Un doble cerco que se cierra

Por Carlos Pagni

"Ustedes saben cómo pienso acerca de las cuestiones fundamentales que se deben privilegiar en la Argentina; puede haber gente que piense diferente, pero bueno, creo que para eso está el Parlamento." Quienes se irritan con la autosuficiencia de Cristina Kirchner deberían reconocerle la sinceridad.

Con aquella confesión, pronunciada ante los legisladores de su partido el miércoles pasado, la Presidenta mató cualquier semilla de diálogo, político o sectorial. La Casa Rosada no está para atender a los que piensen distinto. Las primeras víctimas de ese aislamiento presidencial fueron los apóstoles más fieles, que la semana pasada quedaron sin instrumentos de negociación. Miguel Pichetto y Agustín Rossi debieron tolerar que la reducción de los superpoderes fuera una concesión de su jefa, no el resultado de sus forcejeos con la oposición parlamentaria. Y el único obsequio, contante y sonante, que el Gobierno le hizo al campo en estos días, el subsidio a los tamberos, fue anunciado por la señora de Kirchner un día antes de que Aníbal Fernández se sentara a negociar con la Comisión de Enlace. Costumbres de la casa. Uno de los dirigentes políticos latinoamericanos que acompañaron el viernes a Antonio Cafiero a ver a la Presidenta debió sugerir, al cabo de dos horas de amansadora, que les sirvieran un vaso de agua. La funcionaria de Cancillería que los acompañaba adujo problemas de protocolo para satisfacer el pedido.

Si el Gobierno no consigue ?o no decide? salir de su repliegue, el país irá, tarde o temprano, a una crisis. Con un oficialismo en minoría, no hay gobernabilidad sin diálogo.

Alrededor de la Casa Rosada se va estrechando un doble cerco, parlamentario y fiscal. Hay por lo menos tres gobernadores que pagan salarios en cuotas. El jueves pasado, los jueces de la Corte Suprema enviaron una advertencia inquietante a la Casa Rosada: hay seis provincias (Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Santa Fe y Salta) que recurrieron a ellos porque el Tesoro no cumple con los giros mínimos a los que obliga la ley de coparticipación. Los jueces, que no pueden demorar mucho más un pronunciamiento, detestan fallar sobre problemas que tendrían solución en la política. Pero los ministros del gabinete no hablan ni entre ellos.

Mientras tanto, los diputados del PJ de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, a instancias del disidente bonaerense Jorge Sarghini, alientan un proyecto por el cual se obliga al Ejecutivo a distribuir el saldo acumulado en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN): son $ 8500 millones. Es posible que Daniel Scioli, el nuevo Daniel Scioli, convoque a una reunión a los diputados bonaerenses para tratar esa iniciativa y la restauración del Fondo del Conurbano. Después vienen el impuesto a las ganancias, la coparticipación del impuesto al cheque, la ley de emergencia económica y el presupuesto.

La recomendación presidencial para que los que piensen distinto se dirijan al Poder Legislativo empezará a cumplirse. Esta semana la Argentina asistirá al renacimiento de su Congreso. Pasado mañana el Senado empezará a tratar en la Comisión de Energía una posible anulación del decreto 2067/08, que dispuso aumentos del 260% en las facturas de gas. Como consignó LA NACION el viernes, esa medida ya tiene ocho fallos en contra. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo aún no se pronunció. Los jueces ?de nuevo? prefieren no saldar lo que puede resolver la política. Más silenciosa, la presión por el tarifazo es también más generalizada que la del campo. Hasta senadores ultraoficialistas, como Marcelo Guinle o Guillermo Jenefes, se resisten a defender el decreto.

