Dudan de un informe policial clave en el caso Ezequiel

Dudan de un informe policial clave en el caso Ezequiel

Los defensores de Augusto Agüero Lucero quieren que expliquen cómo llegaron a un informante que lo incriminó.  

La defensa de Augusto Caín Agüero Lucero, el joven detenido por el homicidio de Ezequiel Fernández, estima que esta semana comenzará a producirse la prueba que lo desligará de toda sospecha. “Él nunca declaró ni reconoce haber estado (en el descampado donde mataron al joven la madrugada del martes 4 de noviembre) ni haber participado de nada. Eso de que estuvo allí es sólo una versión de la Policía”, aclaró Esteban Sala, el abogado que representa al imputado. Él y su colega Hugo Scarso pusieron en duda la veracidad de un informe policial en el que el joven es sindicado como uno de los autores del asesinato.

Los investigadores judiciales consideran que están en el camino correcto y avalan la tarea de la División Homicidios, confió una fuente de Tribunales.

Consideran que es “muy escasa” la prueba en contra de su cliente, quien se puso a disposición del juez Penal Nº 1, Sebastián Cadelago Filippi, el martes pasado, tres días después de que la Policía le allanara la casa. Su presunto cómplice, cuyo arresto fue ordenado el martes, estaría fuera de San Luis, informó una fuente de la causa.

La dupla de penalistas le aconsejó que no hablara en la indagatoria. Y no prevén hacerlo declarar durante la prórroga de la detención de ocho días, dijo Sala.

El viernes, después de leer el expediente que ya tiene dos cuerpos, la defensa le presentó un escrito al magistrado pidiéndole algunas medidas de prueba. Una es que cite a testigos, entre ellos a un policía de la División Homicidios que hizo un informe que incluye la declaración de un “datero” que reveló que Agüero Lucero es uno de los victimarios del estudiante de 20 años.

“Da la casualidad que trabajo otra causa en la que defiendo a otra persona –es Walter Guillermo Díaz, investigado por su presunta participación en el asalto a la casa de la familia Wiggenhauser, dueños de las carnicerías “El Caldén"–. Y este policía de Homicidios elaboró en aquella ocasión un informe idéntico (al que ahora entregó por el caso de Ezequiel). El tenor es similar: hay un presunto informante de identidad reservada que perjudica” a sus clientes, refirió.

La semejanza en la confección de sendos escritos le “hace ruido” a Sala, al punto que duda de la existencia de esas personas que aportan datos, cuyos nombres no se dan a conocer, expresó. Quieren que cuando vaya a Tribunales el agente “explique cómo llega a esa información, a la que parece que accede por arte de magia”, ironizó.

De todos modos, entiende que el cotejo de uno y otro informe “pondrá en evidencia la mentira policial, este modus operandi repetido por la Policía”.

También le solicitaron al magistrado un informe para establecer si preservaron la cadena de custodia del celular de la víctima, un Samsung Galaxy S4. La teoría es que cerca de la medianoche del lunes 3 de noviembre Ezequiel acordó por teléfono juntarse con alguien. Creen que la persona con la que se comunicó puede ser uno de los agresores.

Como el muchacho salió de su casa sin su celular, los investigadores lo secuestraron al inicio de las averiguaciones. Después de que los peritos de San Luis intentaran, sin éxito, vulnerar una clave, el artefacto fue enviado a otras provincias. El último destino fue La Pampa, a donde lo llevaron dos veces. Pero en ningún lugar consiguieron entrar al sistema para obtener el registro de mensajes y llamadas entrantes y salientes, fotos, videos y comunicaciones por las redes sociales (Facebook y WhatsApp, por ejemplo).

“Sabemos que ha pasado por no menos de seis o siete manos. Queremos que nos informen qué garantía nos dan de que han conservado la cadena de custodia de ese objeto de prueba, que no han tocado el contenido. El artefacto que secuestraron fue puesto en un sobre que fue cerrado y firmado por testigos. Después el sobre fue roto y estuvo en manos de policías, fue a La Pampa y Buenos Aires. E inclusive lo tuvo un empleado judicial que no es perito. El procurador (Fernando Estrada) dijo ‘tengo un empleado que es ingeniero, que sabe de celulares, llamen al empleado’. Y se lo dieron, y él contestó que no podía abrirlo. Entonces ha estado en poder de varias personas y esto nos causa preocupación“, confió.

Comentá la nota