Disponen que el Censo Nacional sea el 27 de octubre y ya hay objeciones

Será feriado y estará a cargo del INDEC. Algunos académicos sostienen que no están dadas hoy las condiciones para que ese instituto cumpla el objetivo. Se indagará sobre el tipo de vivienda, el uso de Internet y celulares, entre otros temas.
A pesar de que miembros del Consejo Académico Universitario que monitorea el INDEC pidieron que fuera postergado, ayer el Gobierno, a través del decreto N° 67, confirmó que el Instituto oficial realizará el 27 de octubre de este año el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda.

El decreto dispuso que ese día sea feriado nacional y que el INDEC cuente con "una estructura transitoria de recursos humanos y materiales en calidad y cantidad" para asegurar las tareas, y que el Jefe de Gabinete está autorizado a modificar el Presupuesto para ejecutar el Censo. También se decidió crear el Consejo Superior del Censo, presidido por el Ministro de Economía y por otros funcionarios con rango de secretario que actuarán en representación de la Jefatura de Gabinete y los ministerios del Poder Ejecutivo.

La Dirección del INDEC integrará el Consejo Superior en carácter de Secretaría Ejecutiva, que deberá constituir un Comité Operativo del Censo integrado por representantes de distintas jurisdicciones de la administración nacional. El Indec tendrá a su cargo el diseño metodológico, la planificación, organización, implementación, supervisión y evaluación de todas las etapas del operativo.

En los fundamentos, el decreto -lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y los ministros del Interior, Florencio Randazzo; y de Economía, Amado Boudou- señala que "la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas contempla el año 2010 como fecha de realización de los censos de población, hogares y viviendas, a fin de garantizar la comparabilidad internacional de los datos generados". Y que el INDEC realizó las tareas preparatorias pre-censales para garantizar el éxito del operativo. Esos censos se realizan cada 10 años. El Censo anterior, realizado en 2001, arrojó que había 36.260.130 habitantes y el de 1991, 32.615.528.

Se estima que participarán del operativo 500 mil censistas -se convocará a docentes y empleados públicos- y habrá preguntas sobre las características habitacionales y el tipo de vivienda, disponibilidad de baño, agua potable, computadora, línea fija de teléfono o celular, sobre los niveles educativos de los integrantes del hogar, conocimientos informáticos, y se relevará a poblaciones aborígenes y a grupos afrodescendientes.

Como tareas pre-censales, en noviembre el INDEC hizo un censo experimental en el partido de Chivilcoy y en la localidad de Tolhuin. Chivilcoy es un partido de la provincia de Buenos Aires con 60.762 habitantes, según el Censo 2001. Y Tolhuin es una localidad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya población es de 1.201 habitantes, también según el Censo 2001.

Justamente ésta es una de las críticas que hicieron el mes pasado miembros del Consejo Asesor Universitario. Los académicos sostienen que esas muestras censales son muy pequeñas, no corresponden a las estructuras de las grandes ciudades urbanas y que aún se desconocen sus conclusiones.

También sostienen que el INDEC no les envió la información requerida para evaluar si el Instituto estaba en condiciones de llevar adelante una tarea de esa magnitud. De ahí que, por la importancia del Censo y los recursos humanos y dinero involucrados, plantearon la conveniencia de postergarlo un año y que salga de la órbita del INDEC, "un organismo con escasa o nula credibilidad".

Otros académicos sostuvieron que el éxito de un Censo depende de la colaboración de la población y de la confianza de los censistas en las tareas. Y que por el descrédito del INDEC, el objetivo puede quedar dañado o distorsionado. Adrián Ramos, profesor de Ciencias Económicas de la UBA e integrante del Consejo Universitario le dijo a Clarín que, en una reunión con el ministro Amado Boudou, le plantearon "la preocupación por el escaso avance de las tareas precensales y le sugirieron la conveniencia de prorrogarlo". A juzgar por la firma del decreto, nuestra opinión no fue tenida en cuenta, dijo Ramos.

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