Dura pelea de la Corte con el gremio judicial

El tribunal quiere quitarle el control de créditos por 1 millón de pesos
Una nueva pelea enfrenta a la Corte Suprema con el sindicato judicial: el máximo tribunal ordenó que les dejaran de descontar a los agremiados montos correspondientes a diferentes préstamos que maneja la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). Está en juego el control de más de un millón de pesos mensuales, según confirmó una fuente oficial.

El diputado kirchnerista Julio Piumato, secretario general del gremio, denuncia que la acordada que dispuso la suspensión es una "represalia" contra el sindicato y convocó a una marcha para hoy frente al Palacio de Tribunales. La Corte, en cambio, dice que no es más que una decisión administrativa ante incumplimientos de la UEJN. No obstante, la medida no se va a hacer efectiva, al menos por el momento: el Consejo de la Magistratura ordenó no acatar la acordada y resolvió que este mes los haberes se liquiden como siempre, con los descuentos. Aunque no hay números formales, fuentes oficiales informaron a La Nacion que la medida afecta "directa o indirectamente" a 5500 personas, un tercio de los empleados y funcionarios judiciales que están afiliados al gremio o a otras entidades menores (también alcanzadas por la acordada), y que "tienen descuentos o podrían tenerlos". Los montos que se separan cada mes de sus sueldos son, en general, para pagar créditos contraídos con el Banco Ciudad, deudas por prestaciones de turismo u obligaciones por otros servicios sociales.

El diálogo entre la cabeza del Poder Judicial y el gremio hace meses que está roto. La Corte afirma que el sindicato la presiona para desgastarla; sobre todo, después de su acordada en favor de la libertad sindical, de fines de 2008.

Piumato, un hombre muy cercano al líder de la CGT, Hugo Moyano, asumió este año como diputado y desde el Congreso impulsa tres proyectos de ley que son resistidos por el máximo tribunal: uno que da injerencia a los empleados en la obra social del Poder Judicial, manejada por la Corte; otro que establece las paritarias salariales y un tercero que propone igualar la jubilación de los empleados a la de los magistrados, que tienen garantizado el 82% móvil.

Represalia

"Es evidente que esto es una represalia ?dijo Piumato a La Nacion?. Lo decidieron al día siguiente que salió de Diputados la media sanción del proyecto de ley de convenciones colectivas en el Poder Judicial, un jueves, día que nunca hacen acordadas. Es una práctica muy desleal."

La Corte dice que esto nada tiene que ver con el tema de los códigos de descuentos. Explica que anualmente el sindicato tiene que presentar una nota para acreditar determinados requisitos y que no la mandó. "Por eso, momentáneamente se tomó esta decisión", dijo a La Nacion una fuente del tribunal.

Piumato admite el incumplimiento (afirma que se les "traspapelaron" los documentos), pero dice que lo que les reclamaban eran "pavadas", que nunca los intimaron y que ya presentaron todo. "Nos suspenden por no haber entregado cosas tales como nuestros balances, que son públicos, y es obvio que están en regla porque nos controla el Ministerio de Trabajo", dijo.

La acordada que dispuso "cancelar los códigos de descuento" es la 43/09, que fue firmada el 5 de noviembre pasado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

Fue comunicada por la Corte a la administradora general del Poder Judicial, Cristina Akmentins. Ella dio parte a la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, de quien depende.

El martes pasado, esa comisión le ordenó no aplicarla. El Consejo entendió que la resolución, tal como estaba redactada, alcanzaba también a la cuota sindical (que está protegida por la ley) y le indicó a Akmentins que liquidara los sueldos tal como lo venía haciendo.

Entonces, la Corte aclaró que la cuota sindical no estaba incluida, pero ya era tarde. El jueves pasado, una reunión de labor del Consejo, donde los presidentes de las diferentes comisiones deciden los temas que deberá tratar el organismo, resolvió que no tenía facultades para dar marcha atrás y se limitó a volver a derivar el tema a la Comisión de Administración, que lo tratará pasado mañana. No obstante, dispuso notificar a las entidades para que no tomaran nuevos descuentos y no realizar pagos por el momento.

"Buscamos una solución que no nos enfrentara con la Corte, pero que no pusiera en riesgo a los empleados. Si a la gente se le caen los créditos, para colmo justo antes de Navidad, nos mata", dijo a La Nacion un miembro del Consejo que participó de aquella reunión de labor.

En total, los descuentos que maneja el gremio alcanzan a los dos millones de pesos mensuales, según informó a La Nacion un alto funcionario del Poder Judicial. Unos 800.000 pesos por cuotas sindicales; el resto, por créditos y otros servicios.

Ayer a la mañana, la zona de Tribunales amaneció empapelada con carteles firmados por la UEJN, que acusaban a la Corte de pretender avanzar contra los derechos sindicales, y los edificios judiciales, llenos de panfletos con idénticas críticas.

La Corte respondió por su canal formal de comunicación. Publicó una aclaración en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ), en la que explicó que su decisión fue parte de un "reordenamiento" de los descuentos que se realizan a través de los sueldos. "Por su cantidad y desorden, afectaban gravemente el patrimonio de los empleados y funcionarios del Poder Judicial", advirtió.

El máximo tribunal relató que, por eso, en julio pasado decidió aplicar una acordada de 2000 que había establecido que cada año las entidades validaran su admisibilidad a través de la presentación de determinada información. "Esto nunca fue cumplido, por lo cual todas las entidades se encontraban en situación de cancelación de sus códigos", explicó ayer la Corte, que informó que, no obstante, le había dado un nuevo plazo al gremio para cumplir con lo exigido.

Lejos de un gesto de acercamiento, Piumato anunció que la marcha de hoy no se suspendía.

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