Se discuten plazos, tasas y límites al "cupón PBI"

Ni bien se anunció la puesta en marcha del canje, arrancó la febril ronda de consultas entre el Gobierno y los bancos que tienen el mandato para negociar con los holdouts. El equipo de Amado Boudous pide que incluyan en la oferta alguna cláusula especial para atraer a los pequeños bonistas.
Si bien el ministro de Economía se mostró optimista de llegar a captar la mitad de los bonos -US$ 10.000 millones, que son los que estarían en poder de grandes inversores-, lo cierto es que no están cerradas la negociaciones. Hay dos puntos clave que deber contemplar la oferta. Esto es, si se paga y cómo el cupón ligado al PBI por los años acumulados desde el 2005 a la fecha, y la tasa de interés de la nueva emisión de bonos. Se agrega ahora, la inclusión de un título de manera que los minoristas tengan una opción que los exima de la obligación de poner dinero fresco como condición para entrar al canje.

El Gobierno entregará un bono Discount emitido en el 2005 que incluye, al igual que aquella vez, la zanahoria del "cupón PBI", que paga cada vez que el PBI crece en un año más del 3,2%. Pero para que la quita resulte más alta de los cerca de 66% que se aplicó a los bonos en 2005, el Gobierno les entregará a los holdouts un bono por los intereses ya pagados en estos últimos 4 años, y no dinero cash.

Está en discusión el plazo del bono que se entregará por el aporte en efectivo que realicen los bonistas. En los bancos se habla de un papel a 7 años. El Gobierno no quiere pagar más del 9%.

En tanto, desde el Gobierno avanzan confiados, envalentonados por el reciente fallo del la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que acotó drásticamente el margen de acción de los que litigan en los tribunales de Nueva York, luego de que se levantó el embargo de los US$ 200 millones en fondos que eran de las AFJP.

Es un antecedente clave para otros casos y embargos vigentes, como los US$ 100 millones trabados de fondos del Banco Central que tiene depositados en EE. UU.

Además, se esperan llegar a una solución que incluya un incentivo para tentar a bonistas chicos. El dilema es que no se puede discriminar entre inversores, por restricciones legales,

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