concluyendo que "las consideraciones, interrogantes y falta de información clara y precisa podrían llevar en el futuro a eventuales contiendas judiciales y perjuicios para la Provincia".

Por otra parte, el Fiscal entiende debe darse nuevamente participación a la Legislatura, toda vez que los convenios ratificados por esta el pasado 23 de diciembre, no son los mismos que luego fueran presentados ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, debido a que los mismos sufrieron modificaciones.

"En el proyecto de convenio arrimado se han incluido algunas cláusulas que se contradicen con lo aprobado por el mencionado Cuerpo", expresa. Y entre los puntos modificados se destaca la posibilidad de reventa del gas natural suministrado por la provincia a TFEQ "que no se encontraba previsto" en los convenios ratificados por la Legislatura.

Por último, Martínez de Sucre hizo hincapié en que "el Poder Ejecutivo no contestó los requerimientos que oportunamente le cursara sobre la cuestión ni diera la más mínima importancia o atención a las numerosas observaciones que se formularan a todo este proceso", por lo cual evaluó que "resulta improcedente suscribir un contrato en la forma en que fue presentado al Tribunal de Cuentas".

Comentá la nota