La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) intenta lograr un acuerdo con el Gobierno nacional para que se incorpore un subsidio regional, dirigido especialmente a los correntinos que poseen bajos ingresos económicos.   

En diálogo con EL LIBERTADOR, el ministro de Hacienda y Finanzas y titular de la Dpec, Enrique Vaz Torres, explicó que "desde la institución se pretende instrumentar una nueva medida, es decir, lanzar una tarifa social bien esquematizada", a lo que agregó que "esto requiere una discusión con Nación, para que también desde allá mantengan un compromiso y cumplan con los acuerdos que realizan".

Destacó que de convenios anteriores que se realizaron, donde el Gobierno se comprometió a girar los 160 millones de pesos que adeudan, más los 180 millones que se pactaron en abril de este año para ser invertidos en obras y gastos operativos, sólo se recibieron 18 millones.

Vaz Torres relató acerca de los convenios que tienen firmados con Nación y el primer envío que realizaron el año pasado, cuando se tuvo 380 millones de pesos de consumo y de inversiones para obras, sólo nos mandaron 18 millones. Indicó además que la Dpec perdió 300 millones, de no cobrar el costo que nos cobraba la Nación en el costo de energía. "Y encima no nos enviaban las regalías que nos pertenecen de la represa hidroeléctrica de Salto Grande", remarcó.

Según lo establecido por la Ley 24.954 de 1998, en la que se reconocen acuerdos firmados por Nación y las provincias, a Corrientes le pertenece el 27,5 por ciento de los montos generados allí.

Desde la empresa proveedora de energía intentan gestionar medidas igualitarias a los usuarios de Corrientes en comparación con los de Buenos Aires.

El titular de la Dpec resalta lo injusto que es para los correntinos pagar un costo diez veces más por un consumo que además es diez veces inferior al de un bonaerense, por tal motivo se refiere a la medida discrecional de Nación que subsidia más a quienes tienen mayor posibilidad de pagar.   

"Nosotros estamos más cerca de la represa, donde se genera el 25 por ciento de la energía al país, y estamos castigados por estos sobrecostos que nos aplican", argumentó Vaz Torres.

Enfatizó en la importancia y la necesidad de implementar una tarifa social que cubra cerca del 70 y 75 por ciento del costo de la energía para ofrecer una mejor calidad de vida al que no tiene para pagar, al que no puede, al que está colgado o al que realmente necesita. "De lo contrario cualquier subsidio es una mentira", expresó.

"Hay que eliminar el subsidio a la oferta"

Según el titular de la Dpec, Enrique Vaz Torres, para que se pueda lograr un convenio de tarifa social para los usuarios primero hay que eliminar el subsidio a la oferta.

"Yo soy un convencido de que nosotros debemos eliminar el subsidio a la oferta, que es el subsidio que se le hace a los que producen la energía que son cuatro o cinco empresas". Explica que si se continúa de la misma manera, "siempre seguirá todo en una cuestión muy cerrada con los grandes actores del sistema", a lo que agregó que "hay que aplicar ese subsidio, una vez que los actores acuerden con el Estado cuál es el costo de la energía que el Estado nacional debe proveer a cada una de las distribuidoras, a través del sistema de interconexión nacional y con los costos que tenga la repartición de la energía en transporte a alta escala".

Señaló además que cada una de estas firmas comercializadoras deben fijar determinados precios de acuerdo al subsidio.

En definitiva, lo que plantea la Dpec es realizar algo similar a lo que sucedió con el gas. Implementar medidas como la Asignación Universal por Hijo, programa Hogar, Asignación por embarazo, etcétera. "Todos esos subsidios están dirigidos a personas de determinada condición económica, por eso buscamos una tarifa social, porque la misma tiene que operar directamente en la gente".