n duras críticas, defensores de los derechos de los consumidores rechazaron el pedido de aumento del 89 por ciento que elevará Aguas Santafesinas al gobierno provincial.

"Es un tarifazo que el santafesino medio no está en condiciones de afrontar", lanzó Oscar Urruty, integrante del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). "Es una solicitud desproporcionada respecto a cualquier parámetro de la economía", sumó Alberto Muñoz, ex titular del Enress. "Es un pedido exagerado justo en momentos que se ha logrado controlar la inflación", planteó Julia Bonifacio, jefa de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

 

  Los cuestionamientos no quedaron ahí. Hubo objeciones a la calidad del servicio que se presta, la falta de presión de agua en los barrios y la demora en la colocación de medidores, que ahora la empresa promueve masificar su instalación para reducir el consumo y disminuir fugas.

   El planteo de la empresa fue anunciado por el presidente del directorio de Assa, Sebastián Bonet. Apunta a incrementar la tarifa un 38 por ciento en el primer bimestre del año próximo y luego un 11 por ciento, acumulativo, durante tres bimestres consecutivos.

   

Para justificar la suba que se solicitará esta semana por nota al Ministerio de Infraestructura provincial, el funcionario destacó que la estructura de costos de la empresa "se disparó este año por el tarifazo energético nacional y el impacto de la devaluación para la adquisición de insumos importados", muy por encima de la inflación oficial que viene midiendo el Indec para el nivel general.

  

 Una vez que el Ejecutivo reciba la solicitud de Assa la girará al Enress, que deberá convocar a audiencias públicas en Santa Fe y Rosario, se presume antes que termine el año.

  

 Culminados esos espacios de participación ciudadana, el Ente emitirá su dictamen, que no es vinculante para la gobernación. A partir de allí la Casa Gris estará en condiciones de anunciar la magnitud y modalidad de la suba tarifaria para 2017.