Patricio García criticó duramente al titular del Colegio de Abogados de Junín, Lisandro Benito, quien atribuyó a esa institución la iniciativa para la creación de juzgados en el departamento judicial Junín, en el marco de la política de descentralización del Poder Judicial que lleva adelante la Legislatura.

“Incorporamos ese Tribunal de Trabajo de Chacabuco a un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo durante su tratamiento en la Comisión que preside, debido a la necesidad de contar con ese organismo judicial, en un consenso con senadores de la región de diferentes partidos políticos y el propio Poder Ejecutivo”, pero no incluyó al Presidente del Colegio de Abogados de Junín, a quien dijo no conocer.

El titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Alta aclaró que no recibió “ninguna sugerencia o petición en ese sentido del Dr. Benito” y diferenció la legitimidad de los legisladores provinciales elegidos por el pueblo de la Provincia, de la que detenta el Presidente del Colegio de Abogados de Junín “que fue elegido exclusivamente por sus colegas y sólo tiene una representación sectorial, por lo que los movilizan interesas absolutamente diferentes: los legisladores al representar al pueblo deben velar por el bienestar general, mientras que otros sectores sólo defienden intereses de sus representados”.

“Además -continuó el senador justicialista de la Cuarta- el Dr. Benito se excedió en su función al arrogarse públicamente una iniciativa a la que fue completamente ajeno, lo que resulta preocupante desde el punto de vista ético, porque el abogado a su vez integra el Consejo de la Magistratura provincial, órgano constitucional en el que se evalúa a los candidatos a jueces”.

Por otra parte se mostró preocupado “frente a la posibilidad de que pudieran repetirse actitudes corporativas de este tipo en la actividad institucional del Dr. Benito en el Consejo de la Magistratura, ya que ese órgano constitucional debe velar por la calidad en la selección de los magistrados provinciales, y no puede convertirse en una bolsa de trabajo de algunos sectores”.

García advirtió que “la función en el Consejo de la Magistratura no debe convertirse en plataforma de posicionamientos personales, sino que debe ceñirse a su cometido constitucional, cuestión que a veces parece no ser comprendida por algunos actores institucionales”.