Dudas sobre concursos eternos e investigaciones que no avanzan

Hay vacantes que llevan años sin cubrirse y acusaciones que se mueven a paso demasiado lento.
Desde la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, hace una década, los abogados que son designados jueces no son puestos a dedo por el Presidente sino seleccionados a través de concursos públicos. Esto no garantiza jueces excelentes pero por lo menos mejora el promedio de su calidad. Una de las peores críticas que se le hacen al Consejo de la Magistratura es justamente la de supuesta manipulación de concursos.

Clarín recordó durante la semana el increíble caso del concurso 140, abierto hace cuatro años y aún lejos de finalizar. Se trata de cuatro vacantes en igual número de juzgados federales penales de la Capital Federal. Son cargos claves porque allí se investiga a los funcionarios públicos del Gobierno nacional acusados de corrupción.

Sin embargo, hay otros concursos polémicos y demorados. Por ejemplo, el de tres vacantes en la Cámara Nacional de Casación Penal. La prueba de los candidatos se hizo en noviembre pasado y desde febrero está listo el resultado del jurado (los jurados son independientes del Consejo y lo integran profesores de facultad). Sin embargo, el Consejo tiene demorado desde entonces el análisis de los antecedentes de los postulantes. Es una simple cuenta matemática de cuántos puntos suma cada uno de sus antecedentes del candidato (cursos realizados, cargos, antigüedad, publicaciones, etc).

En Casación se da un caso similar al de los estratégicos juzgados federales. Las vacantes actuales en este tribunal son cuatro, es decir un tercio del total de sillones de ese cuerpo, duramente cuestionado por el kirchnerismo a raíz de su actuación en las causas contra los represores de la dictadura.

Además, al Consejo se lo cuestiona por modificar arbitrariamente el orden de mérito de los concursantes para la elaboración de la terna que luego se eleva al Poder Ejecutivo. Ello generalmente se da tras la entrevista personal con el candidato. Ese fue el caso, por ejemplo, del actual juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari. El jurado -elegido por sorteo- lo colocó en el lugar 13, pero luego de la intervención del Consejo terminó tercero y finalmente fue el propuesto por el Ejecutivo al Senado para ese cargo.

Otro concurso aletargado es el que hace nueves meses se abrió para cubrir una decena de vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los consejeros no se pusieron de acuerdo con un candidato al que se quería subir de puesto y volvió todo a la Comisión de Selección. Casos similares se han dado en todos los fueros de la Justicia Nacional.

Pero no sólo de concursos se alimentan los cuestionamientos. El más reciente y mediático fue el de la larguísima investigación contra el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez. Este magistrado, con graves denuncias desde hace tres años intervino en plena campaña electoral e imputó por narcotráfico al empresario Francisco de Narváez en la causa por la efedrina.

La medida, tomada tres semanas antes de la elección que finalmente ganó De Narváez, fue interpretada por la oposición como una maniobra del kirchnerismo, que supuestamente después favorecería al juez con su influencia en el Consejo de la Magistratura.

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