Dura lucha por el Programa De Propiedad Participada

Los presidentes de las Asociaciones de ex empleados de correos de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy analizaron pormenores de las gestiones referidas al Programa de Propiedad Participada, marco en el que quedó definido que "la lucha continuará, dentro de los carriles de la mesura pero con la firmeza de no renunciar".
Esto fue durante un encuentro que mantuvieron en la ciudad de Salta, donde los dirigentes intercambiaron documentación entre las que había notas cursadas y respuestas recibidas de la Secretaría de Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, Secretaría General de Audiencias de la Presidencia de la Nación, pedido al Jefe de Gabinete de "pronto despacho" del expediente que trata el beneficio que el sector reclama y el pedido de audiencia entregado días pasados a la Presidenta de la Nación durante su visita a Jujuy.

De la reunión, que contó con las adhesiones de provincias vecinas del NOA, participaron Enrique Flores, de Tucumán Rodolfo Rosas y Carlos Bejarano, de Salta;y por Jujuy asistió Jorge Abraham Casiva.

EX FUNCIONARIOS

ESTÁN EN LA MIRA

En el transcurso de las deliberaciones se hizo eje en la importancia del dictamen de la Fiscalía de Investigaciones y posterior denuncia para que se investigue si hubo "falta de cumplimiento a los Deberes de Funcionario Público", en observancia del artículo 249 del Código Penal, "sin que quepa descartar tampoco -dijeron Flores y Casiva en visita a PREGÓN- una eventual aplicación del artículo 248 del Código Penal contra los ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones Germán Kammerath, Henoc Aguiar, Eduardo Kohan, extensivo a los funcionarios que fueron designados para integrar las distintas comisiones para organizar y llevar a cabo el Programa de Propiedad Participada del Personal de Correos y que no cumplieron". Según puntualizaron los dirigentes, la misma Fiscalía indica en el citado dictamen que "existen elementos que permitirían sustentar una vulneración de los intereses de los trabajadores, confiados a los funcionarios de esa cartera (Secretaría de Comunicaciones) por el Estado Nacional, situación indiciaria de una posible subsunción en la figura de ‘administración infiel’ tipificada en el artículo 172-7 del Código Penal".

A partir de esto, los dirigentes advirtieron que "esta omisión a sabiendas de los funcionarios citados, ha provocado en el tiempo un tremendo daño patrimonial a los ex trabajadores de Encotesa y posterior Correo Argentino sin que la Comisión Bicameral del Senado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y otros entes que debieron controlar los resultados de las empresas privatizadas, tomaran las responsabilidades que les fueron asignadas por ley".

La investigación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue derivada en mayo de 2008 al Juzgado en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, a cargo de la jueza María Servini de Cubría "y que seguramente -lamentaron Casiva y Flores- será otro eslabón de los tristes resultados del desguace del Estado que se investiga, de las malas y nefastas privatizaciones con la complicidad de algunos dirigentes sindicales", muestras de lo cual "no sólo es Correos, sino también YPF, Agua y Energía, Aerolíneas, Oobras Sanitarias de la Nación, Gas del Estado, Ferrocarriles, Entel, Altos Hornos Zapla, Somisa y otras empresas emblemas, importantes fuentes de trabajo, cuyos ex trabajadores hoy desocupados no pueden arse en el mercado laboral porque resultan ser ‘viejos’ y al mismo tiempo son ‘jóvenes’ para jubilarse".

INICIATIVA POR UN

FRENTE COMÚN

Con visible irritación los dirigentes recordaron que "muchos de estos ex trabajadores ni siquiera fueron informados de sus derechos y beneficios en el momento del rompimiento laboral", interpretando que esa "falta de reciprocidad entre patrón y trabajador fue un manoseo, presión, engaño y falta de buena fe, a tal punto que las indemnizaciones y retiros voluntarios forzados deberían haberse pagado a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio más un veinte por ciento y no por debajo de eso, como se dio en algunos casos, violando lo dispuesto en el artículo106 del decreto 2284/91 del 31 de octubre de 1991".

El delegado jujeño sostuvo que "los ex trabajadores afectados no fuimos culpables de que el mismo Estado violara derechos constitucionales, perjudicando de esta manera las expectativas de mejoras salariales en su momento -desde 1992 a 2003-, mejor indemnización, mejor porcentaje para las jubilaciones y por qué no el derecho alimentario. Por lo tanto, las gestiones continuarán en concordancia con acciones de otros compañeros de Chaco, Corrientes, Formosa, parte de Capital y Gran Buenos Aires".

