Aún discuten sobre una orden cautelar

En diciembre, el Gobierno recurrió una decisión del juez Novillo.
Más allá de las conversaciones en marcha entre los dos colegios de abogados de la provincia y el el vicegobernador, Juan Manzur, con el fin de buscar una salida al problema de las vacantes en Tribunales, también siguen adelante las causas judiciales por las cuales fue cuestionada en su constitucionalidad la Ley 8.136.

La ley posibilitaba que los poderes políticos (el Ejecutivo y la Legislatura) designaran discrecionalmente jueces subrogantes sin un mecanismo que permitiera sopesar la idoneidad de los postulantes a cubrir los cargos. No obstante, el 21 de diciembre de 2008, Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en tres expedientes, dispuso cautelarmente la suspensión del mecanismo que preveía la norma.

Si los letrados y Francisco Sassi Colombres, representante de Manzur, arribaran a algún acuerdo, este debería incluir, eventualmente, la derogación de la Ley 8.136. No obstante, mientras eso no suceda, las causas judiciales continúan su curso en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Hora de contestar

Durante los últimos días de diciembre, en el expediente promovido por el Colegio de Abogados del Sur, la Fiscalía de Estado (en representación del Estado provincial) había solicitado que se declarara la nulidad de la medida cautelar dictada por Novillo. De este planteo, se le ha corrido ahora traslado -para que conteste- a la entidad profesional de Concepción, cuyo presidente, Alejandro Molinuevo, participa de las conversaciones con Sassi Colombres. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Estado debe contestar la demanda que entablaron los letrados del sur y que dio origen a la orden cautelar.

Asimismo, en la causa impulsada por los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña, a estos se les corrió traslado del recurso de revocatoria que la Fiscalía de Estado dedujo contra la medida cautelar que, en este caso, también dispuso Novillo.

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