Dramática advertencia por la situación energética en el país

Dramática advertencia por la situación energética en el país
El país no aprovechó el período de precios altos de crudo para realizar inversiones exploratorias y ya importa gasoil.
Los precios, las tarifas y los subsidios perjudican a las provincias. Con Bolivia y Venezuela sólo se hicieron malos negocios.

El panorama es sombrío: "Argentina se encamina hacia la pérdida del autoabastecimiento energético", sostienen varios ex secretarios del área a modo de advertencia.

El país, dicen, "ha demostrado serias dificultades para ampliar la oferta en nueva generación eléctrica: el sector privado no cuenta en la situación actual con las condiciones mínimas para invertir, y el Estado, cuando lo hace -a través de Enarsa por ejemplo-, actúa en forma no planificada y recurriendo las más de las veces a costosas soluciones de urgencia".

Hay indicios ciertos de todo esto, más allá de que el Gobierno nacional desestime el planteo: desde 2003, nuestro país incumplió los compromisos de provisión de gas a Chile; se vio obligado a comprar ese fluido a Bolivia, pagando seis veces su valor en boca de pozo; faltó gasoil, y fue necesario importarlo, así como el fuel oil de Venezuela, a precios no competitivos. Ya también fue necesario importar electricidad de Brasil.

El faltante y los sobreprecios del gasoil en las áreas rurales hablan por sí mismos. Las soluciones no están a la vista y las provincias están pagando el costo de un sistema en crisis. En Capital y el Gran Buenos Aires la energía eléctrica cuesta la mitad que en Salta, Córdoba o Santa Fe.

Sin respuesta

Ayer, al término de la reunión convocada por la salteña Sonia Escudero, en el Interbloque Parlamentario Federal, quedó en evidencia que el esquema tarifario argentino es complejo e injusto. Los últimos aumentos en el gas que, en algunos casos y según las zonas, llegaron al 300%, se aplicaron para poder seguir importando gas a un precio 6 veces mayor que el que se produce en la Argentina.

El aumento es discriminatorio porque golpea con mayor dureza a los hogares de las regiones del NOA y NEA. Estas fueron las conclusiones que dejaron los ex secretarios de Energía de la Nación Enrique Devoto y Daniel Montamat y otros tres expertos que visitaron el Senado Nacional.

Sonia Escudero puntualizó que hasta la fecha se presentaron dos proyectos de ley en el Senado. Uno de Juan Pérez Alsina y otro de la propia legisladora, que también acompañaron sus pares de Salta. Asimismo, destacó que las asimetrías en la aplicación de los últimos aumentos en la tarifa de gas natural "tuvo un gran impacto en Salta, la segunda productora de gas natural en la Argentina". Devoto resaltó que "las reservas de gas sólo alcanzan para cubrir la demanda para los próximos 6 o 7 años". "La energía debe ser una política de Estado de mediano y corto plazo", agregó Escudero.

Salta produce y paga caro

Los salteños conocen mucho de exclusión, ya que en abril el ENARGAS emitió la resolución 730/09 que benefició a los usuarios residenciales de menor consumo de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y parte de Buenos Aires. Y Salta quedó afuera.

Por su parte, Montamat sostuvo que mientras el Estado paga US$ 1,62 el millón de BTU el gas que se produce en las cuencas de la Argentina -incluidas las de Salta- lo compró durante el primer trimestre de este año 6 veces más caro a Bolivia, exactamente 7,84 dólares. Precisamente, el último aumento tarifario se aplicó para poder seguir realizando esta "inconveniente operación".

Una situación más grave es la que atraviesan los usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir el gas envasado en garrafas, que en la Argentina lo emplean las familias más humildes: contrariamente a la redistribución que tanto sostiene el Gobierno nacional, es 4 veces más caro que el gas natural, y eso porque está vigente la garrafa social de 16 pesos. Los que no la consiguen la pagan seis veces más.

Críticas

El economista de FIEL Santiago Urbiztondo criticó el último aumento en la tarifa de gas que, en promedio, fue de un 85%, a través del decreto 2067/08. "Se aplicó en un mal momento, caracterizado por un contexto recesivo", porque no se quiso sacrificar la recaudación impositiva", dijo el especialista.

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