Pero ocurre que en simultáneo con las señales de fuerte caída de la economía, el final de este año –o el arranque del final de su etapa– exhibe una doble fractura en el discurso que buscaba blindar su accionar y justificar todo desde una pretendida supremacía ética. El caso de las sospechas sobre la actividad hotelera de la familia presidencial parece empequeñecer las causas que involucran a Amado Boudou, pero mayor deterioro plantea la defensa cerrada del general César Milani, acusado por la desaparición de un soldado durante la dictadura. Tarea difícil para los voceros oficialistas: el resguardo del militar fue ordenado desde Olivos en medio de la perturbación que le provoca la investigación que puso en foco a la empresa Hotesur.

Ya en tiempos en que todas las luces estaban puestas sobre el caso Ciccone y otras huellas del vicepresidente, una fuente conocedora del entramado de negocios patagónicos advertía sobre la menos visible pero creciente preocupación del círculo presidencial en torno de las investigaciones que tienen como principal implicado a Lázaro Báez. Desde entonces, la situación no ha hecho otra cosa que agravarse.

Ocurre que también para el empresario, de enorme ascenso durante el kirchnerismo, el tema tiene connotaciones familiares. Báez le habría transmitido personalmente su inquietud a la Presidenta, durante sus días en el Sur. Y además se lo hizo saber a integrantes del entorno presidencial. En pocas palabras, dicen, temía que le soltaran la mano y esa preocupación, compartida por su familia, incluía en los primeros lugares el futuro de su hijo Martín, con fuerte exposición en algunos de los negocios paternos.

La tensión en este frente creció al ritmo de las causas judiciales por presunto lavado de dinero, al igual que lo habrían hecho aquellos pedidos de resguardo. Pero las líneas defensivas muestran fisuras. El juez Sebastián Casanello recibió una orden concreta de la Cámara Federal para que enfoque la investigación en Báez. Y el fiscal Guillermo Marijuan pidió la semana pasada que el empresario sea citado a declaración indagatoria.

Las novedades judiciales empezaron a producirse en un contexto ya complejo por el interés externo sobre la denominada ruta del dinero K. Y terminan potenciándose con el caso que va creciendo alrededor de la empresa Hotesur, que sugiere complicaciones bastante más densas que las irregularidades en los papeles de esa sociedad.

El caso de Milani es sustancialmente diferente, aunque también impacta, y de manera profunda, sobre el discurso oficial.

Las reacciones del cristinismo siempre buscaron ampararse en el escaso avance de la causa sobre la desaparición del soldado Alberto Ledo. El trámite judicial sufrió diversas trabas promovidas desde el poder político, según denunciaron sus familiares y algunos dirigentes de organismos de derechos humanos, que contrastan la lentitud de esta causa y el modo en que se resuelve la mayoría de los casos similares. Pero el martes último el tema fue reactivado: el fiscal Carlos Brito solicitó que el militar sea llamado a indagatoria.

El fiscal está imputando al jefe del Ejército al menos por posible encubrimiento de la desaparición de Ledo. El militar firmó el parte que declaró desertor al conscripto. No es ese un dato suelto, menor. Fue otra de las perversiones de la dictadura: muchos de los soldados desaparecidos –más de cien, según estimaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos– fueron registrados como desertores para tratar de disfrazar los hechos y lograr impunidad. En otras palabras, era un método repetido en aquellos años oscuros.

Cuando se discutió el último ascenso de Milani, algunas voces oficialistas intentaron descalificar las denuncias con el argumento de la juventud del militar en épocas de la dictadura. Patético. Milani tenía entonces –mediados de 1976– alrededor de 23 años, más o menos la misma edad que Alfredo Astiz y otros integrantes de grupos de tareas condenados por la Justicia.

Pasado aquel trámite en el Senado, el jefe del Ejército había logrado frenar la causa que lo involucra. Con el pedido del fiscal, la defensa pública desde el oficialismo fue puesta otra vez a prueba. Y volvió a exhibir cerrazón pero también problemas, desde la negativa a hablar del tema por parte de Hebe de Bonafini hasta criterios un tanto curiosos de Aníbal Fernández.

El secretario general de la Presidencia sostuvo que si el militar fuera procesado, la Presidenta lo pasaría a retiro, es decir, lo echaría. Después, aún manteniendo esa hipótesis, afirmó que no vio hasta ahora elementos que puedan provocar el procesamiento de Milani. Como sea, el punto de vista del secretario general es llamativo: no se entiende por qué el carácter de procesado determina la salida de un militar y no la de un funcionario, como Boudou.

Pero no son esas cosas las que dominan el enojo frente al avance judicial de las causas que sacuden a Olivos y destartalan aún más el discurso oficialista.

En las filas más próximas a Olivos sostienen que todo es parte de una “guerra” entre sectores de la Justicia –en especial, muchos jueces federales– y el Gobierno. Algo no mucho más elaborado ha expresado la Presidenta. Dicho de manera directa, consideran que se trata de ataques o maniobras frente a su política “democratizadora”, parte además de una estrategia conspirativa de diversas corporaciones.

Nadie que siga de cerca estos temas desconoce la tensión que cruza juzgados y fiscalías. Pero hay un tema de fondo que buscan disimular: los casos existen y, por lo menos algunos, durmieron antes por razones bastante evidentes. Olivos se enoja con la “guerra”, pero difícilmente pueda explicar cómo se lograban las “paces” previas. Cosas de los ciclos del poder.