Disienten con honorarios

Legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical expresaron su preocupación por la regulación de los honorarios de profesionales que demandan contra el Estado provincial y municipal, al tiempo que recordaron que se encuentra vigente en el ámbito provincial la Ley 1687 de Aranceles de Abogados y que en su articulo 4º pondera la tarea, calidad, eficacia y extensión del trabajo del profesional.
Advirtieron que muchos de los casos en cuestión fijan "honorarios exorbitantes que nada tienen que ver con el criterio expresado en la aplicación de la Ley 1687".

Desde el radicalismo se está presentando un proyecto de ley de modificación a la mencionada normativa "para lograr beneficiar la libertad, la igualdad y el bien común de la sociedad, como también la legalidad y la transparencia en la actividad administrativa para evitar los abusos y desaprensiones tanto de los funcionarios de los poderes, como de los acreedores y/o apoderados que litigan contra el Estado, vehemente poco interesados de las reales necesidades del pueblo y de la comunidad en su conjunto".

El proyecto apunta a la incorporación de un articulo 4 bis a la Ley 1687, en el que se especifique que al momento de la regulación de los honorarios contra el Estado, el Poder Judicial deberá resguardar que el mismo no afecte la libertad, la igualdad y el bien común de la sociedad.

REUNION CON EL FISCAL GENERAL

El presidente de la bancada radical, Alberto Bernis, junto al diputado Mario Pizarro y el titular del Comité Provincia de Jujuy y secretario General de Gobierno del municipio capitalino, Raúl García Goyena, se reunieron ayer con el fiscal General del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ricardo Ficoseco, oportunidad en la cual plantearon su preocupación por la afectación de recursos públicos por embargos preventivos.

Diputados embisten

contra los recargos

Miembros de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja hicieron llegar a la presidenta de ese Cuerpo, Rosana Andrea Bertone, una nota en la que le solicitan convoque con carácter urgente una reunión plenaria para mañana a los fines de debatir sobre los recargos al servicio de gas, advirtiendo que en caso de no ser llamados se autoconvocarán.

Los diputados Miguel Giubergia (UCR - Jujuy), Carlos Urlich (UCR Chaco), vicepresidente 1º de la comisión Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), Griselda Barlata (Coalición Cívica), Fernando Sanchez (Coalición Cívica), César Albrisi (Frejuli), Raúl Paroli (Frente Cívico de Catamarca), Zulema Daher (Unión Peronista), Enrique Thomas (Unión Peronista), Claudio Lozano (Proyecto Sur), Omar De Marchi (Partido Demócrata de Mendoza Inter bloque Pro), Silvia Lemos (UCR Mendoza), Daniel Kronenerger (UCR La Pampa), María E. Martin (Partido Socialista) y Francisco Delich (Partido Nuevo) firmantes de la nota- sostienen que "ante los públicos reclamos por el abusivo "tarifazo" que alcanzan hasta el 400% en electricidad y gas para los usuarios residenciales, resulta imprescindible que esta comisión parlamentaria ponga límites a los excesos de la Secretaria de Energía que ha llevado a que los usuarios hoy tengan que optar entre comer o pagar sus facturas de luz y gas".

Manifiestan que "desde comienzo del presente período parlamentario no se ha llevado a cabo ninguna reunión para tratar los diferentes proyectos que se encuentran a consideración de la misma y que resulta imprescindible su estudio y tratamiento para tratar de resolver la profunda crisis energética que afecta a nuestra República".

Además, hacen notar que "la única reunión a la que hemos sido convocados con el Secretario de Energía y que se realizara en forma conjunta con otras comisiones fue de carácter informativo".

Señalan, también que "desde comienzo del presente periodo parlamentario no se llevó a cabo ninguna reunión para tratar los diferentes proyectos que se encuentran a consideración de la misma y que resulta imprescindible su estudio y tratamiento para tratar de resolver la crisis energética que perjudica a los argentinos".

Embargos preventivos alertan a municipales

Recientemente se conoció la noticia de una serie de embargos preventivos interpuestos por la justicia a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que inmediatamente suscitó preocupación entre los empleados municipales ya que esto perjudicaría tanto el pago de los haberes como el equipamiento y la compra de elementos básicos para el funcionamiento de las diferentes áreas.

El secretario general de gobierno municipal, Raúl García Goyena, detalló que se trata de dos embargos. Del primero tomaron conocimiento el pasado viernes y se trata de una medida preventiva por un millón de pesos en concepto de honorarios por un peritaje realizado en el marco de un juicio contra el municipio. El segundo, conocido el lunes, se trata de un embargo por 5 millones de pesos correspondiente a una causa judicial del municipio con una empresa de transporte urbano.

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) se hizo sentir la preocupación de los empleados municipales, ya que en principio no percibieron el adicional de 30 pesos que debían cobrar días pasados, además la medida judicial, al congelar los fondos municipales, impide la compra de equipamientos, combustible e insumos y se teme que también obstaculice el pago de los sueldos.

Al respecto el secretario general del nucleamiento sindical, Juan Carlos Bejarano, manifestó que tienen previsto para hoy a primera hora de la mañana realizar una concentración de los trabajadores para solicitar una reunión con el Intendente, en la que esperan poder interiorizarse en detalle de la situación. A continuación los empleados municipales se dirigirán al edificio de Tribunales, con el fin de solicitar al Superior Tribunal de Justicia que se garantice el pago de haberes a los trabajadores.

Por su parte, García Goyena detalló que el municipio realizó todas las presentaciones judiciales solicitadas y continuará en el mismo camino, con la esperanza de solucionar la situación en breve. "Los embargos provocan inmovilidad en la ciudad, lo cual nos perjudica a todos", reflexionó.

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