La Dorita también ve bajar las aguas turbias

La Dorita también ve bajar las aguas turbias
El actual presidente de la Sociedad Rural Argentina tiene una causa abierta por sus propios vecinos, por volcarles aguas a sus campos. Lo taparon y Biolcati volvió a abrirlo.
La estancia La Dorita fue denunciada en 2001 ante la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires por la existencia de un canal clandestino que permitía escurrir sus campos afectando a sus vecinos. El dueño de esos campos es Hugo Biolcati, actual presidente de la Sociedad Rural Argentina. En esos años de padecimiento de los productores, por los efectos económicos de la convertibilidad y por la gran inundación en la Pampa Húmeda, la construcción de canales aliviadores ilegales multiplicaron los riesgos sobre el casco urbano de decenas de localidades y sobre los campos de pequeños y medianos productores. Esas obras provocaron varios enfrentamientos entre productores y también entre intendentes. Uno de los canales clandestinos que hizo estragos fue el construido en la estancia La Dorita, que servía para salvar los campos de Biolcati. Una serie de artículos publicados en esos años en el diario La Nación, medio que no puede ser señalado como enemigo del campo al expresar como ningún otro el interés de los integrantes del sector agropecuario privilegiado, refleja el caso de La Dorita de Biolcati, entre otros. El titular de la Sociedad Rural se refirió la semana pasada a la denuncia de canales clandestinos que inundaron gran parte del pueblo de San Antonio de Areco. Opinó que esa acusación era "mezquina" y que no tenía nada que ver con la "gravísima inundación". Biolcati sabe de lo que habla.

En 2001 vecinos de Biolcati, entre los más destacados se encontraban los de la estancia Santa Elena de Inchauspe, iniciaron un expediente ante la Dirección de Hidráulica denunciando que en la estancia La Dorita se había construido un canal clandestino. Se inició una causa. Hubo un allanamiento pedido por el fiscal de la provincia el 30 de octubre de 2001. Luego de ese procedimiento que constató la existencia de ese canal se procedió a su taponamiento. Pero fue reabierto nuevamente. Los tribunales de Trenque Lauquen son los únicos en los 13 partidos del noroeste bonaerense. Los jueces de ese municipio son los que intervienen en las causas de todos los habitantes de esa región. Por ese motivo, frente a la reapertura de ese canal ilegal, el juez en lo civil y comercial Toribio Sosa de Trenque Lauquen y el delegado fiscal de la fiscalía de Estado, con sede en Trenque Lauquen, Miguel H. Paso, en marzo de 2002, libraron un mandamiento para allanar el lugar si no se permitía el ingreso y para taponar el canal clandestino. Este afectaba a las localidades de Cambaceres y French, del municipio de 9 de Julio. El juez Sosa intimó a La Dorita a abstenerse de reabrir el canal.

Expertos del sector y productores agropecuarios que batallan contra el "sálvese quien pueda" de sus pares, comportamiento que se verifica en especial entre los de mayor poder económico, destacan que el manejo del agua de la provincia ha sido históricamente desastroso. Y evalúan como muy ineficaces los mecanismos del Estado para controlar los canales clandestinos. Pero también saben que en los pueblos bonaerenses muchos de los canales clandestinos se hacen con la anuencia de los intendentes, que no se quieren enemistar con el poder económico local.

Por ejemplo, en el caso de La Dorita, el protagonista fue el radical José Andreoli, de Carlos Casares, que se suicidó con una escopeta calibre 12.70 luego de haber sido suspendido por el Concejo Deliberante acusado de cometer irregularidades en la contratación de seguros de vida para empleados comunales. También había sido denunciado por haber hecho canalizar su campo para evitar el anegamiento, como se menciona en un artículo de La Nación, publicado el jueves 25 de octubre de 2001.

