La distribución de las cooperativas kirchneristas

Se desató la interna política en el recalcitrante Conurbano bonaerense por la llegada e instalación de las cooperativas de trabajo, que lanzó la presidenta Cristina Fernández hace poco más de un mes y medio.
El anuncio del Gobierno nacional es contener la pobreza, que actualmente está en dos dígitos en el Gran Buenos Aires, donde hay más de 800 asentamientos, con un millón de indigentes.

Pero el lanzamiento del Plan de Ingreso Social con Trabajo produjo la disputa entre intendentes peronistas, las agrupaciones sociales kirchneristas y los movimientos piqueteros que no comulgan con el oficialismo.

Es que las inscripciones de cooperativas se encuentran distribuidas por el ministerio de Desarrollo Social, que dirige Alicia Kirchner, pero a través del subsecretario de Comercialización de Economía Social, dependiente de la secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional de la cartera, Emilio Pérsico, quien junto a varios caciques del Gran Buenos Aires reparte los "planes" a agrupaciones sociales K.

Resistencia y forcejeo

El Plan de Ingreso Social con Trabajo es un programa que confunde hasta a los propios intendentes. Por ejemplo, se habla de sueldos cooperativistas que van de 1.200 hasta 1.500 pesos. Al ser consultados por el salario de los beneficiarios, los jefes comunales hablan de 1.250 pesos, pero los funcionarios nacionales y provinciales hablan de sueldos que ascienden a 1.350 o 1.500 pesos. Sobre la posibilidad de cuántas cooperativas podrían recibir los caciques, fuentes oficiales especulan con 40 por distrito, aunque hasta el momento, las lanzadas en Ituzaingó y Pilar son de 20 y 25, respectivamente.

Según el propio Pérsico, las inscripciones cooperativas se realizaron en todos los municipios del GBA (34 localidades), pero solamente fueron puestas en marcha en 10 distritos, gobernados por intendentes del PJ. Aunque indican desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación que desde este mes, es decir, octubre, ya funcionan todos los centros cooperativos de todo el Conurbano.

Estas diferencias que se hablan del mismo programa no dejan en claro el verdadero funcionamiento de las cooperativas. Pero algunos jefes comunales, en estricto off, comentan cómo se divide el reparto.

-¿Cuál es el límite de contratos o cooperativas al que pueden acceder los intendentes?

-Estamos haciendo todo transparente. Los intendentes organizamos con algunas agrupaciones sociales locales la creación de las cooperativas. Tendremos un cupo de 20, más o menos, aunque en los distritos están funcionando entre 30 y 40 cooperativas que se enmarcan en este plan.

-¿Y el resto de esas cooperativas, quién las maneja, quién las otorga, si no son ustedes?

-Las demás son manejadas por las agrupaciones sociales que tienen algún vínculo con el Gobierno nacional. La idea es contener la pobreza de los municipios con los que nosotros, los intendentes, relevamos, y con los trabajos territoriales que realizan algunas agrupaciones alojadas en nuestros distritos.

-¿Por eso algunos movimientos de izquierda se sublevaron, porque no lograron conseguir trabajo para las personas que ellos dirigen?

-(Silencio) Hay una resistencia por parte de estas agrupaciones que no tienen la posibilidad de ser beneficiadas. Es cierto que muchos hacen un trabajo increíble en los barrios, pero hay muchos que quieren planes y luego no van a trabajar.

-Pero si en un municipio entregan 500 contratos cooperativistas, por llamarlos de alguna forma, una mitad lo manejan los intendentes y la otra las agrupaciones kirchneristas, deberán negociar con los movimientos no afines, porque producirá fuertes problemas…

-Se está evaluando. Con varias agrupaciones se está conversando para darles dos o tres cooperativas, que tienen como resultado la incorporación de 150 personas.

De esta manera, un intendente del GBA comenta cómo y de qué forma las cooperativas son una herramienta para disminuir la pobreza. Un porcentaje, que casi siempre es el 50 o 60 por ciento, es manejado por los jefes comunales que son acompañados en su gestión por diferentes agrupaciones, y el resto por movimientos sociales allegados al kirchnerismo. Por estos días, ante la resistencia y el levantamiento de grupos de izquierda que amenazan con cortes de rutas y grandes desmanes sociales, negocian con las agrupaciones sociales "oficiales" la incorporación en el plan del Gobierno.

Cómo se arman

Cada cooperativa está formada por un presidente, un tesorero y un secretario, y se rige por un régimen especial que le permite estar exenta de tributar durante dos años al fisco.

El programa, en una primera etapa durará un año. La fiscalización de las cooperativas es monitoreada por los intendentes, personal de Desarrollo Social, donde se encuentra gente que dirige Pérsico, y los 200 Centros Integradores Comunitarios (CIC), que también dependen del ministerio.

Dichos grupos de trabajo, donde se concentran entre 50 y 70 personas por cooperativas, con un coordinador general, se ocupan de tareas como limpieza de calles, barrido, arreglo de plazas, cordones cuneta, poda de árboles, entre otras.

Los que reclaman cooperativas

La gran mayoría de los inscriptos son personas desocupadas que se encuentran en el FTV de Luis D’Elía, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) y el Movimiento Evita, de Pérsico. Además, son beneficiarios aquellos vecinos que están en agrupaciones que responden a las gestiones de los jefes comunales. Por lo menos así lo reflejan los dirigentes oficialistas consultados.

La disputa por la distribución de las cooperativas tiene como protagonista a organizaciones que no fueron tenidas en cuenta a la hora de entregar puestos de trabajo.

Son los casos del Partido Comunista Revolucionario, el Polo Obrero, el MST, el MTL y Barrios de Pie. Estas dos últimas agrupaciones forman parte del Partido Nuevo Encuentro, y reclaman cooperativas. También se disputan lugares el frente Darío Santillán y el Movimiento Territorial de Desocupados (MTD).

Por el momento, el oficialismo todavía no pudo controlar a estos grupos e incluirlos en el programa que se lanzó el 14 de agosto, pero el kirchnerismo sabe que estos sectores pueden generar severos conflictos sociales en los municipios. Ante esto, fue la propia ministra Alicia Kirchner quien solicitó un mejor manejo de las cooperativas para que el plan no quede manchado por la discrecionalidad de los contratos. El Gobierno busca negociar, mientras que los grupos sociales siguen presionando.

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