Discuten sobre los loteos sociales.

Durante la última reunión del Consejo Social de Tierras, la secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente, Fabiela Orlandi, analizó la situación que se plantea en Bariloche en el acceso a la tierra y advirtió sobre la existencia de distintas cooperativas que piden la urbanización de un mismo predio. También señaló que la tierra que se ofrece a estos grupos está sobrevaluada y no es apta para vivienda social. Durante la discusión participaron representantes de las cooperativas Quimey Ruca y Rucas del Sur.
Durante la última reunión de Consejo Social de Tierra que se realizó el jueves por la tarde, la secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente Fabiela Orlandi, advirtió sobre la existencia de distintas cooperativas que piden la urbanización de un mismo predio y la sobrevaluación de la tierra que se ofrece a los grupos cooperativos.

En este sentido, la funcionaria aseguró que el gobierno municipal acompaña los proyectos de vivienda pero señaló que no va a aprobar loteos que no estén en regla o que no puedan habitarse debido a las condiciones del lugar. La secretaria hizo hincapié en que las cooperativas no pueden ofrecer lotes a la venta "hasta que el lote no existe como tal" y para esto los grupos tienen que asesorarse en la municipalidad para saber qué pasos tienen que dar para que se apruebe un loteo de manera legal.

Orlandi advirtió además que las tierras que se les ofrecen a más bajo precio a los grupos que quieren promover este tipo de proyectos son tierras "que no tienen aptitud para ser habitadas con loteos sociales". "O son tierras que están vedadas por carta orgánica por los 300 metros de la circunvalación o que presentan fragilidad ambiental o que están lejos de la infraestructura de servicios", comentó.

Además, informó que se dan casos en los que distintos grupos buscan que se les apruebe un loteo en un mismo predio. En este sentido, la secretaria aconsejó que sea el titular del dominio quien realice la presentación con una "opción de compra" acompañado por la cooperativa porque esto permite obtener respuestas oficiales sobre la viabilidad de un loteo.

"Esto evitaría que haya dos operaciones paralelas sobre un mismo predio y no habría dos cooperativas desgastando tiempo y expectativas de la gente", señaló.

Finalmente, expresó que la voluntad del municipio es acompañar los proyectos de vivienda pero resaltó que "es muy difícil cuando les ofrecen algo para llevar adelante un emprendimiento que no lo vamos a poder aprobar porque la única manera de hacerlo es poniendo a la gente que compra en zonas de fragilidad para que después tengan problemas en el lugar".

Las cooperativas se defendieron.

El Consejo Social de Tierras recibió la visita de representantes de Rucas del Sur y Quimey Ruca, cooperativas que fueron cuestionadas por vender lotes sin tener aprobados los loteos y, en algunos casos, sin contar con la propiedad de la tierra. Los señores Juan Logaj y Alberto Fernández se presentaron para explicar su accionar que excusaron en la "ausencia del Estado" y la "necesidad urgente de la gente".

"Lo que la denuncia deja a la luz no es el problema en sí sino qué es lo que nos llevó a nosotros a formar una cooperativa de viviendas para intentar resolver un problema que es bastante acuciante y significa más o menos 30 años de ausencia de un Estado", argumentó Alberto Fernández quien ocupó gran parte de su alocución con reflexiones sobre la política y un Estado "genuflexo" que "no apoya a quienes buscan una solución". "Nos acusan públicamente pero nosotros no recibimos un centavo de nadie y a nadie le pedimos un centavo. Yo vengo con la nobleza que me ha caracterizado permanentemente todos estos años en mis actuaciones políticas y sociales; quiero hacer esto por la vía correcta", aseguró.

Por su parte, Juan Logaj, afirmó que la cooperativa comenzó a realizar los trámites que le solicitó la Subsecretaría de Gestión Urbana para regularizar el proyecto y resaltó que su grupo amparó a ocupantes de otras zonas de la ciudad. Aseguró también que Rucas del Sur no ofrece nada ni pide plata "sin tener la conformidad de los socios y sin saber que se nos va a vender la tierra" y señaló que además de su puesto como empleado municipal dentro de la delegación Pampa de Huenuleo, su trabajo es "esencialmente social".

Como informó el Digital la semana anterior, cada cooperativa tiene hasta el momento un solo proyecto aprobado por el Estado municipal. Uno corresponde a poco más de 100 lotes de la cooperativa Rucas del Sur y está ubicado en la zona conocida como las canchas de Lera, en 9 de Julio al fondo. El otro, es de la cooperativa Quimey Ruca y es un loteo de unos 180 lotes ubicado cerca de la Estación Transformadora La Paloma, en Circunvalación y Esandi.

El Consejo Social advierte

Durante la reunión que tuvo algunos momentos de tensión, el Consejo advirtió a los cooperativistas que deben respetar el marco de legalidad que indica que no pueden vender lotes sin la aprobación del loteo por parte de la municipalidad.

Bibiana Alonso, representante de la Fundación Gente Nueva integrante del Consejo Social de la Tierra señaló que es necesario que no se induzca a la población que está en estado de necesidad a cometer errores por desesperación.

"Ustedes no se deben enojar y deben escuchar a los que están diciendo que tienen que tener los trámites en orden porque si no las estafas se dan y ustedes van a ser estafados y, queriendo o no queriendo, van a estafar a sus asociados", señaló dirigiéndose a los representantes de los grupos presentes.

"Este consejo les pide que certifiquen el dominio de esos lotes -agregó- para que ustedes tengan la garantía y puedan garantizar que ese negocio se va a hacer". "Si ustedes no lo tienen no vendan garantías porque van a poner en peligro el dinero de la gente y la fe de la gente que está desesperada", concluyó.

Durante la reunión estuvieron presentes además de los representantes de las cooperativas y la secretaria de Planeamiento y Medio Ambiente, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, los concejales Alfredo Martín, Daniel Pardo y Darío Rodríguez Duch, el agrimensor responsable del Catastro Provincial Cristian Muller, el Defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, y miembros de organizaciones sociales que coincidieron en la gravedad de la situación planteada.

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