Una de cal...

Durante un operativo de rutina en el Puesto Caminero Catriló realizado el pasado jueves a la madrugada, la Policía de La Pampa se anotó otro “poroto” -nada más que eso- en la difícil lucha contra el narcotráfico: secuestró veinte kilos de marihuana, seis de cocaína y una granada.

Los efectivos de la División Toxicomanía encontraron la droga en la valija de una pasajera que viajaba en un colectivo de la empresa Vía Bariloche desde Buenos Aires a Neuquén y en el interior de un auto que circulaba en la misma dirección y a la misma hora: en principio el hallazgo de cocaína en el vehículo, luego de haber utilizado perros adiestrados, no tendría relación con el secuestro de la marihuana detectada por un escáner en el interior del micro.

En total fueron cinco las personas detenidas, cuatro de ellas de nacionalidad paraguaya, que todavía están a disposición de la Justicia Federal. Otro dato llamativo que surgió del procedimiento fue el secuestro de una granada que iba en una encomienda de un segundo colectivo requisado: la Policía investiga quién la envió y el destino que llevaba el paquete explosivo.

El caso sirve para reafirmar que más allá de la problemática dentro del territorio pampeano, nuestra provincia es un lugar de paso obligado para la distribución de sustancias prohibidas y esa situación requiere una mirada atenta de parte de las autoridades.

Sobre todo porque probado está que el flagelo del consumo y tráfico de droga va en aumento en los últimos tiempos y que las regiones denominadas solamente como “zonas de paso” -esa es la única lectura oficial en muchos casos- experimentan una transformación en los “procesos ilícitos relacionados a estupefacientes”.

El trabajo de inteligencia y las denuncias de particulares han sido por ahora los dos caminos utilizados por la Policía para dar con los secuestros de sustancias en las rutas. El dato anónimo ha sido “clave” en esta labor detectivesca que llevan adelante los efectivos de seguridad.

Pero la política de Estado (si es eso lo que se busca) debería contener otras estrategias mucho más superadoras que la empeñada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad -a cargo de Leonardo Villalva- para desactivar los “kiosquitos”. Esa iniciativa más que resultados alentadores lo único que ha generado es pérdida de tiempo, desgaste de personal y recursos mal invertidos.

Las consecuencias de esos “procesos ilícitos relacionados a estupefacientes” las sufrió en carne propia la semana pasada el propio subsecretario de Salud Mental y Abordaje a las Adicciones, Roberto Moro.

El funcionario provincial fue víctima de un violento asalto, junto a una hija de catorce años, bajo una curiosa modalidad delictiva: un grupo de jóvenes que habitualmente se juntan “a tomar y fumar” en una esquina de Villa Parque fingió un accidente de tránsito para la ocasión.

Los detalles ya fueron narrados en varias ediciones anteriores. Sí vale destacar que con llamativa diligencia, como muchas veces no suele tocarles a los ciudadanos de a pie que son víctimas de hechos similares (el asaltante armado, a cara descubierta e identificado con nombre y apellido de una despensa en Villa Parque quince días después sigue sin aparecer), la Policía identificó a los autores y detuvo con “prisión preventiva” al atacante que -cuchillo en mano- le asestó a Moro cuatro puntazos, uno de ellos debajo de la tetilla izquierda.

“En un momento pensé que me mataban”, reconoció el funcionario. Y que no haya pasado algo mucho más grave fue, verdaderamente, un hecho afortunado. Sin embargo, quedó para el análisis un diagnóstico cuanto menos llamativo que salió de boca del propio especialista en la materia: “El chico que me apuñaló estaba totalmente alcoholizado, pero no tenía las pupilas dilatadas, no tenía los ojos rojos... Es decir que no había consumido drogas”, evaluó.

...y una de arena

El asesinato de un preso en el interior de la Colonia Penal de Santa Rosa en el transcurso de la última semana no es otra cosa que la crónica de una muerte anunciada: desde este diario, en numerosos artículos publicados a fines del año pasado, se informó y se alertó a las máximas autoridades -sobre todo políticas- del alarmante clima de tensión que se incubaba en el corazón de los pabellones, cuyos directivos trataron de ocultar durante todo este tiempo.

El hecho de que no exista hasta ahora un solo indicio sobre al autor del homicidio de Marcos Luquín (en la filmación del pabellón donde ocurrió la pelea no se identifica al atacante y los “códigos” de silencio entre los detenidos conspiran contra la investigación judicial) es otra muestra cabal del desgaste indisimulado que tiene la gestión del director de esa cárcel, Sergio Escalada (foto).

El caso está en manos ahora del juez federal subrogante Enzo Rodríguez Dieguez. La única información “oficial” que se obtuvo sobre el caso surgió del Juzgado. En la Unidad Nº 4 hicieron silencio de radio, como en tantas otras oportunidades en que hubo serios incidentes no solo entre presos sino también entre los reclusos y los guardias de requisa: una constante a lo largo del año 2014.

La muerte de Luquín (27) -un joven santarroseño condenado por varios robos, mucho de ellos caracterizados por ser ejercidos con mucha violencia- ocurrió el martes pasado luego de una pelea desatada alrededor de las 13:45 horas entre internos del Pabellón 1 Bajo, en el cual hay condenados pampeanos exclusivamente.

Como consecuencia del enfrentamiento a punta de facas, Luquín murió de una certera puñalada en el corazón y otros cuatro internos fueron heridos, aunque solo uno de ellos quedó internado en el hospital Molas, donde le extirparon el bazo.

Por estas horas la Justicia Federal aguarda el resultado de un sumario interno iniciado en la U-4: aunque difícilmente surja algún dato. De hecho, durante la refriega ni siquiera había agentes presentes, lo que complica aún más la posibilidad de encontrar un testigo que pueda dar detalles de cómo se produjo el golpe mortal. Por ahora solo se secuestraron las facas y otros elementos que se usaron en la pelea y se levantaron algunas huellas.

Lo poco que vale la vida ya había quedado en evidencia -tal como se escribió en esta misma columna- durante otro episodio ocurrido en General Pico, luego de que el joven Maximiliano Cruz (19) muriera por el balazo que le aplicó un efectivo policial en el marco de un supuesto robo.

Las reacciones posteriores a ese hecho también fueron -y son por estas horas- una señal de alerta de la que alguien (del Estado) tiene que tomar nota, para después no tener que andar lamentando consecuencias: como ya se dijo acá, la pronta liberación del uniformado que cometió el homicidio contribuyó a ensalzar el amenazante clima de venganza que dejó sentado desde el primer día la madre de la víctima.

Ni siquiera la reunión que mantuvo con la fiscala del caso sirvió para que la mujer se sintiera contenida: esa desconfianza para con la Justicia no tiene un solo responsable. De hecho, quizás por los pésimos antecedentes que tienen algunos representantes del Poder Judicial -está claro que no es el caso de Ivana Hernández- la madre de Cruz se permitió sospechar de una “complicidad” con la Policía dado que el esposo de la investigadora reviste como uniformado en la fuerza.

Ese mismo clima enrarecido permitió incluso que una velada amenaza pasara ¿desapercibida?, sin que se conozca hasta el momento ninguna actuación judicial que tenga -como obvio destino- la prevención de otro hecho fatal y no el castigo por sí mismo: “Que lo metan preso, va a estar más seguro preso”, dijo Silvia Maya sobre el cabo Rodrigo Benvenutto. También le apuntó a la fiscala Hernández: “Que ella se cuide la espalda”, completó.