Duras declaraciones del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Luis Rubio Critican excesiva judicialización de la política

“Judicalizar los hechos políticos es malo, pero es peor porque politiza a la Justicia”, dijo el magistrado. “Lo único que falta ahora es que quieran declarar inconstitucional a los Diez Mandamientos”, agregó.

“Si cada hecho político que ocurre en la provincia termina en la Fiscalía, no van a alcanzar ni cincuenta Fiscalías Anticorrupción para llevar adelante las causas”, fue la crítica que lanzó desde el Tribunal Superior de Justicia el vocal Luis Rubio, al referirse a lo que considera una excesiva judicialización de la política.

La consulta fue realizada a raíz de la creación de una segunda Fiscalía Anticorrupción, y de cuatro secretarías, en el ámbito provincial y de lo que sería el abarrotamiento de causas que se apilan en la oficina del fiscal Hugo Amayusco a la espera de alguna decisión.

El vocal del Tribunal Superior se quejó de que en la actualidad todos los inconvenientes políticos terminen en la Justicia, y consideró que cuando estos problemas terminan en tribunales, se produce la judicialización de la política, y lo que es peor “es que esta situación politiza la Justicia”.

Sólo en los últimos tiempos se judicalizó la elección del defensor del Pueblo, Mario Decara, el viceintendente Carlos Vicente denunció a Olga Riutort de hacer acusaciones sin fundamentos y en réplica, la edil del bloque Eva Perón acusó al intendente Daniel Giacomino y a Vicente de “presuntos negociados” en la firma de un convenio con la firma Edisur.

Las denuncias que cruzan la política hoy en día son de todo calibre, y recorren el arco que va desde las mas o menos fundamentadas a las completamente poco serias, y afectan a funcionarios municipales y provinciales.

Sin ir más lejos, el tribuno del Frente Cívico, Ernesto Martínez, acusó al ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Carlos Massei, de beneficiar con contrataciones directas a un gremio que se ocupa de organizar los viajes de jubilados. Lo más asombroso de esta denuncia es que meses antes había autorizado un expediente similar sin protestar, según respondió la Provincia.

Pero, es sin dudas la denuncia de que dos actuales funcionarios de la Provincia, en la interna del peronismo entre Roberto Chuit y Olga Riutort, realizada en abril del año pasado, repartían “porros” (cigarrillos de marihuana) la que se postula para encabezar el ranking de denuncias imposibles de comprobar. La repercusión que tuvo esta denuncia en los medios nacionales motivó la “preocupación” del gobierno provincial, quien encomendó al titular de la cartera de Gobierno y coordinador del Partido Justicialista, Carlos Caserio, a ir hoy a los Tribunales Federales para tomar conocimiento de la causa.

¿Qué otra cosa podrá hacer el encargado del justicialismo que ir a tomar conocimiento de una causa, que por más cierta que sea es improbable de descubrir y demasiado distante en el tiempo o extemporanea?.

También en este caso la Justicia deberá cerrar la denuncia sin encontrar culpables, mientras que el descrédito recaerá sobre la clase política frente a una sociedad demasiado dispuesta a creer que la única realidad es la que aparece reflejada en los medios de comunicación.

Según Rubio este exacerbado denuncismo es una realidad que se observa, no sólo en Córdoba, desde hace diez años a esta parte.

“Así es como la designación del defensor del Pueblo termina en la Justicia. Lo que antes terminaba en el marco del Poder Legislativo, ahora llega a los Tribunales. Cuando se pierde una votación se acude a judializar el resultado, lo único que falta ahora es que algún hincha de Belgrano, Talleres o Instituto, si no le gusta el penal que cobró el árbitro vaya a la Justicia”, acotó el vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Recordó en este sentido que “las sanciones disciplinarias a los alumnos también llegan a tribunales, y que el máximo organismo judicial de la Provincia debió una vez expedirse sobre una suspensión por tres fechas de un jugador de la Liga Belvillense”.

Bastante crítico con la judicialización de la política, Rubio estimó que “un juez no puede decidir si el penal estaba bien cobrado o no” y “sólo falta que aparezca aquel que quiera declarar inconsitucional los diez mandamientos”.

Comentá la nota