Se dispone una nueva modalidad para la elección del defensor del pueblo

El gobernador Hermes Binner determinó que todos los aspirantes a ocupar el lugar que hoy permanece vacante, serán presentados a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. La modalidad posibilita que participen ciudadanos y organismos no gubernamentales para garantizar la transparencia del proceso.
En la mañana de ayer, desde el Gobierno de la provincia de Santa Fe, se informó que el gobernador Hermes Binner reglamentó el procedimiento que de ahora en más deberá seguir el Poder Ejecutivo para el nombramiento del Defensor del Pueblo, incorporando la participación de la sociedad civil para dotar de mayor transparencia al proceso.

Según lo estipula la Ley Nº 10.396, los postulantes para ocupar el cargo deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo al Legislativo. No obstante, por disposición del decreto Nº 3.053, rubricado por el primer mandatario provincial, se incorporarán nuevos parámetros al procedimiento, para "asegurar que se brinde adecuada publicidad" a las postulaciones y para "contemplar la participación de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales con interés en el tema en el proceso de selección, pudiendo éstas exponer sus razones, puntos de vista y objeciones a los nombramientos propuestos", según lo indica la norma.

De este modo, la nueva disposición brinda la posibilidad de que "sean tenidos en cuenta los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad de los propuestos" para "la mejor selección de los candidatos", de tal manera que "su designación contribuya en modo cierto a su independencia, procurando con ello el fortalecimiento del sistema republicano y el incremento de la calidad institucional".

Al respecto Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el SI, comunicó esta mañana que el nuevo mecanismo "lo hemos conversado en su momento en la conducción del Frente" teniendo en cuenta "que mejoraría la calidad de elección". En el mismo sentido indicó que "si bien se establece por ley que el gobernador establece el nombre, se traslada el mecanismo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pueden opinar todos y despartidizar de alguna manera la elección".

Vale remarcar que e tal fin, el decreto establece que "deberá publicarse en el Boletín Oficial de la provincia y en -por lo menos- dos diarios de circulación provincial durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que sean objeto de consideración para la cobertura de la vacante". Asimismo, "en simultáneo con tal publicación se establecerán otros mecanismos de difusión a través de recursos informáticos según se establezca a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", tal como lo sostiene la normativa.

Tras la publicación, "los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el plazo de 15 días hábiles administrativos a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos".

Gutiérrez no ahorró críticas a la gestión de Carlos Bermúdez, quien cesó en el cargo hace algunas semanas. Según dijo la legisladora, "habíamos señalado anteriormente la cantidad de nombramientos y la creación de una fundación” realizados en la órbita del organismo. Además detalló que "los empleados de la Defensoría recibían, y lo siguen haciendo, un sueldo especial por dictar cursos en el interior de la provincia".

En ese sentido recordó que "la Defensoría tiene como objetivo cuidar a los ciudadanos de los abusos de los Estados" pero, durante la anterior administración "comenzó a cumplir tareas que no le son propias, por ejemplo el museo virtual y cosas relacionadas con la cultura que no me parecen mal pero no son el ámbito".

"Hoy hay más de 200 empleados en la Defensoría y muchas veces pedíamos informes sobre la resolución de denuncias. Nos contestaron que era casi del 100 por ciento cuando sabemos que no es así porque son muchas las presentaciones que se reciben" agregó.

Para la integrante de la Cámara Baja provincial será tarea del nuevo designado "tomar la validez de todo esto porque realmente, algunas (irregularidades) las veníamos señalado desde hace tiempo". Asimismo opinó que llegó el momento de, "una vez por todas, delimitar cuáles son las competencias de la Defensoría y el mecanismo de elección de los integrantes". (Agencias)

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