Docentes de los SEOS exigen una ley que los regule y proteja

Temen que cierren porque no hay políticas del Gobierno que los apoyen.
El trabajo que realizan los docentes para el Servicio Educativo de Origen Social (SEOS) no tiene ninguna garantía, ya que no cuentan con una ley que los saque de la precariedad laboral en la cual están estancados. Actualmente se está debatiendo sobre una legislación, pero los trabajadores le exigen al Gobierno, entre otros puntos, una normativa que gestione el ámbito social dentro de la educación y que tenga en cuenta la equiparación de los docentes de los SEOS con el resto de los empleados de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Los SEOS brindan un servicio a niños, adolescentes y a sus familias con una propuesta educativa, asistencial y pedagógica, a través de jardines maternales y centros de apoyo educativo para chicos de 5 a 14 años.

Existen desde 1988 y es el único espacio educativo del Estado que se hace cargo de cumplir esta función. Pero la Provincia, por medio de Educación Privada de la DGE, subsidia únicamente los cargos de los docentes de los SEOS entregando esos fondos a los municipios u ONG que se hacen cargo del resto de los gastos y las responsabilidades del funcionamiento.

Marina Tejón es directora del jardín maternal Piquillín, en Las Heras, y afirma que desde hace 21 años que los docentes son contratados y que no tienen garantizada la estabilidad laboral.

"Queremos igualdad de derechos con respecto al resto de los docentes de la DGE. Queremos una ley que cree una dirección de gestión social, como parte de la política provincial en relación con el actual concepto de educación. Allí, el Estado es el garante y principal responsable", señaló Tejón.

Además, en representación de sus colegas, la directora comentó que la legislación debe incorporar a las auxiliares en un marco de trabajo digno, en blanco y rentado y que, a su vez, garantice la participación y gestión de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, municipios y ONG, en el proyecto pedagógico y socio comunitario.

"Desde el comienzo, los trabajadores y las entidades intermedias han luchado para que exista una ley que regule el funcionamiento y que el Estado asuma la responsabilidad indelegable de garantizar financiera, técnica y administrativamente todo lo que requiere un SEOS para funcionar, así también como las condiciones de trabajo digno de todos los que se desempeñan allí", concluyó.

La docente agregó como ejemplo el cierre del jardín maternal La Casita del Hospital Central, que es gestionado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y que para el año que viene no abrirá sus inscripciones.

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