Lo dispuso la Jueza de Garantías que interviene en el caso

Dieron lugar a la elevación a juicio de una causa por varias estafas que involucran a la ex responsable de la Oficina Municipal del Instituto de Previsión Social
Durante el pasado mes de agosto, desde la comuna se radicó una denuncia en sede judicial por presuntas irregularidades con trámites que se realizaban en la Oficina Municipal del IPS. Por aquel entonces la encargada de dicha oficina era una mujer llamada Adriana Peralta, quien fue suspendida. La causa avanzó y, tras la instrucción realizada por un fiscal, días pasados fue elevada a juicio. A la mujer le imputan estafas cometidas con las tarjetas de beneficiarios fallecidos, las mismas con las que habría solicitado también varios préstamos. La suma total de lo extraído de esas cuentas en un banco a través del cajero automático es superior a los 6.600 pesos.

Adriana Peralta, la mujer involucrada en esta causa.

Una Jueza de Garantías que interviene en una causa por presuntas irregularidades en trámites realizados en la Oficina Municipal perteneciente al Instituto de Previsión Social de la Provincia hizo lugar al pedido formulado por el fiscal a cargo de la instrucción del caso para que el sumario penal sea elevado a juicio, informaron fuentes judiciales.

El caso involucra a la ex titular de esa oficina, una mujer llamada Adriana Elizabeth Peralta , que tiene 28 años de edad y figura como acusada de los delitos retardo de un acto en la condición de funcionario público en concurso ideal con defraudación a la administración pública (cuatro hechos) y con el delito de estafa (cuatro hechos), y estafa (un hecho), todos en concurso real.

La medida data del pasado día 5 del corriente mes y podría ser apelada por la abogada que está representando a la imputada, algo que hasta el viernes pasado no había ocurrido de acuerdo a lo que voceros judiciales señalaron a este medio.

La mujer involucrada en estos hechos había sido suspendida preventivamente de su trabajo, ni bien desde la propia Municipalidad de Azul -una vez detectadas estas presuntas irregularides- se resolvió radicar una denuncia en sede judicial a principios del pasado mes de agosto.

En el caso había tomado intervención el fiscal Luis Palomares. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 9 del Departamento Judicial Azul, tras la realización de una investigación decidió días atrás cerrar la instrucción del sumario y solicitar la elevación a juicio de la causa a la que ahora en primera instancia dio lugar la jueza Dora Fernandes Seixo, titular del Juzgado de Garantías número 2.

Adriana Peralta había llegado a la conducción de la oficina municipal del Instituto de Previsión Social en diciembre del año 2007, después de que en los años anteriores trabajara como prosecretaria en el Concejo Deliberante, cuando Luis Conti era el presidente del cuerpo.

Los hechos

De acuerdo a lo investigado, para la Jueza de Garantías en la causa surge que entre los meses de enero y abril de este año cuatro personas concurrieron a la oficina que estaba a cargo de Peralta para iniciar trámites de pensión y subsidio de fallecimientos de sus respectivos familiares.

También que en todas esas oportunidades la imputada les pidió la documentación supuestamente necesaria para comenzar con dichos trámites entre la que figuraron las tarjetas que utilizaban para el cobro de sus haberes las personas fallecidas, además de las claves personales de las mismas.

Al describir los hechos, la titular del Juzgado de Garantías número 2 aclara en un tramo de lo dispuesto que según las instrucciones que se imparten desde la sede central del IPS “no debe solicitarse la tarjeta de haberes ni la clave personal” , algo que en su momento quedó ratificado también por quien antes de Peralta era la responsable de dicha oficina, la actual concejal del Frente para la Victoria, Margarita Cardoso.

El retraso que se originaba desde la Oficina Municipal de Previsión Social en informar en La Plata el fallecimiento de los beneficiarios, con lo cual se demoraban los trámites (que en general nunca tardaban tanto como se descubrió en el marco de este caso) para dar cuenta de esas muertes, provocaban que desde el IPS -sin saberse que esos beneficiarios ya no existían- se continuara depositando el dinero en carácter de pago de jubilaciones en las respectivas cuentas de los fallecidos.

Y ese dinero fue retirado por cajero automático entre los meses de marzo y abril de este año, siendo la suma total superior a los 6.600 pesos, según se determinó en la investigación.

Las personas que en su momento, previo a que esto ocurriera, les entregaron las tarjetas de cobro con sus respectivos números de clave personales a Peralta supuestamente para que esta mujer las diera de baja atento a los fallecimientos de los beneficiarios, han declarado que les fueron devueltas por la imputada con posterioridad a registradas las ya mencionadas extracciones.

Hay que recordar que la ahora acusada de estos delitos era la única encargada de la Oficina Municipal de Previsión Social, de ahí que las sospechas recaigan sobre ella como la responsable de estas extracciones de dinero.

Otros aspectos que perjudican a la ex empleada dan cuenta de que para iniciar los trámites de pensión y subsidios por fallecimiento la baja de las tarjetas debe efectuarse a través de formularios correspondientes y no por intermedio de la tarjeta misma, tal como al parecer Peralta les decía a los familiares de los beneficiarios cuando se las pedía junto con la clave personal.

Por esta situación es que también se le imputa a la mujer el delito de estafa , puesto que mediante “engaño” y valiéndose de la función pública que desempeñaba “logró que las denunciantes confiaran en ella con la mentida excusa de necesitar las tarjetas de haberes y sus claves personales para poder iniciar los trámites y dar de baja la tarjeta, provocando un perjuicio patrimonial en las víctimas al no haberles iniciado la imputada los trámites de pensión y subsidios por fallecimiento, obteniendo un beneficio ilegítimo al cobrar los haberes por jubilaciones de las personas ya fallecidas que se continuaron acreditando”.

Varios préstamos

En la investigación, ha quedado demostrado también que con las tarjetas de los damnificados, desde mediados de febrero hasta casi finales de abril, Peralta solicitó varios préstamos personales por sumas que no superaban en cada uno de esos pedidos los mil pesos, fondos que fue extrayendo a medida que iban siendo transferidos a las cuentas bancarias de las cuales ellas tenía las respectivas tarjetas que los familiares de beneficiarios fallecidos les habían entregado.

“Aparentemente, el uso indebido de las tarjetas era en provecho propio” , había dicho ni bien se conoció la existencia del caso el titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Azul, el Dr. Adrián Peiretti.

Mientras la Oficina Municipal del Instituto de Previsión Social continúa abierta, pero ahora está siendo atendida por una empleada que antes estaba en Recursos Humanos, en sede judicial se conoció la novedad de la elevación a juicio del expediente que tiene a la presunta responsable de esta maniobra delictiva todavía suspendida de sus funciones.

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