No hay duda: el Congreso puede autoconvocarse

Por: Ernesto Poblet

ABOGADO E HISTORIADOR

Las facultades del Poder Legislativo están claramente enunciadas en la Constitución Nacional y respaldadas desde siempre por los juristas de mayor prestigio de la Argentina.

El diputado Agustín Rossi, por ser ingeniero, no tiene obligación de dominar los principios generales del derecho ni conocer el alcance de la última frase del art. 19 de la Constitución Nacional, ni los trabajos de la doctrina jurídica y mucho menos las profundidades de la filosofía del derecho. Sin embargo, suele afirmar el poderoso jefe de la bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados que la C.N. "prohíbe" al Congreso su autoconvocatoria.

Desde 1853 grandes maestros del derecho vienen sustentando una doctrina que contradice la tesis prohibicionista del enfático ingeniero santafecino. Estos grandes juristas ya con anterioridad a la reforma de 1994 proclamaban las potestades del Congreso para autoconvocarse evitando así perder la autonomía funcional del órgano legislativo con respecto al Poder Ejecutivo Nacional. Lo hacían desde el texto antiguo de 1853 en el cual ni siquiera figuraba la potestad de reunirse ambas cámaras "por sí mismas" como expresamente se le agregó en el actual art. 63 dentro del texto reformado en 1994.

Jamás existió prohibición alguna de autoconvocarse el Congreso en todo el plexo normativo, menos aún después del agregado al art. 63. Este art. 63 comienza con un imperativo: "Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre". Continúa el artículo dejando de lado lo imperativo para pasar a lo optativo: "Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones." La potestad que la reforma del 94 agregó con la nueva expresión "por sí mismas" para las ordinarias no se excluye con el párrafo siguiente correspondiente a las sesiones extraordinarias y prorrogadas. El "pueden también ser convocadas" implica una pluralidad que conlleva varios sujetos, vale decir "el presidente" y "ambas cámaras por sí mismas" incluidas desde la oración anterior. De lo contrario cabe un interrogante ¿para qué los constituyentes del 94 agregaron las expresión "por sí mismas"? El art. 63 es un todo que comienza con el protagonismo de "ambas cámaras" y ese rol lo conservan hasta el punto final del artículo. Nada las excluye.

En la segunda oración aparece el presidente de la nación para convocar "también". Con esto se reafirma la atribución de ambas cámaras para reunirse por sí mismas en las sesiones ordinarias, extraordinarias y de prórroga. La propia denominación de este capítulo III lo confirma: "Disposiciones comunas a ambas cámaras". ¿Cómo pretender entonces dejar afuera de la convocatoria justo a ambas cámaras titulares del derecho?

Suele ocurrir en nuestra democracia: podría presentarse un vicio parecido al actual conflicto. Suponiendo que existieran bloques mayoritarios y dominantes de ambas cámaras en controversias con el presidente de la Nación y maniobren para neutralizar las sesiones del Congreso no efectuando las convocatorias. Para evitar este abuso del derecho la Constitución prevé por medio de este artículo una atribución excepcional a favor del presidente para convocar la apertura de las sesiones extraordinarias y de prórroga evitando la corruptela de clausurar por un tiempo la actividad de un poder del Estado.

El espíritu de nuestra constitución liberal es permitir todo lo que no está prohibido. En el caso actual la Presidenta intenta abolir el protagonismo inmanente del Congreso abusando de la excepcionalidad que le permite la Constitución para "convocar" al Congreso en caso de que sus propios bloques le nieguen su derecho a funcionar.

Esta vez ha sido la artimaña de un Decreto de Necesidad y Urgencia el instrumento para arrogarse la Presidenta una atribución que primordialmente corresponde al Congreso. El art. 75 inciso 7 dispone: "Arreglar (el Congreso) el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". La Presidente sería merecedora de un juicio político por prohibir sesionar al Congreso de la Nación en las circunstancias actuales proclamadas por ella misma de "necesidad y urgencia".

La prohibición emana de su deliberada intención de suprimir la actividad del otro poder del Estado durante varios meses sin fundamento alguno. Agrava la Presidenta su situación por el contenido temerario de los dos decretos recientemente firmados con actos como el pretendido desplazamiento del Presidente del Banco Central sin potestades para ello y las antojadizas imputaciones que emanan en sus respectivos textos. ¿Cómo es posible que se arrogue las delicadas funciones del Congreso -por medio del uso arbitrario del DNU- para efectuar acusaciones subjetivas como "mala conducta", imputar un impreciso delito a un funcionario no perteneciente a su sector del Estado y disponer de las reservas del Banco Central aduciendo pagar una deuda del "exterior" -resorte exclusivo del Congreso- que vencería nueve meses después y de la cual su partida ya estaba prevista y asignada en el presupuesto del 2010?

El principio general del derecho que reza "lo que no está prohibido está permitido" se encuentra disperso en infinidad de normas jurídicas nacionales e internacionales. En nuestra Constitución Nacional se consagra por medio del artículo 19 in fine: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".

Todo este fundamento jurídico caería estrepitosamente si el diputado Rossi encontrara en la legislación argentina alguna prohibición expresa que le niegue al Congreso de la Nación -o a ambas cámaras- las facultades de autoconvocarse. Desde luego no se admitirían normas del rango de decretos del Poder Ejecutivo ni resoluciones ministeriales enganchadas en algún código de fondo o de forma.

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