Se trata de la causa en la que Bonadio citó para el miércoles próximo a la ex presidenta y a su ex ministro de Economía Axel Kicillof para el martes, a quienes responsabiliza por haber tomado la decisión política de la maniobra investigada.

Pero paralelamente, la Sala II de la Cámara deberá resolver sobre un pedido de apartamiento del polémico Bonadio, que hizo otros de los acusados, el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Biscay.

A ese efecto, la Cámara citó para mañana para unos minutos antes de las 11 a una audiencia oral para expongan los abogados de Biscay,Alejandro Rúa y Paula Honisch. Explicarán porqué Bonadio debe serapartado.

La pregunta que se hacen todos en tribunales es si la Cámara resolverá antes del miércoles, la fecha en la que debe presentase la ex presidenta.

La defensa de Biscay recusó a Bonadio porque el magistrado les negó fotocopiar parte del expediente, con lo que consideran que se les ha negado el derecho de defensa.

"Un mes después que las pidiera y a días de la fecha en que nuestro asistido debe presentarse a declarar en el legajo, no ha podido obtener aún copia de la voluminosa documentación reservada en Secretaría y que ha reclamado", dice parte del escrito por el que se pidió el apartamiento.

Bonadio rechazó el planteo y mañana lunes, ante los camaristasMartín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, los abogados de Biscay deberán explayarse.

La defensa también sostuvo que el día de la indagatoria de Biscay, que fue el lunes pasado, el imputado había sufrido un accidente en bicicleta que le impedía asistir y presentó la justificación y una declaración por escrito. En el juzgado se habrían negado a recibir esta presentación, por lo que Biscay debió presentarse.

Al realizar la acusación y citar a indagatoria, Bonadio sostuvo que la venta de dólar a futuro es un accionar "irregular, ilegal e ilegitimo", con el objetivo "de mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra,/venta durante la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración que debía asumir el 10 de diciembre de 2015 y a despecho de los evidentes perjuicios que estas operaciones provocarían a futuro".

La imputación que se corresponde con los hechos descriptos por el juez es administración fraudulenta por abuso de confianza, que tiene un máximo de 6 años de prisión. Bonadio acusó a Cristina Kirchner y a Kicillof de tomar la decisión política de hacer la operación de dólar futuro.