El desastre de San Antonio de Areco sorprendió por su dimensión, pero no por una de las principales causas que lo precipitó: la existencia de numerosos canales clandestinos. En otra nota de La Nación, del sábado 13 de marzo de 2004, se hace mención a un documento de la Autoridad del Agua (ADA), el organismo encargado de ordenar el manejo del agua en la provincia. Ante la denuncia sobre la existencia de 1041 canales u obras hidráulicas irregulares en las zonas inundadas del centro y noroeste bonaerense en el período 2003-marzo 2004, esa dependencia oficial dio curso a un total de 994 expedientes –el resto de las presentaciones fue desestimado– y, previo análisis de cada caso, dispuso la intimación de 711 infractores, el 72 por ciento del total de los acusados. El autor de ese artículo, el periodista Pablo Morosi, precisa que la Autoridad del Agua "resolvió declarar clandestinos a 329 de esos emprendimientos (el 33 por ciento). Y logró la desactivación voluntaria, mediante un mecanismo de audiencias, de 287 obras (el 29 por ciento); además de haber conseguido sacar de operación otras siete por vía judicial".

El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, cuando todavía no era un abanderado de las rebelión sojera BB (Biolcati-Buzzi), firmó el 22 de octubre de 2002 la resolución 229 referida a las obras no autorizadas en los campos. Estableció un nuevo procedimiento para frenar la construcción de canales clandestinos "que alteren el normal escurrimiento de las aguas en las zonas afectadas por las inundaciones". La resolución indica que, ante la existencia de obras sin permiso, se debe denunciar por escrito ante el distrito de Hidráulica más cercano, el cual debe comprobar la existencia de la obra y remitir la información en 72 horas al director provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. Esta repartición, en 48 horas, debe corroborar si los trabajos están autorizados. En caso contrario, tiene que girar las actuaciones a la Autoridad del Agua, que intima al propietario de la obra. Según esa norma, si éste no presenta documentación que acredite que podía realizarlos, se declara su clandestinidad, y se lo intima a restituir la situación a su estado anterior. De no hacerlo, debe realizarlo ADA, a costa del propietario y con el auxilio de la policía.

Existe otra causa vinculada a canales clandestinos que llegó a la Corte Suprema de Justicia que involucra a La Dorita de Biolcati. Se relacionaba al riesgo de desborde de la laguna Maganini, en Casares. Este conflicto surge porque existía un canal que evacuaba las aguas pluviales hacia otra laguna que está dentro de la estancia La Dorita y que hacía imposible desagotarlo en su terreno. En 1996 la provincia de Buenos Aires, por medio de la Dirección de Hidráulica, desvió artificialmente aguas a la laguna ubicada en el campo La Dorita, que al recibir más líquido del que podía contener, desbordó y penetró en el establecimiento El Pequén, de Serenar SA, está situado en el cuartel IV del partido de 9 de Julio y comprende una fracción de 495 hectáreas.

El comunicado difundido por la Sociedad Rural se parece más a una defensa preventiva de su titular que una referencia al desastre en el centro urbano de San Antonio de Areco provocado por los canales clandestinos. La entidad manejada por Biolcati calificó como una "imprudencia" que se lancen acusaciones "sin fundamentos evidentes sobre un sector social como el de los productores agropecuarios". "Lo genuino moralmente será demostrar un interés concreto por resolver estos problemas en lo inmediato", destacó. Sus compañeros de la rebelión sojera de la Mesa de Enlace no desconocen la gravedad de la existencia de canales clandestinos y de la responsabilidad de las autoridades municipales y provinciales, pero también la de los productores. En una carta al lector publicada en La Nación, el sábado 27 de marzo de 2004, con el título "Tiempo de actuar", Mario Llambías, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), aconsejó que "en el nivel municipal, al igual que los particulares, se deberán adecuar los alteos de caminos y se deberán promover por cuencas y microcuencas la constitución de consorcios canaleros vecinales para actuar sobre sus propias obras de regulación ante excesos o faltantes hídricos". Para reclamar que "los productores, a su vez, deberían desafectar obras que no sean aprobadas y constituir rápidamente los consorcios, así como regular su funcionamiento ante las distintas circunstancias climáticas". Llambías tendrá la oportunidad de recordar y reiterar ese pedido a su compañero de lucha Biolcati en la próxima reunión de la Mesa de Enlace.

Comentá la nota