El aumento del gas se destina a los fideicomisos con los que el Gobierno viene financiando la infraestructura. La discusión abrirá un debate desagradable: la corrupción en las ampliaciones de gasoductos. Después de pedir dos procesamientos en el caso Skanska, el entonces fiscal Carlos Stornelli denunció que la segunda expansión de gasoductos se proyectó en US$ 1427 millones, pero se adjudicó en US$ 2347 millones. Stornelli terminó como ministro de Scioli ?del viejo Scioli?. Antonio Pronsato, del Enargas, todavía no consiguió que las empresas transportistas convalidaran esos aumentos.

La anulación del decreto sería una pésima noticia para Hacienda. El tarifazo se produjo porque el Tesoro no puede hacerse cargo de subsidiar la energía. El Congreso podría sepultar, el miércoles que viene, la teoría del desacople de los precios domésticos y los internacionales, de la que se ufanó la Presidenta el miércoles pasado.

La Argentina es como un péndulo. Los legisladores se están tomando al pie de la letra la sugerencia presidencial de un "gobierno del Parlamento" y ensayan una minirrevolución francesa. También pasado mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados dictaminará sobre la prórroga de la delegación legislativa. El Congreso podría reasumir las innumerables atribuciones que se le transfirieron al Ejecutivo, en unas 1900 leyes, desde 1853. Entre ellas están las del artículo 755 del Código Aduanero ?por el cual se fijan las alícuotas de las retenciones? y las facultades de la Oncca.

El oficialismo propuso que se renovaran todas las facultades por un año. Pero su jefe, Agustín Rossi, deberá admitir una modificación para tener los votos: en el caso del Código Aduanero, se seguirá autorizando al Ejecutivo a modificar las alícuotas siempre que sea para reducirlas. Si la señora de Kirchner quisiera aumentarlas, debería conseguir una ley. Rossi dirá que cumple con su promesa de diálogo, pero cede sobre algo que nunca sucederá. El viernes, al negarse a discutir las retenciones, la Casa Rosada lo dejó sin poder de negociación. Para defenderse, Rossi denunciará a los opositores de convertirse en amanuenses de una corporación insaciable. Les preguntará, insidioso: "¿Quién ganó las elecciones? ¿Ustedes o el campo?".

Hasta anoche, no era seguro que Rossi tuviera los votos. La UCR y Pro no quieren prorrogarle a la Presidencia ninguna facultad parlamentaria. El peronismo disidente aceptaría renovar todas menos las del Código Aduanero y la Oncca.

El triunfo de estas posiciones no anularía las retenciones en su estado actual. Pero, imposibilitado de tocar las alícuotas, el Gobierno deberá ceder al Congreso la interlocución con el campo. Es la salida para los que piensan distinto. ¿Lo habrá pensado bien el calculista Julio Cobos? No vaya a ser que, si llega a la presidencia, el PJ decida una rebaja drástica de los derechos de aduana. Sería el vuelto a su "voto no positivo".

La propuesta más agresiva es la de quienes se muestran más cooperativos. Son los ex kirchneristas que encabezan Vilma Ibarra (cerebro parlamentario de esta discusión), Claudio Lozano y un sector del ARI disidente. Ellos renovarían la delegación a cambio de un mayor control del Congreso sobre lo que el Ejecutivo hace con esas atribuciones y con los decretos de necesidad y urgencia.

La Constitución obliga al Gobierno a remitir a la Comisión Bicameral de DNU, Legislación Delegada y Promulgación Parcial de Leyes esas dos clases de normas, que siguen vigentes, salvo que ambas Cámaras las rechacen. El ex kirchnerismo reclamará que caduquen si el Congreso no las aprueba en 60 días.

El de los DNU es el debate más riesgoso para el Gobierno. Un ejemplo: los superpoderes que el Congreso comenzará a acotar esta semana le permitieron al Ejecutivo modificar partidas por no más del 4% de los gastos presupuestados. Pero en 2008 la señora de Kirchner dispuso, a través de un DNU ?el de ampliación presupuestaria?, del 25% del gasto público. Quizás ella estaba pensando en esos números cuando dijo, frente a los legisladores oficialistas, que la discusión por los superpoderes es "artificial".

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