La droguería más sospechada ponía plata en una revista de funcionarios

San Javier auspiciaba una publicación de directivos del organismo de control de las obras sociales
El empresario Néstor Lorenzo, principal imputado en la causa de los medicamentos adulterados, tenía buenos contactos en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano estatal encargado de controlar las prestaciones de las obras sociales sindicales: todos los meses financiaba una revista sobre salud pública que editaban dos altos directivos de la entidad.

Se trata de Néstor Vázquez y Fernando Scopinaro, gerente general y subgerente de Control Prestacional, respectivamente, durante la gestión en la SSS de Héctor Capaccioli. Este funcionario fue el más importante recaudador de la campaña electoral de Cristina Kirchner, en 2007, y dirigió el organismo de salud entre febrero de 2006 y noviembre de 2008.

La Escuela, revista universitaria de salud pública, pertenecía a Vázquez y Scopinaro y se publicaba mensualmente mientras ambos eran funcionarios de la superintendencia. En ese entonces, el que dirige el organismo desde julio último, Ricardo Bellagio, ocupaba otra gerencia de la SSS, la de Control Económico Financiero. Hasta que a fines de 2008 Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud, lo desplazó de su cargo. Volvió recategorizado cuando ella dejó el Gobierno.

En todos los números de la publicación a los que accedió LA NACION, San Javier había pagado por una publicidad que ocupaba toda la retiración de contratapa. "Alto costo, baja incidencia. Hemofilia. Oncología. Sida", decía el aviso de la droguería. En la página 2 de los distintos números de la revista se detallaba que Vázquez y Scopinaro eran "propietarios" de la publicación y que también se desempeñaban como director y director asociado, respectivamente.

Lorenzo está acusado de proveer, por medio de San Javier, remedios adulterados a la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), intervenida por el Gobierno a pedido del juez federal Norberto Oyarbide, el instructor de la causa sobre la mafia de los medicamentos. El expediente tiene muchos puntos de contacto con las causas en las que se investigan los asesinatos de tres empresarios, ocurridos en agosto de 2008, en General Rodríguez, y las supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner.

Más coincidencias

Precisamente, otros tres de los escasos auspiciantes de la revista de Vázquez y Scopinaro, el laboratorio Labomed SA, la consultora Interexp SA y la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, también figuran como aportantes de campañas kirchneristas. Las dos primeras pusieron $ 10.000 cada una para solventar los gastos proselitistas de la postulación presidencial de Néstor Kirchner, en 2003. Swiss Medical donó $ 80.000 para la campaña de Cristina Kirchner.

Interexp, una consultora de salud, se presentaba en agosto de 2007 como "la única empresa" que brindaba asesoramiento sobre la tramitación y gestión de expedientes ante la Administración de Programas Especiales (APE). Los millonarios fondos de ese organismo estatal, que financia la atención de enfermedades de alta complejidad de los afiliados de las obras sociales, son una habitual fuente de disputa entre los gremios.

El resto de los auspiciantes de la revista son obras sociales sindicales, como Construir Salud (de la Uocra), la del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba, OSDO (de directivos de empresa) y la del Personal Gráfico.

Vázquez es un neurólogo de 56 años, de muy buena relación con José Luis Lingeri, líder del gremio de Obras Sanitarias y mentor de la Administración Nacional de Seguros de Salud (Anssal), el organismo que luego se convirtió en la SSS. Después de trabajar en ese órgano entre 1994 y 2000, se alejó de la función pública. Volvió en febrero de 2006, cuando Capaccioli lo convocó para ser gerente general de la superintendencia, cargo que dejó a fines de 2007.

De acuerdo con bases de datos de antecedentes comerciales, Vázquez fue socio de Sergio Gustavo Blanco, detenido junto con Lorenzo en la causa que instruye Oyarbide. En julio de este año fundó Cofeme, una empresa dedicada a la "compra, venta, preparación, envasamiento, fraccionamiento, consignación, transporte y distribución de especialidades medicinales".

El sucesor de Vázquez en la gerencia general de la SSS fue José Pedro Bustos, que antes se desempeñaba como gerente de Asuntos Jurídicos. Ocaña lo echó en noviembre de 2008, como parte de su enfrentamiento con Capaccioli, reemplazado entonces por Juan Rinaldi.

En la Gerencia de Asuntos Jurídicos se demoraron, según dijeron a LA NACION dos fuentes que trabajaron en el organismo, más de cien pedidos de sanciones contra la obra social de los bancarios, por deficiencias en las prestaciones. De hecho, mientras entre 2006 y 2008 hubo sólo 13 sanciones a la misma cantidad de obras sociales, en la gestión de Rinaldi se aplicaron 97 castigos a 57 organismos gremiales.

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