Fuentes del sector petrolero confirmaron la estimación, y aseguraron que para el caso de YPF significa en Neuquén bajar entre 6 y 8 equipos, cada uno de ellos con entre 100 y 150 personas, y que esto ya está concretado y se mantendrá, si la situación no cambia (para bien o para mal) más allá de los 90 días inicialmente previsto en el plan preventivo de crisis, acordado a nivel nacional entre las empresas, el sindicato y el Gobierno.

Las mayores dudas tienen que ver con el impacto social que generará este ajuste, que pretende atacar fallas sistémicas en el proceso de producción de hidrocarburos en Argentina, pues la búsqueda de mayor eficiencia con menores costos no solo es una necesidad imperiosa, sino también una oportunidad para ganar competitividad, teniendo en cuenta un futuro que inexorablemente devolverá rentabilidad al sector a partir de una todavía impredecible recuperación de precios internacionales.

Las fuentes informantes destacaron que YPF jugará, por su presencia dominante, el rol fundamental en este proceso. Se afirma que la idea es sostener las empresas más chicas que hayan demostrado eficiencia, y dejar que las grandes asuman los costos del ajuste por su cuenta. Ganar así un equilibrio para preservar el sector, en lo posible, alejado de mayores costos, como sería una cadena de quiebras y cierres de empresas, que produjeran a su vez una ola de despidos.

Se destacó también el rol de moderación aplicado por el sindicato que conduce el senador nacional Guillermo Pereyra, pues desde las empresas se valora la comprensión del momento crítico y la necesidad de concurrir con acciones coordinadas para solventar la mayor cantidad de tiempo posible las fuentes laborales.

También se hizo alusión al dramatismo agregado que implica la indefinición política que todavía ronda alrededor de cuestiones esenciales de la industria. Por ejemplo, el retraso en definir nuevos precios para el gas, junto con su actualización tarifaria; y también las dudas que rodean todavía el rol de personajes claves, como el propio CEO de YPF, Miguel Galuccio, que permanece en su cargo pero sin una ratificación plena y explícita del gobierno de Mauricio Macri.