Edenor y Edesur descuentan que en las próximas horas llegará la resolución salvadora que, cosmética contable mediante, le permitirá corregir los balances y superar su situación de patrimonio neto negativo. De no ser así, desde el punto de vista legal las distribuidoras de Capital y Gran Buenos Aires quedarían al borde de una tragedia como su disolución y consecuente caída de la concesión, que hace más de veinte años obtuvieron por noventa.

Por lo demás, el verano comenzó con los astros alineados a favor del sector eléctrico por un mix de clima templado y actividad económica frenada, que moderan la demanda. En los últimos once meses, los registros en el área metropolitana indican que los requerimientos  de los rubros Servicios y Comercio subieron un 2 y un 0,2%, respectivamente. Pero el resto de las grandes demandas retrocedieron, baja que en el caso de las industrias metálicas llegó al 9 por ciento.

Aunque a pesar de los horóscopos agoreros, el 2015 no pinta como un año tan terrible, ni para el rubro ni para la actividad en general.

Es cierto que si durante varias jornadas consecutivas se repitiera el pico de demanda por el encendido masivo de aires acondicionados que hace un año llegó a 24.000 megawatt (lejos de los 14.000 del mediodía del viernes pasado), las redes crujirían hasta el punto de su eventual fractura, a pesar de las obras para mejorar las instalaciones, que durante el año las empresas ejecutaron con la supervisión y recursos públicos, al menos en parte.

Porque las inversiones palian los déficits de la infraestructura pero no acompañan la exigencia de una demanda que en conjunto crece varios puntos por año (4% sobre el transporte, por ejemplo), a pesar de algunas caídas coyunturales.

La Cámara Argentina de Comercio descuenta que el año electoral tendrá la misma performance del anterior, cuando el consumo de bienes de primera necesidad retrocedió un moderado 1,3%. Y justamente porque es un año de convocatoria a las urnas, difícilmente se escatimen recursos públicos para las actividades sostenidas con ellos.

Podría aventurarse que no hay riesgo de apagón ni de colapso en las privatizaciones del sector, que hoy funcionan bajo un régimen muy distinto al original.

Virtual reestatización de hecho

El Estado tiene un papel decisivo en la generación, transporte y distribución, no sólo como regulador sino como vital aportante de recursos y cogestionador:

- Es quien provee el combustible que necesitan las generadoras, principal insumo de las centrales térmicas que representan, a su vez, casi el 60% de la energía eléctrica generada en el país. Fija el precio tope (120 pesos el megawatt) y, a través de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, paga una parte de la factura con papeles de deuda. Los  Lvfvd (liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir)  no tienen un plazo cierto, pueden dolarizarse e implican la promesa de ser pagados en ciento veinte cuotas.

- También auxilia a Transener para cubrir sus costos operativos: la firma dedicada al transporte y que lidera Citelec (Pampa Holding, Electroingeniería y Enarsa) disminuyó su quebranto de 105 millones de pesos a 3,3 desde el 2012 al 2013, gracias al reconocimiento de mayores costos.

- Y las distribuidoras de Capital Federal y Buenos Aires –las más complicadas por tener una tarifa menor a las similares del resto del país– apenas pagan el 24% del costo de la electricidad que distribuyen y entre el 22% y el 35% de los costos de la explotación, según quién haga el cálculo de cuánto rinde el Valor Agregado de Distribución. El resto se cubre con dinero público, que las compañías lideradas por la local Pampa Holding (Edenor) y la italiana Enel (Edesur) asumen en principio como una deuda.

A fines de 2013 la resolución 250 de la Secretaría de Energía, terminó condonando gran parte de ese pasivo permitiéndole a las distribuidoras que lo computen como una compensación por mayores costos. De esa manera, el poder concedente honró una promesa asumida con estas privatizadas y, al mismo tiempo, las rescató del precipicio.

La apuesta es que ahora ocurra algo similar, consolidando un esquema que implica una reestatización de facto. Las distribuidoras pagan sólo una porción minoritaria de su insumo clave, las paritarias de los trabajadores de Luz y Fuerza se sellan en la oficina del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y las inversiones de más envergadura son en gran parte costeadas por el Ministerio de Planificación.

A pesar del enorme esfuerzo fiscal para subvencionar a los usuarios finales, los beneficiados con precios más bajos de la energía, las cuentas privadas afrontan complicaciones. Según los balances presentados a la Comisión Nacional de Valores al tercer trimestre del año, Edenor registraba un quebranto algo superior a 1.400 millones de pesos y Edesur un poco superior a los 2.000 millones.

Ese rojo en las cuentas y el pasivo asumido a favor de Cammesa (responsable de administrar la subvención al sistema) van horadando el patrimonio empresario y dejan a las concesionarias en off side según la Ley de Sociedades Comerciales.

Cambio de concepto:  pagar lo que vale

El punto de partida de este modelo es la decisión de mantener bajo los precios de la energía para que ganen competitividad las industrias y apuntalar el salario real.  Para eso las tarifas se disociaron de los costos, en un esquema difícil de sostener en el largo plazo y que empezó a modificarse parcialmente con las normas oficiales que reconocieron a los actores de cada segmento alguna compensación por los mayores costos de la explotación. Link entre las dos puntas: lo que paga el usuario y lo que cuesta el servicio.

Pero este primer paso aún tiene cautiva a la caja pública, responsable de afrontar esos mayores gastos de algún modo, en el complejo esquema de relaciones económicas entre las empresas del rubro y éstas con el Estado.

Un próximo y previsible paso será el de eludir la intermediación estatal de fondos, de modo tal que sean los usuarios de todas las categorías los que afronten a su cargo lo que cuesta el servicio, con los correspondientes ajustes periódicos. El mercado hace rato que descuenta ese aumento de tarifas, que permitiría reforzar la recaudación privada, y por eso las acciones de las firmas energéticas –incluyendo las que hoy tienen patrimonio neto negativo– están entre las que más subieron de precio. Lo que no está claro es qué administración tomará la decisión.