Los acusados fueron detenidos el 15 de julio en un puesto de control de la ruta provincial N°18. La Policía les encontró en el vehículo 74,7 kilos de marihuana, fraccionada en 167 “ladrillos”. Incluso, trascendió que en ese momento los dos acusados intentaron coimear a los policías.

La droga estaba oculta en la caja de carga, en un compartimento existente debajo del piso y en los laterales.

Los dos hombres quedaron detenidos en ese momento. Posteriormente, la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva. Consideró que no había peligro de fuga ni que podrían entorpecer la investigación (dos de las causales que pueden impedir la libertad hasta que se desarrolle el juicio).

El fiscal Baric dijo no estar de acuerdo y apeló la exención de prisión con la que fueron beneficiados. “Si bien es cierto que ninguno de los imputados podría alterar la prueba concerniente al expediente, no es menos cierto que el delito que se les enrostra es grave: fueron hallados transportando casi setenta y cinco (75) kilogramos de marihuana, distribuidos y disimulados en un vehículo, lo que importa de por sí una capacidad monetaria, una estructura y una organización que los excede”, expresó.

Además, dijo que el beneficio fue dictado sin que aún no se haya averiguado quién es y qué participación habría tenido en el hecho el propietario de la camioneta, quien en ese momento no se encontraba con los hombres detenidos, pero que de todas maneras “firmó en favor de (uno de ellos) la cédula de autorización para conducir el vehículo, hecho que lo podría convertir en coimputado y agravar el hecho investigado”.

El fiscal federal agregó que en el caso del otro hombre, el lugar donde le hicieron el informe ambiental no era su domicilio. “Se trata de la casa de un amigo que dice que lo alojaría allí, ya que el domicilio que diera en primer lugar, donde dijo vivir y que pertenece a su hermana, luego lo cambió por la falta de colaboración de ella misma, según sus propios dichos”, manifestó.

Baric remarcó que se estaba en presencia de “un delito ya calificado como grave, cuya escala penal tiene un mínimo de cuatro (4) y un máximo de quince (15) años de prisión, que aún puede ser incrementado si se verifica que grado de participación ha tenido el dueño de la camioneta, conforme el artículo 11, inciso C, de la misma ley de drogas, quedando en una escala que iría de entre los seis (6) a los veinte (20) años de prisión; que al menos uno de ellos no tiene domicilio fijo anterior al proceso y que la colaboración de ambos al esclarecimiento del presente no ha sido muy valiosa, por lo que, no es de esperar que dos personas con este cuadro se sometan mansamente a los designios de la Justicia”. La decisión finalmente la tendrá la Cámara Federal de Bahía Blanca.