En tal sentido su par tucumano apuntó que "este proceso iniciado en el 2005 ya nos llevó a participar en sendas reuniones en la Comisión de Trabajo y Legislación del Senado y posteriormente en el Ministerio de Trabajo de la Nación", encuentros en los que "se nos dejó ver que los derechos que reclamamos están a nuestro favor y que hasta el momento no hay decreto ni ley que diga lo contrario".

Para concluir, Casiva estimó que "tal vez esté llegando el momento de armar un frente con todos los ex trabajadores de empresas privatizadas para recuperar lo que en algún momento nos fue incautado inconstitucionalmente", finalizó.

Sindicato de taxistas

contra el monotributo

El Sindicato de Peones de Taxis, expresó nuevamente su rechazo a inscribirse como monotributistas, cuando en el resto del país trabajan en relación de dependencia, y de este modo poder acceder a obra social, estabilidad laboral, aportes jubilatorios y asignaciones familiares. En tal sentido manifestaron su punto de vista con reclamos y pancartas con leyendas dirigidas a las autoridades del municipio en las enfatizan que los peones de taxis "son empleados en relación de dependencia, así lo establecen las leyes de control de trabajo, las resoluciones de la Dirección Provincial de Trabajo, que definen al monotributo como fraude laboral, y dirigiéndose a sus empleadores señalaron que "registrar al trabajador es obligación del permisionarios, garantizar su cumplimiento es obligación del estado municipal y exigir este derecho es obligación de todos los trabajadores".

En diálogo con Pregón el secretario general del sindicato, Raúl Olivares, dijo que esperaban que el municipio "desista de la postura de hacernos monotributistas a los peones de taxis, no podemos hacerlo por ley, sin embargo nos obligan a que nos inscribamos en la AFIP para mantener nuestra fuente laboral. Actualmente hay 100 peones cesanteados porque no quisieron hacerse monotributistas y el empleador dijo que sino cumplen con lo que se dice desde la Municipalidad lo tenía que despedir".

El planteo ya fue puesto a consideración mediante notas dirigidas al cuerpo de asesores letrados de la comuna, con los fundamentos por los cuales sostienen que un peón de taxi no pude ser monotributista. Al respecto Olivares comentó que "en ningún lugar del país, tampoco debería ser en nuestra provincia, sucede esto, ya que hay una ley nacional. De todos modos ellos no saben como salir de esto, porque actualmente con los 100 taxistas que se hicieron monotributistas hay algunas situaciones conflictivas para el manejo de su situación".

Si bien durante esta semana estaría prevista una reunión con autoridades de la comuna para abordar el tema, anticiparon que no se negociará los derechos de los trabajadores.

En este contexto el dirigente de los taxistas recordó que "las ultimas reuniones fueron para hacernos creer que nosotros podemos ser empresarios en Sal Salvador y que mediante esta figura podemos acceder a tener obra social y una serie de beneficios como todo empresarios, pero nosotros necesitamos los beneficios de un trabajador".

Los taxistas que ya se inscribieron como monotributistas deben pagar mensualmente la suma de 140 pesos mas ingresos brutos, lo cual ascendería a 180 pesos aproximadamente. En cuanto a la cobertura de la obra social, para adherir a sus hijos deben pagar 40 o 50 pesos mas por cada uno.

Otro aspecto cuestionado desde siempre por los taxistas es que en nuestra provincia deben pagar una especie de alquiler del vehículo debido que trabajan en negro: "nosotros entregamos la recaudación, pero en realidad se pacta una recaudación fija todos los días, suma fijada por el empleador, entonces ellos tienen siempre ganancia y algunas veces nosotros no nos llevamos nada a casa, hace dos meses pagábamos 70 pesos y actualmente el importe oscila entre los 85 y los 90 pesos".

"Esperamos que la Municipalidad se abstenga de exigir el monotributo y esperamos que de una vez por todas se pueda dignificar la tarea del peón de taxi, somos 2.000 personas que tributamos todos los meses en la municipalidad, con 1.200 autos que tributan también mensualmente, en consecuencia representamos un factor importante en la parte económica, les somos de utilidad y les servimos cuando hay elecciones porque nos llaman para que les llevemos y traigamos gente. Después nos dan con un caño, nos aumentan los impuestos y nos persiguen con todo tipo de multas", concluyó Raúl Olivares.

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