Hay disgusto rural por la idea de estatizar granos

Hay disgusto rural por la idea de estatizar granos
Los productores temen que si se aplica semejante medida, habría "más conflictividad social" que la generada por la discusión de retenciones.
Altos representantes rurales no ocultaron ayer su disgusto por una polémica medida que puede cambiar los destinos de la soja.

Según versiones periodísticas, el Gobierno tendría listo un borrador para nacionalizar la comercialización al exterior de granos. La idea es poner en práctica este nuevo plan para que los productores vendan entre 5 y 9 millones de toneladas de soja que aún conservan retenida en los campos.

De este modo, habría un único comprador y vendedor de granos, harinas y aceites que se encargaría de abastecer la demanda doméstica y comercializar al extranjero los saldos exportables, cuya función recaería en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que conduce Emilio Eyras.

La posible estatización del comercio de granos, en caso de prosperar como iniciativa oficial, tendría "efectos más devastadores" que la resolución 125 (sobre retenciones) y colocaría al país en un escenario de "mayor conflictividad social" que la que se produjo entonces, alertó ayer la Sociedad Rural Argentina.

Los principales referentes de la cadena comercial del sector no descartan que se suspenda el encuentro previsto para el martes entre la Mesa de Enlace y el Gobierno, si se confirmaran los rumores.

"No sé si hay martes", puso en duda el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, respecto del encuentro programado entre la Mesa de Enlace y la ministra de la Producción, Débora Giorgi.

Según los principales diarios argentinos, el Gobierno analizaba por estas horas transformar la ONCCA en una suerte de Junta Nacional de Granos, el organismo que intervenía en el comercio de granos y que fue liquidado por Domingo Cavallo en 1992.

Con la estatización de granos, el Gobierno evitaría que los productores sigan reteniendo en el campo gran cantidad de soja, algo que demora las exportaciones y afecta las cuentas del Estado por dos vías.

Una, porque si no exportan, no ingresan divisas y esto recalienta el dólar. La segunda, porque un Fisco cada vez más necesitado de dinero no recauda las retenciones.

Considerado por ruralistas como un plan de monopolización, este proyecto de estatización podría aplicarse por decreto y alcanzaría a la estructura portuaria, sin descartar que se pueda extender a las carnes.

Fuentes del campo, que no creen que la presidenta Cristina Kirchner se arriesgue a un nuevo estallido rural como el que siguió a la resolución 125, creen que el Gobierno sólo trata de presionar a los productores para que vendan el saldo de la última cosecha que todavía guardan en silos. Para el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ese volumen alcanza los 9 millones de toneladas. Pero para el agro es algo menor, de entre 5 y 7 millones de toneladas.

Los ruralistas admiten que en el encuentro del martes pasado entre el Gobierno y el campo, los funcionarios del Ejecutivo ya mencionaros una eventual "nacionalización del comercio de granos". Desde el campo sospechan también que esta medida es para presionar a los ruralistas para que devuelvan plata que les quedó a su favor por una "mala liquidación de retenciones".

"Si sale el decreto los productores van a a salir a quejarse a las rutas", advirtió el jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Sociedad Rural, Ernesto Ambrosetti.

Comentá la nota