Más dislates ideológicos del FCS: la UNCA apoyó la Ley de Medios K

La verdad que el FCS debería resetear el disco donde guarda los enunciados de las convicciones que lo llevaron al poder, de modo de evitar el ridículo permanente. Ahora fue su cantera natural, la UNCA, la que dejó off side. Collantes dijo que "el objetivo final de esta Ley, es tener el control de la opinión, de la libertad de expresión, de los medios y los periodistas". Igual la UNCA la apoyó.

La UNCA, representada por su vice rectora, Elina Silvera de Buenader apoyó el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales propiciado por la Casa Rosada, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados; un contrasentido, si se considera que los legisladores de la misma fuerza política a la que responde la Universidad, el Frente Cívico Social, se negaron a votarlo argumentando que "el objetivo final de esta Ley, es tener el control de la opinión, de la libertad de expresión, de los medios y los periodistas".

Según reza el texto de un documento emitido ayer, titulado "Carta a los Legisladores Nacionales: Una deuda pendiente desde la dictadura", firmado de puño y letra por Elina Buenader en representación de la UNCA, el proyecto al cual criticó Genaro Collantes, vocero oficioso del ideario brizuelista, fue enriquecido por "más de quince mil opiniones fueron recogidas en veinticuatro foros y ochenta conferencias. De esta participación surgieron modificaciones al anteproyecto inicial que enriquecieron el proyecto que hoy está en discusión".

El documento difundido ayer lleva la firma de representantes de otras 30 universidades e instituciones públicas de Educación Superior de todo el país y manifiesta que "no se puede seguir demorando la resolución de una deuda que lastima a la democracia" y que los legisladores "tienen el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado".

"Los rectores de las universidades e instituciones públicas de Educación Superior, que suscribimos este documento, sentimos la necesidad de manifestar nuestro aporte y pensamiento respecto a la Ley de Medios Audiovisuales que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional", destaca el texto.

El documento sostiene que todos los legisladores, respondiendo a quienes representan, "tienen el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado".

En ese sentido añade que "lo que no se puede hacer, es seguir demorando la resolución de una deuda que lleva décadas de espera y que lastima a la democracia que estamos dispuestos a defender sin claudicaciones".

Entre los argumentos sostiene que desde 1983 las universidades nacionales e instituciones públicas de educación superior están convencidas que la Ley de Radiodifusión 22.285 "debe ser sustituida".

"Ningún argentino puede desconocer que la misma fue promulgada por Jorge Rafael Videla, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, como fruto de la peor dictadura que azotó a nuestra Nación", agrega el documento.

Las autoridades universitarias sostienen que "la plena libertad para expresar y difundir las ideas es un principio que se defiende inexcusablemente en las universidades e instituciones públicas de educación superior".

No obstante consideran que "este precepto no será realidad hasta que todos los argentinos tengamos las mismas posibilidades de acceder a los medios de comunicación masiva", que para eso "hace falta una ley de la democracia".

En otro de los párrafos del texto sostienen que las universidades nacionales confluyeron y acordaron los 21 puntos de la iniciativa por una Ley de Radiodifusión de la Democracia, el principal sustento del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación.

En el documento de las universidades se agrega que en la confección del actual proyecto que se debate en el Congreso Nacional "se tomó nota de las críticas y los aportes de los ciudadanos, las cooperativas, los grupos de género, los pueblos originarios, las organizaciones no gubernamentales, los dirigentes de distintas extracciones políticas, del mundo del trabajo y las empresas". Lo mismo que de "los credos religiosos, las asociaciones civiles sin fines de lucro y los profesionales y estudiantes del área de la comunicación social".

"Más de quince mil opiniones fueron recogidas en veinticuatro foros y ochenta conferencias. De esta participación surgieron modificaciones al anteproyecto inicial que enriquecieron el proyecto que hoy está en discusión", añade el texto.

"Las discusiones que en nuestros espacios llevaron veintiséis años sirvieron para enriquecer un debate que es legítimo, como lo es el mandato de quienes deben darlo. ¿Cómo no pedir entonces a nuestros legisladores y legisladoras que se aboquen con toda dedicación y empeño a resolver, por fin, esta vieja deuda con la democracia argentina"?

Con esos argumentos reiteran que "los legisladores y legisladoras, respondiendo a quienes representan, tienen el derecho y el deber de revisar y corregir el proyecto presentado. Lo que no se puede hacer, es seguir demorando la resolución de una deuda que lleva décadas de espera y que lastima a la democracia que estamos dispuestos a defender sin claudicaciones".

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